Fundamentalistas

A tenor de algunas discusiones –más bien enfrentamientos- que se vienen dando últimamente en los medios de comunicación y en las redes sociales, parecería que el fundamentalismo es una actitud exclusivamente religiosa, y por eso se usa y abusa del concepto como si sólo pudiera referirse a las dos primeras acepciones que recoge la Real Academia Española, que conciernen a los movimientos integristas islámicos y cristianos que andan campando a  sus anchas por este turbulento mundo actual. Sin embargo, fundamentalismo es toda exigencia de sometimiento intransigente a una doctrina o práctica establecida, y entonces el concepto se amplía a casi todas las esferas de nuestra vida personal, familiar, profesional y social.  Y resulta sorprendente que muchas personas que pontifican en contra de los fundamentalismos islamistas o cristianos no sean capaces de percibir que ellos mismos son fundamentalistas en muchos otros ámbitos.

 Los tiempos que corren, lejos de facilitar la flexibilidad de pensamiento, parecen habernos llevado a un punto tal de desorientación ética que inducen a gran parte de las masas a anclarse en ideologías tan fundamentalistas o más que las que pretenden combatir en nombre de la democracia o de cualquier otro valor pretendidamente superior. Curioso es que se pueda llegar a ser un fundamentalista democrático sin darse cuenta de que la democracia no ha demostrado en ningún momento de la historia reciente ser una doctrina absoluta e irrefutable, cuestión que da mucho jugo que exprimir intelectualmente. Quien se escandalice ante semejante observación debería reflexionar sobre el resultado de tratar de imponer la democracia en una multitud de países con resultados que han sido fascinantemente desastrosos, convirtiéndolos en polvorines sumamente inestables.

 En todo caso, la cuestión radica en  cómo los fundamentalismos brotan continuamente a nuestro alrededor en campos tan dispares como en el de las relaciones sociales o en el de las identidades culturales y nacionales. Y estas hirvientes y periódicas surgencias, por otra parte impredecibles, ponen en cuestión que el humano moderno tal vez tiene más necesidad de certezas que nunca, y eso, en un mundo incierto por definición, es causa de mucha inquietud y ansiedad. Ante la volubilidad de la vida moderna, muchas mentes, por lo demás tan inteligentes o tan idiotas como las de cualquier mortal, necesitan un punto de apoyo sólido en el que anclarse, y eso les conduce a una creciente falta de flexibilidad.

 Flexibilidad y tolerancia son parejas y van de la mano en cualquier diálogo o debate. El fundamentalista, aterrado ante el vacío que le proponen las múltiples interpretaciones de la práctica social o política, opta por aferrarse a la norma (creándola a su antojo si no existía previamente), para luego convertirse en un practicante de la literalidad de la ley ante la que no admite desviación alguna, por mínima o irrelevante que pueda parecer a otros ojos más sensatos. La práctica continuada de la literalidad, bien por convicción, bien por interés personal convenientemente disfrazado de doctrina, acaba provocando una parálisis y un estancamiento en muchos campos, por la imposibilidad manifiesta de modificar los escenarios en los que se desenvuelven el fundamentalista y sus colegas.

 Esta situación resulta muy obvia en la práctica política, sin que sus actores (que por lo demás suelen ser un prodigio de incoherencia personal) reconozcan que sus críticas a cualquier fundamentalismo religioso o político no son coherentes con sus interpretaciones  y actitudes internas frente a ideologías diferentes a la propia. En el caso de España, por ejemplo, hay muchos políticos –con su reata de seguidores- empeñados en convertir la Constitución de 1978 en una especie de Sharia inamovible sobre la que se fundamenta todo el espacio político nacional. Para evitar problemas, todos andan con que la legalidad constitucional no se toca, salvo que se efectúe una conveniente reforma constitucional, sabedores como son de que tales reformas son prácticamente inviables al requerir una mayoría de las cámaras tan cualificada que casi exigiría la unanimidad del arco político parta conseguirla. Es decir, es muy fácil invocar un milagro y confiar tranquilamente en que jamás se produzca, porque el dios de turno esté en ese momento ausente, que es como suele estar la mayor parte de la eternidad. En ese sentido, los fundamentalistas constitucionales se asemejan mucho a los instigadores de aquellas ordalías medievales en las que el reo debía demostrar su inocencia introduciendo su mano en agua hirviendo y no quemándose.

En el ámbito de la administración pública también es muy frecuente el funcionario fundamentalista, persona que normalmente encubre sus carencias intelectuales y profesionales bajo un manto de profundo conocimiento del formalismo legal, del que es incapaz de apartarse siquiera para ir al excusado, lo que le confiere una aura de incontrovertible firmeza y honestidad, cuando en realidad lo que pone de manifiesto es su enorme inseguridad, que le impide tener el más mínimo asomo de flexibilidad mental. Esa flexibilidad tan imprescindible, pues nos hace diferentes de una máquina y que es opuesta a la lógica conclusión - de ser ciertos los argumentos fundamentalistas - de que la administración pública podría ser sustituida en su totalidad por máquinas no pensantes que simplemente aplicaran los reglamentos a rajatabla, sin excepción posible. Se trata pues, de esos funcionarios tan peligrosos que se aferran a la norma y la obediencia debida para cometer las más increíbles aberraciones sin pestañear, porque la ley lo dice. Les encanta la literalidad, menos cuando otro la usa igualmente para señalarles que son (o se comportan como) unos autómatas imbéciles. Y luego, tomando un café critican abiertamente a los talibanes afganos sin ponderar que su actitud y la de sus referentes islamistas es ominosamente similar.

 De ese tipo de burócratas inamovibles e inquisidores puedo dar fe, porque trabajo junto a ellos, pero lo significativo de todo este asunto es que esos inflexibles muftíes a la occidental que proclaman sus fatwas en sus respectivos ámbitos de actuación (como por ejemplo nuestro presidente del gobierno, o de forma mucho más marcada la inefable vicepresidenta Soraya, que lo suyo sí que es de traca cuando se pone a pontificar sobre lo eterno e inamovible de nuestro ordenamiento constitucional) son incapaces de reconocer -y seguramente de hacer una autoapreciación reflexiva- de hasta qué punto están mucho más cerca de la rigidez gubernamental wahabista de Arabia Saudí que de lo que se supone que debería ser un genuino demócrata contemporáneo. Porque ese espécimen político (si es que no se ha extinguido todavía) debe ser ante todo un humanista con la suficiente agilidad neuronal como para entender que la diversidad (incluso la de pensamiento) es enriquecedora, y no algo a combatir, cuando no directamente a exterminar, que ya les gustaría muchos de los seguidores de nuestra derecha gobernante nacionalcatólica. Claro que la derecha tampoco tiene toda la culpa, porque el clima de fundamentalismo que vivimos con excesiva frecuencia en España no es privilegio de la derecha, ni mucho menos, aunque hay que reconocer que el PP se encuentra mucho más a gusto en el pantanoso terreno de la intolerancia que la mayoría de las formaciones de izquierda. Ni tampoco ese fundamentalismo es patrimonio de los habitantes de la meseta, porque por la periferia tenemos también unos cuantos personajes, supuestamente cultivados, que no pueden dejar de lado ninguno de sus prejuicios integristas desde que adoptaron el catecismo del revanchismo perpetuo frente a todo cuanto venga del centro peninsular y sus zonas de vasallaje inmediato.

 Así que criticar el fundamentalismo de los demás se ha convertido en una especie de carta de presentación de todo demócrata á la mode, incapaz de ver la viga en ojo propio, ni siquiera cuando relee los titulares de prensa que recogen sus hilarantes aberraciones e incoherencias. Y así nos va, porque esta gente –toda esta gente- ya ha llegado a un nivel tal de putrefacción discursiva que se pasan la vida criticando en los demás los mismos –exactamente los mismos- defectos que ellos poseen incluso en mayor grado que sus oponentes. Hasta que un buen día las encuestas electorales les dicen que tal vez se han pasado de rosca, y conviene una cierta recapitulación, como le acaba de suceder a la mejor propagandista del independentismo catalán, Alicia Sánchez, que con su feroz integrismo españolista convenientemente teñido de una supuesta catalanidad adoptiva (obviamente limitada a haber obtenido el nivel C de lengua catalana, lo cual  en cierto modo le honra, pero no certifica en absoluto que sienta lo más mínimo lo que significa ser catalán, del mismo modo que un blanco de Rhodesia – perdón, Zimbabwe- podrá hablar muy bien en shona pero generalmente no se identificará en lo más mínimo con sus coloreados compatriotas) ha conseguido espantar incluso a su electorado tradicional, que le ha dado la espalda. Claro que la solución de la dirección madrileña del PP, nombrando a García Albiol como sucesor, da mucho qué rumiar sobre qué tipo de inteligencia habita en los despachos de la calle Génova, que a lo que se ve han decidido que dará más rédito electoral arrearle al moro inmigrante que al catalán de pura cepa.

 Otro fundamentalismo, ese del palo al inmigrante al que todos explotamos con el mayor descaro, que no ha descubierto el PP de Badalona, ni tan siquiera el lepenista Frente Nacional francés, pero que demuestra que el integrismo no es concepto explícitamente religioso, y que antes que ése, ya existía el fundamentalismo más antiguo de todos: el xenoexcluyente.  Lo importante, lo realmente fascinante de todo este mejunje maloliente en que se ha convertido la política en el siglo XXI, es que el fundamentalista lo es de raíz, y cuando el objetivo de sus ataques acaba careciendo de sentido y le deja huérfano de intransigencia e intolerancia, de inmediato se encamina a alguna otra causa a la que aplicar la literalidad de un dogma destructivo y autoafirmativo. Los fundamentalistas lo son en su íntima esencia y necesitan justificarse continuamente. Por eso da lo mismo que el motivo sea religioso, político, social o deportivo (que eso también da para una tesis doctoral), porque lo importante es fastidiarle en grado sumo la vida a alguien por ser, parecer u opinar diferente a ellos. Porque lo dice la ley. Su ley inamovible.

Un suicidio anticipado: crecimiento sostenible

Hay quien opina, al hilo de lo que comentaba en mi anterior publicación, que el catastrofismo ecológico no constituye ningún incentivo real para combatir la espiral consumista en la que se encuentra sumido occidente desde hace décadas. El argumento principal que utilizan los optiecologistas para refutar el posible cataclismo futuro es doble. Por un lado, se arguye que los avances tecnológicos nos dan mucha potencia para ir avanzando tanto ecológica como agrolimentariamente. El argumento subordinado es que el problema no es la generación de riqueza, sino el desigual y desafortunado reparto que hay de ella en el mundo actual. Y la actitud optimista se resume en una frase que bien podría ser ejemplo de un oxímoron, esa figura retórica consistente en un contradicción en sus propios términos: el crecimiento sostenible.

Sin embargo, los defensores de ambas posiciones  parten de un principio totalmente falaz, que es el del un mundo estático. Como una especie de sucesión de fotos fijas en las que no se tienen en cuenta dos factores que se contraponen, de forma contundente, al avance tecnológico y a la redistribución de la riqueza. Porque ambos se sustentan sobre tesis que no tienen en cuenta algunas variables sumamente perturbadoras.

El primer factor limitante es el relativo a la tecnología. Los avances tecnológicos siempre implican un aumento del consumo energético, y una cada vez mayor dependencia de un suministro continuo, regular y creciente de energía para satisfacer los requerimientos de una sociedad ultratecnificada. Poca gente sabe que el consumo energético mundial se ha más que duplicado desde los años setenta, y que a este ritmo las necesidades energéticas globales se verán seriamente condicionadas por la inexistencia de fuentes alternativas lo suficientemente eficientes en unas pocas décadas. Es decir, que el acceso a la energía primaria se irá encareciendo, salvo que retornemos a una política ecológicamente sucia de uso de recursos nucleares, o se produzca un avance muy significativo en las energías renovables a nivel mundial, cosa que parece poco probable debido a que son tecnologías caras de producir y que también consumen recursos naturales de forma considerable. Esta es la clásica falacia de no considerar todos los costes del proceso. Por ejemplo, cuando se habla de vehículos con motor eléctrico, que es indudablemente más eficiente que uno de gasolina, pocos se preguntan de dónde sale la electricidad que se acumula en las baterías recargables del vehículo. Porque si procede de una central de carbón o de una que consume derivados del petróleo, la ratio de la eficiencia global del proceso, la contaminación y la reducción de recursos naturales puede ser muy desfavorable. Hay que contemplar todos los procesos de forma integral y luego echar cuentas.

Estos criterios reduccionistas suelen ser la base de muchas argumentaciones optimistas sobre el futuro de la energía en el mundo. Pero si vamos a lo global, la cuestión es que una sociedad ultratecnológica tiene siempre una dependencia creciente de las fuentes de energía aunque su crecimiento económico sea cero. No digamos ya si se pretende seguir incrementando el PIB de forma continuada. Y eso es así porque cuanto más tecnológica es una sociedad, más debe luchar contra un principio físico universal de la termodinámica, aparentemenete misterioso: la entropía. Eso que para legos se suele expresar como la tendencia de todo sistema a incrementar su desorganización de forma espontánea y natural. Cuanto más pretendemos alejarnos del punto de equilibrio básico y "desorganizado", más esfuerzo hemos de aplicar para mantener al sistema en funcionamiento, es decir, más energía hemos de consumir. Y eso no hay optimismo que lo rebata.

Así que con el panorama actual, para crecer necesitamos de un consumo fantástico de energía, pero la energía, considerando los recursos terrestres de los que disponemos, es finita, incluso si adoptamos de forma masiva la utilización de las llamadas energías renovables, sobre todo si la pretensión es que sus beneficios alcancen a la mayoría de la población mundial.

Lo cual nos lleva a una segunda cuestión cuyo enfoque es bastante pueril, relativa a la cacareada redistribución de la riqueza. Porque los análisis que dicen que la Tierra es capaz de sustentar a toda su población actual gracias a los avances en tecnología agroalimentaria parten de la consideración bastante ingenua de una foto fija, en la que somos capaces ciertamente de eliminar el hambre en el mundo, pero no de ir mucho más allá. Es decir, que resulta del todo punto imposible que los siete mil millones largos de humanos coman cada día paella de marisco. La presunta redistribución se fundamenta en que haya suficiente arroz para todos, pero para una inmensa mayoría seguirá siendo arroz blanco, y la minoría privilegiada podrá seguir comiendo su paella favorita. No podremos jamás conseguir que toda la población mundial viva según los estándares siquiera de la clase  media-baja occidental por mucha redistribución que le queramos poner al asunto.

Este concepto erróneo de la foto fija omite la cuestión fundamental de que para que toda la humanidad se alimente de forma equivalente a la occidental, ni hay recursos ni hay tecnología que valga. Sencillamente porque la superficie cultivable de la Tierra es finita, y la producción de esas proteínas animales que tanto nos deleitan consume una cantidad de recursos  estremecedora. Así que bistec para todos no será jamás posible por mucho  que al amable lector le quieran convencer de lo contrario. Sin embargo, el crecimiento sostenible debería augurar un futuro en el que toda la humanidad pudiese llevar modos de vida equivalentes, aquí y en Botswana. Y a eso no se atreve ni el más osado de los voceros del optimismo ecológico.

Si a eso añadimos el summum de la temeridad argumental optiecologista, basado en un concepto tan barato pero tan insensato como el del crecimiento sostenible, al que si además del agotamiento de los recursos energéticos -que puede producirse en unas décadas o en unos siglos, pero que se producirá salvo que la Tierra pase a ser una civilización de tipo II (*) - sumamos la ilusa pretensión de seguir creciendo económicamente por la vía del mayor consumo y por el incremento demográfico, la situación final puede ser claramente implosiva en un plazo insospechadamente corto.

Así que "crecimiento sostenible" es quizá la mayor engañifa política con que le han vendido al ciudadano occidental nada más que humo: es decir, seguir creciendo hasta que la cosa reviente, siempre que parezca que se adoptan medidas eficaces para que las políticas económicas y energéticas estén orientadas a salvar el planeta. Una actitud muy típica y cínicamente política, basado en el principio de que algo hay que cambiar para que nada cambie, secundada por la no menos cínica actitud de que se las apañe como pueda el que venga arreando detrás, aunque se trate de nuestros nietos y bisnietos. 

Es un ejercicio de autoengaño creer que podemos seguir avanzando por este camino sin una drástica reducción del consumo de recursos, fundamentada en una disminución importante de las tasas de natalidad mundiales, seguida por una ruptura de la cultura del consumo como motor de la economía. Todo lo demás es juego de trileros y palabrería de charlatanes. Todo lo demás es equivalente a un suicidio colectivo eufemísticamente denominado "crecimiento sostenible".

(*) En la denominada escala de Kardashov ése es el tipo de civilización que da el salto desde el nivel del consumo energético planetario al consumo energético global de su sol,  lo cual, visto el panorama actual, no parece más probable que el hecho de que provoquemos un colapso civilizatorio.

Grecia, la oportunidad perdida

Son muchos los que se cuestionan para qué ha servido el referéndum griego, vistos los resultados más bien contraproducentes que ha tenido sobre la sociedad helena desde la perspectiva de la negociación de la permanencia de Grecia en la eurozona. A mi modo de ver, y fuera de todo prejuicio ideológico –del que casi nadie se encuentra exento- ha servido para bastantes cosas. Muchas lecciones sobre el presente y el futuro del mundo occidental.

 En una aproximación histórica, el referéndum griego ha servido para demostrar que no aprendemos de otras situaciones anteriores con las que la ecuación actual presenta mucha similitud. Salvando las distancias pertinentes, la actuación de la UE ha sido un calco de la humillación impuesta al bando perdedor por el tratado de Versalles tras la finalización de la primera guerra mundial. Es decir, ha sido una venganza en toda regla no tanto contra el gobierno griego como contra la ciudadanía que osó votar “no” en la consulta. Dicho en llano castellano, si no querían caldo, pues les han dado dos tazones. Las humillaciones vengativas y las políticas de sometimiento o tierra quemada son muy peligrosas, porque aunque sirven de aviso y vuelta al ruedo a otros posibles díscolos, no menos cierto es que preparan el terreno para la germinación de un bonito bosque de odio y revanchismo.

 Si alguien piensa que los griegos no tienen la capacidad para vengarse del poderosísimo Eurogrupo, es que –igual que nuestros caudillos neoliberales- tampoco han aprendido nada de la historia del siglo XX, por poner un ejemplo cercano. La Alemania derrotada de la Gran Guerra era un guiñapo irreconocible, empobrecida hasta el extremo y con unas compensaciones de guerra a pagar tan monstruosas que lastraron su economía de un modo que ya quisieran para sí los griegos de hoy. Rodeada de potencias victoriosas que la tenían atada bien corto, no parecía que Alemania pudiese renacer en todo el siglo XX. Y sin embargo, quince años más tarde, un Hitler pletórico ascendía al poder (pan)germánico y pocos años después liaba la de dios es cristo en un teatro de operaciones que empequeñeció, y mucho, al de la anterior guerra global.

 Lo cual demuestra que planificar la historia futura, más que un error es una solemne  idiotez, y que andar haciendo “amigos” como hace Alemania actualmente resulta de lo más temerario. No está de más recordar que a la finalización de la segunda guerra mundial, hubo quien propuso (desde muy altas esferas) arrasar para siempre Alemania y dejarla reducida a un pueblo de agricultores y colonos, para evitar un nuevo conato imperialista en el futuro. Pero triunfó el más humanitario plan Marshall, que mira por donde, vino a ser como un rescate pero de magnitud infinitamente superior a los manejados actualmente. A cambio, Alemania quedaba desmilitarizada durante muchos años y bajo el control de las tres potencias occidentales ocupantes, que la convirtieron en el escudo protector frente a una posible agresión soviética.

 Así que, aunque especulativo, no es difícil imaginar un escenario futuro en el que Grecia –que indudablemente no olvidará lo sucedido durante generaciones- le haga el caldo gordo a algún enemigo potencial de la UE y consiga fastidiarnos a todos o ponernos en una tesitura francamente comprometida. La historia da muchas vueltas inesperadas, y casi nadie cae en la cuenta de que sembrar vientos siempre acaba cosechando un buen número de tempestades, indefectiblemente. Tal vez sea la siguiente generación, o la de nuestros nietos, pero que todo esto traerá consecuencias es tan verosímil como que la especie humana es así, terriblemente rencorosa y vengativa.

 Otra de las lecciones griegas que hemos aprendido estos días es que existe un notable divorcio entre lo que desean los ciudadanos y lo que exigen los mercados. Esta dicotomía, que puede parecer de perogrullo, también va a tener su trascendencia futura, porque lo que todos sabemos es que el Sistema se mantiene incólume hasta la fecha más por miedo que por convicción. Con ese panorama de fondo, la democracia condicionada a cuya implantación estamos asistiendo, sólo se sostendrá durante años mediante la coacción y el terrorismo institucional, para mayor regocijo de los grupos radicales de extrema derecha o de ultraizquierda, que tendrán el campo abonado para incrementar su clientela. Yo no sé qué pensarán los lectores, pero a mí me viene a la cabeza aquella frase de Brecht, relativa a que el vientre de la bestia aún es fecundo, lo que me lleva concluir que la actuación germana es parecida a una eyaculación en toda regla en lo más profundo del útero del autoritarismo. El alien que puede engendrar semejante cópula tendrá una esencia claramente antieuropea y disgregadora, y sus fluidos serán tan corrosivos que podrán licuar los cimientos de ese artificio que llamamos Europa (pretendidamente) Unida.

 Porque, no nos hagamos ilusiones, la UE futura será como la actual: un mercado puramente económico, puesto a rodar para competir con el coloso yanqui y con las potencias emergentes. Los ideales de solidaridad, comunión, cultura, igualdad y etcétera son muy decorativos pero totalmente inoperantes. De lo que se trata es de sacar la máxima tajada posible de un mercado de unos quinientos millones de personas y del correspondiente presupuesto comunitario, y punto. De ahí la ferocidad neoliberal de los nuevos integrantes de la Unión, desde Finlandia hasta Bulgaria, pasando por todos los de en medio, que hay que ver lo ultraoccidentales que se sienten repentinamente, cuando históricamente habían vivido de espaldas no ya al Mediterráneo, sino a todo lo que sonara a ribera atlántica, con o sin imperio soviético de por medio. Y esos son los defensores de la ortodoxia europeísta, dios nos libre.

 Por cierto, y esto es un apunte meramente hispano, no deja de ser irónico en extremo (o más bien desvergonzadamente cínico) que nuestras españolísimas autoridades se suban al carro del azote a Grecia diciendo que la solidaridad europea tiene un límite, faltaría más; mientras aquí tirios y troyanos han sido incapaces de poner freno al desbarajuste del desequilibrio fiscal entre comunidades desde la transición democrática. Es decir, que hay que tener mucha desfachatez para  hurgar en la llaga griega y reírle las gracias a la señora Merkel, mientras que a Cataluña y otras comunidades autónomas le han endosado treinta y muchos años de expolio presupuestario a cuenta de la solidaridad, y Guindos y sus jefes siguen como quien oye llover.

 Pero todo lo expuesto hasta ahora en realidad es una minucia comparado con un trasfondo mucho más acuciante, y con una trascendencia tal que los jueces de la historia nos pondrán como ejemplo de imbecilidad colectiva,  ceguera visceral e inacción suicida. Y es que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor no es más que el primer síntoma de un agotamiento del modelo económico vigente. Y que todas las acciones, amenazas, decisiones y presuntos  golpes de timón actuales no conseguirán eludir el hecho fundamental de que vamos en rumbo de colisión contra un escollo insuperable, que viene determinado de forma puramente matemática. Y es que un modelo basado exclusivamente en el crecimiento (por mucho que se le adorne con el adjetivo comodín de "sostenible"), es insostenible por definición. Del mismo modo que la materia ni se crea ni se destruye, sino que sólo se transforma, el modelo económico vigente, basado en el incremento del consumo y el derroche de materias primas, no puede crear nunca más riqueza de la que existe en el planeta considerada en su totalidad. O sea, que hay un límite para el crecimiento, tras el cual no sabemos lo que vendrá, pero lo que es seguro es que al principio va a ser muy desagradable, si no directamente letal para una inmensa mayoría.

 Esa riqueza planetaria debe ser considerada de forma global, en el sentido de que podemos crear más riqueza manufacturada, pero a costa de una disminución cada vez mayor de la riqueza básica, la de los recursos naturales. Pero llegará un punto en que el agotamiento de los recursos básicos impondrá un parón en las demás escalas de producción, por muy eficientes que pretendamos ser, y por muchas teorías optimistas que nos vendan sobre los avances tecnológicos. La tecnología nos abre expectativas, pero siempre a costa de nuevas dependencias, y sobre todo a costa de un consumo de recursos y energético cada vez más abultado. Y todo esto tiene un punto final, tras el que sólo queda un abismo enorme en forma de colapso económico.

 Ese colapso puede estar a la vuelta de la esquina o faltar todavía un siglo, pero si no se cambia el modelo, la sentencia de (casi) muerte es inevitable. Y lo que ha pasado con Grecia podría haber sido una oportunidad de oro para cuestionarnos, a nivel global, no ya los gravísimos errores financieros y presupuestarios cometidos, sino todo el modelo sobre el que nos sustentamos en la actualidad. Podríamos haber procurado dar unos primeros pasos tímidos, pero firmes, en la dirección correcta para librarnos de la catástrofe que el futuro nos depara. Obviamente, los optimistas recalcitrantes argüirán muchas de sus estupideces sobre la capacidad de la humanidad de revertir las situaciones críticas, pero el crecimiento mundial de los últimos cien años en todos los aspectos -consumo de recursos, agresiones medioambientales,  explosión demográfica- ha sido tan desmesuradamente exponencial que es obvio que nos conduce a una implosión, nada controlada, del sistema económico y de la sociedad tal como la conocemos.

 De lo sucedido con Grecia podríamos haber aprendido, como ya postulaba Galbraith hace bastantes años, que lo único que realmente es sostenible es el crecimiento cero. Y que la sostenibilidad auténtica pasa por tomar decisiones que implican renunciar a muchas cosas que hoy damos por sentadas. Reincidir en medir el progreso con la vara del crecimiento económico y de los flujos financieros crecientes es un suicidio colectivo. Tenemos ejemplos históricos de ello: hay consenso general en que el ocaso de la civilización pascuense se debió a la superpoblación de la isla, al agotamiento de los recursos –básicamente la madera con que hacer fuego y construir barcos de pesca- y la imposibilidad de sostener la alimentación de sus ciudadanos, que llegó a los quince o treinta mil habitantes para una isla cinco veces más pequeña que Menorca. También hay un extendido acuerdo de que hubo graves disturbios dirigidos contra las clases dirigentes antes del colapso definitivo, que dejo la isla de Pascua con no más de dos mil pobladores sumidos en la miseria cuando llegaron los primeros europeos.

 Los pascuenses no supieron o no fueron capaces de frenar la espiral destructiva en que había caído su sociedad. Ellos no tenían referencias previas, y tal vez eso nos permita ser condescendientes con su desgracia, pero nosotros no tenemos excusa para no poner freno a tanta estupidez. Y sin embargo, no aprendemos. Seguimos favoreciendo el acaparamiento y la codicia, aunque sea a costa de acelerar el final de la civilización occidental que conocemos. Tras esta enorme crisis sistémica que padecemos, tal vez hubiera sido el momento de tener  políticos valientes, de verdaderos líderes europeos preocupados por la construcción de un futuro lo menos traumático posible para nuestros hijos y nietos, en lugar de la obsesión de cobrador del frac que exhiben  la gendarme Merkel y sus esbirros.

Democracia acorralada

La crisis griega, tan cargada de tensión y de dramáticas advertencias por parte la UE (que escenifica burdamente la típica amenaza paterna de expulsión del paraíso doméstico al hijo díscolo que no quiere seguir los pasos profesionales del horrorizado progenitor), está teniendo un efecto secundario esclarecedor y sumamente higiénico, pues está poniendo a  cada uno en su sitio respecto a lo que entiende  por estado de derecho, por democracia, e incluso lo que significa para nuestras élites un concepto tan difuso como el de ciudadanía.

 Y es que estas últimas semanas quien no les haya visto el plumero a todos nuestros preclaros líderes europeos es que es tonto de remate . Porque todas las advertencias han ido por el mismo camino. Desde un tremebundo “las urnas son peligrosas” hasta un descalificante “los referéndums no son buenos para gobernar”, pasando por lo tan manido –también a cuenta de los referéndums- de que las grandes decisiones políticas no pueden dejarse en manos del pueblo, pues para eso están los políticos profesionales democráticamente elegidos. Zapatero a tus zapatos, y el pueblo que se limite a dejarse engañar cada cuatro años y elegir a los que decidirán por todos nosotros, con su eminencia intelectual, elevadísima competencia profesional y lealtad institucional, tan por encima del populacho. La democracia directa es, según estas élites mundiales, una gilipollez carente de sentido, porque el pueblo carece de sentido de estado.

 Menos mal que luego en Davos, el buitre líder del fondo de inversión Blackrock nos aclara las cosas, afirmando que “hay que enseñar al pueblo a votar al líder correcto”. Por fin hemos visto la luz, que diría Goethe. Está bien aclarar todo esto, para saber con quién nos las hemos de ver de ahora en adelante. La conclusión no es que se esté insultando a la ciudadanía, afirmando que no tenemos ni puta idea de qué va la cosa, porque precisamente esa afirmación es bastante certera: en general los ciudadanos tienen una muy deficiente cultura política y sus decisiones no suelen ser racionales. Resulta bastante evidente que en una situación totalmente racional, en un mundo dominado por la economía, y con una economía dominada por sus vicarios en la tierra -es decir, la derecha- el pueblo siempre votaría izquierdas, porque nunca sería una decisión lógica votar a quien no defiende tus intereses. Volviendo a lo que nos acucia, el problema de este tipo de declaraciones no es que la gente carezca de conocimientos políticos. El problema es que esas afirmaciones, desde las salivosas chorradas de nuestro presidente de gobierno y demás rémoras que le acompañan hasta las del presidente de la Comisión Europea, ponen en tela de juicio la esencia de la democracia misma.

 La democracia universal, tal como ha existido hasta ahora, consiste en que todos los ciudadanos somos exactamente iguales en cuanto al ejercicio de nuestros derechos políticos. El corolario de ese principio es que mi opinión y mi voto valen lo mismo que el de cualquier otro individuo, desde el catedrático de Oxford hasta el mendigo del portal, pasando por el mendrugo del diputado de turno que sólo sabe apretar el botón que le dice su jefe de filas. Es decir, que la esencia de la democracia universal es que el voto de un idiota suma lo mismo que el de un premio nobel. Sin embargo, los ataques a los referéndums y las nada veladas formulaciones respecto a cómo hay que enseñar al pueblo a votar correctamente, son en sí mismas una declaración de guerra a la democracia tal como se ha venido formulando en el último siglo y medio. Y por diversos motivos, a cual más odioso.

En primer lugar, hemos llegado al punto de que los políticos no se contemplan a sí mismos como ciudadanos que han sido escogidos para representar los intereses del resto de la sociedad durante un tiempo determinado. Al contrario, se creen detentadores del poder por derecho propio, y están convencidos de que, una vez elegidos, tienen carta blanca para actuar conforme a los dictados de una clase dominante que –al parecer- tiene las claves del bienestar del resto de la población. En ese sentido, la ciudadanía es un estorbo, un molesto dolor de cabeza que hay que remediar cada cuatro años con la aspirina de las elecciones, para después prescindir totalmente de ella hasta la próxima jaqueca cuatrienal. Por eso también, cualquier alusión al poder real del pueblo, en forma de referéndum o iniciativa legislativa popular, les causa un shock anafiláctico en sus hipersensibles defensas contra la democracia real. Un referéndum, en efecto, es peligroso, porque puede poner en cuestión las líneas maestras gubernamentales. Y eso es del todo punto intolerable, porque sólo ellos saben lo que hay que hacer para que todo funcione correctamente. El problema es definir lo que entienden ellos por correcto, y si esa corrección representa realmente la defensa del bien común y mayoritario, o los intereses de un cártel reducido de proxenetas económicos cuya protección corre a cargo de la nunca mejor denominada Casta. En resumen, que estamos asistiendo al renacimiento de una nueva forma de despotismo ilustrado, que tiene mucho más de lo primero que de lo segundo, visto el nivel de nuestros próceres. Si Jovellanos levantara la cabeza....

 Resulta diáfanamente esclarecedor, además, que los grandes y poco conocidos líderes de los fondos de inversión que compran y venden nuestras vidas al peso, se ufanen en declarar que hay que educar al pueblo para votar al político correcto. Eso es una declaración, como pocas, de supremacía del pensamiento único: sólo hay un político correcto, y es el político centrado en las cuestiones macroeconómicas y en la defensa de los mercados, en lugar de dedicarse a defender los intereses de los votantes, es decir, de los ciudadanos. Y aquí la pirueta se acerca temerariamente al límite de lo letal, porque del pensamiento único que nos quieren imponer al partido único que nos pueda gobernar hay un paso muy corto. Lo que en el fondo proponen estos líderes económicos mundiales es la democracia de partido único, regido por criterios estrictamente economicistas. Algo así como una democracia pero sin opciones alternativas, relegadas al ámbito de las redes sociales y las tertulias de café. O sea,  se tratará de de salvar las apariencias: podremos opinar, pero no nos harán ni caso.

 Así que el problema que denuncian muchas fuerzas progresistas no es que se esté desmontando el estado del bienestar. Eso es sólo un síntoma de algo mucho más profundo y grave, porque este feroz y sostenido ataque se dirige contra la pluralidad política, y su objetivo es el fin del estado social y de derecho, y la momificación de la democracia, de la que sólo quedará el nombre y una pantomima de elecciones cada cuatro años, al estilo de aquella democracia orgánica de Franco, al servicio del glorioso y único Movimiento Nacional que tanto deben añorar muchos de nuestros líderes del PP (y de algún otro partido también, no seamos ingenuos). 

Así pues, estamos viviendo un aggiornamento del  despótico lema  “todo para el pueblo pero sin el pueblo”. Ahora la diferencia es que todo es contra el pueblo, y desde luego sin el pueblo, pero con la excusa de que se hace por y para el pueblo. Lo cual, bien mirado, sería para carcajearse si no fuera porque en realidad resulta pavoroso.  Pues se trata de tener a la democracia bien acorralada, lista para apuntillar.

"Grexit"

Causa perplejidad, a estas alturas del debate respecto a Grecia, que casi nadie –salvo algunos economistas objetivamente más  sensatos que los oficialistas y menos dependientes de los dogmas impartidos desde el olimpo neoliberal-  remarque el hecho señero de que el problema griego es irresoluble. Grecia debe en conjunto (sumando deuda pública, privada y de entidades financieras) algo así como 520 mil millones de euros; lo cual para un país con once millones de habitantes y un PIB estimado de unos 180 mil millones de euros, es una  desproporción tan exorbitante que sólo puede resumirse del siguiente modo: los griegos jamás podrán pagar. Todo ello con independencia de los malabarismos que quieran hacerse con los números, pues tanto la deuda total como el PIB varían en función de las fuentes consultadas, aunque en lo que todos están de acuerdo es que al menos la deuda externa total griega anda cerca de triplicar el producto interior bruto del país.

 Es decir, que los griegos ni pueden pagar, ni van a poder hacerlo en las condiciones actuales, porque sólo los intereses de esa deuda monstruosa se comen tal parte del presupuesto anual que condenan a la miseria más absoluta al pueblo heleno durante unos cuantos decenios. O siglos. O sea, ellos saben que no pueden pagar, los acreedores internacionales saben que  no pueden cobrar, y la troika sabe que no hay nada que hacer, salvo el viejo recurso que todo buen mafioso aprende casi en la cuna.

 Es simplemente una cuestión de principios del mundo del hampa: las deudas se pagan, aunque sea con la vida. Y si es preciso no se extinguen con la muerte del deudor, sino que se le cobran a sus herederos. Si se me permite la trasposición, el asunto griego es como el del jugador entrampado en sucesivas pérdidas en las carreras. El mafioso a cargo del cobro primero le aplaza el pago a cambio de elevarle el coste del préstamo, de modo que el pobre adicto se ve en la necesidad de jugar más para pagar sólo los abrumadores intereses de su deuda. En el siguiente escalón, y como la suerte no  sonríe a nuestro apostador, el mafioso pasa a la acción directa: una paliza en un callejón oscuro; o le rompe las piernas. Algo que sirva de preaviso de lo mucho más grave que sucederá a continuación.

Incapaz de saldar la deuda y ni siquiera los intereses, a nuestro desgraciado apostador a las carreras le queda el recurso de huir y esconderse de por vida, o tratar de parar el golpe como sea, pero en definitiva, cuando la deuda ya alcanza cierto nivel, la única salida aceptable  para el usurero son unos zapatos de hormigón y el fondo del río. Es una salida que al mafioso no le alcanza para gran cosa, salvo para que sirva de ejemplo a posibles imitadores: si no pagas la deuda, te acabarán volando los sesos (si antes no lo haces tú mismo en un acto final de dignidad). Sirve para mantener el corral disciplinado.

 Salvando las distancias (muy pocas), la troika es el Tony Soprano de turno, que sabe perfectamente que si Grecia se va de rositas, todo el imperio se tambalea. Y que además, saldrán después otros muchos vasallos respondones a los que costará cada vez más mantener a raya. O sea, que Grecia no puede pagar, vale, pero la troika no puede perdonarle (al menos visiblemente), y se verá en la obligación de humillarla, sojuzgarla, y si es preciso, liquidarla, antes de que se suban al carro España, Italia, Irlanda, Portugal o cualquier otro estado con el agua al cuello.

 Desde esa perspectiva -la del matonismo europeo frente a Grecia-, qué menos que solidarizarnos con nuestros amigos griegos, que las están pasando canutas. Resultan comprensibles las manifestaciones populares de apoyo al pueblo griego, que vive al límite la miseria, condenados por una crisis que se ha llevado por delante sus ilusiones y sus vidas. Pero…

 No está de más recordar que la Grecia moderna es un país inestable por definición, tanto política como económicamente, y que su existencia siempre ha dependido de su buena relación con las potencias dominantes en Europa, especialmente la Gran Bretaña, que la ayudó –y mucho- en su enfrentamiento con el imperio otomano para liberarse del yugo turco. Eso sí, la cosa tuvo un coste alarmante. De hecho Grecia tiene un historial de quiebras francamente sensacional, pero la de 1893 es especialmente significativa porque al  final el gobierno griego tuvo que pasar por la humillación de aceptar una comisión internacional para la gestión de su deuda, que venía a ser el equivalente con chaqué y bombín a los hombres de negro de hoy en día. Y de eso hace cosa de ciento veinte años, nada menos

 Así que los griegos son unos campeones del sobresalto financiero internacional, y por eso la tesitura actual ya no debería causar tanta sorpresa. Volviendo a la analogía con los Soprano, se trata del jugador que después de tener un buen número de tropiezos casi definitivos, consigue salvarse en el último momento, y luego vuelve a las andadas. Y además cuando vuelve al juego, lo hace con trampas y engaños, de la mano de una institución bastante siniestra del mundo financiero, llamado Goldman Sachs, que le ayuda a maquillar todos los datos de sus cuentas, para que Tony el Gordo no descubra que –por enésima vez- el apostador tiene los bolsillos vacíos. Lo cual, si esto fuera una serie de televisión, concluiría con una muerte cruel a manos del clan Soprano, hartos ya de tanta tomadura de pelo.

 Una tomadura de pelo acreditada con suma desfachatez, como por ejemplo, el hecho de que las pensiones griegas sean en comparación muchísimo más altas que las españolas, por poner un ejemplo. Y que el sistema impositivo sea tan laxo que prácticamente paga impuestos el que quiere y con una presión impositiva real mucho más baja que la media europea. Y que la economía helénica se ha estado moviendo durante lustros a base de trampas financieras y engaños en las cuentas, públicas y privadas. Y cuando ponemos todos estos temas en la balanza, nuestra solidaridad se va resquebrajando, tanto por la contumacia y reiteración históricas que ha manifestado Grecia, como por el hecho de que allí se pusieron –mucho más que por estos pagos- a atar los perros con longanizas. Unas longanizas que ni siquiera eran suyas, sino prestadas (o hurtadas) de todos sus vecinos, España incluida.

 Visto de ese modo, nuestra solidaridad con el pueblo griego, así en general y sin delimitar responsabilidades, debe diluirse forzosamente, pues aunque es cierto que esta crisis ha beneficiado a unos pocos y se ha llevado por delante a toda la clase media helena, no es menos cierto que al momio griego se apuntaron casi todos. No es el menor de los ejemplos el que muchos jubilados con muy poca carencia y  bases de cotización artificialmente hiperinfladas, están cobrando unas pensiones que superan el tope de pensiones español, lo cual es pasmoso por insostenible. Esas mismas pensiones que la UE dice que hay que recortar, pero que los líderes políticos griegos se niegan en redondo a tocar aún a sabiendas de que todo lo que se hizo en la “década dorada” fue una barbaridad inasumible. Algo así como el padre pobre pero rumboso que le regala al niño un flamante Porsche mientras cobra del paro y de los trabajillos que va haciendo, y cuando se queda sin el paro y sólo vive de chapuzas y tiene que devolver todo lo que ha comprado a plazos, se niega en redondo a hacerlo, porque no quiere disgustar a su querido vástago. Estupendo.

 Pero, por otra parte, si sucede el temido Grexit, se abre un panorama completamente nuevo y totalmente impredecible, por más que los analistas a sueldo de los Soprano que nos gobiernan se empecinen en dibujar escenarios apocalípticos.  Y es que lo peor que podría sucederle a la troika es que Grecia saliera de la zona euro y al final la jugada le saliera bien a largo plazo, porque eso significaría que el sistema de austeridad extrema dibujando por los hombres de negro no era el dogma infalible que nos han querido hacer creer. Y eso sí que tendría un auténtico efecto contagio en otros países de la eurozona, y sobre todo perjudicaría tremendamente a los ortodoxos defensores del ultraneoliberalismo económico, doctrina que se está demostrando más rígida y momificada que el marxismo-leninismo al que vino a destronar supuestamente para siempre. Sería como  lo de Rita Barberá tras las elecciones municipales:¡Qué hostia!, ¡qué hostia!

 Algo así como si a Los Soprano se les escapara al jugador tramposo y endeudado hasta las cejas. Y que encima llegase a encontrar cobijo en una familia rival. Intolerable. Sobre todo porque el temido “Grexit” significaría un triunfo de la soberanía popular, pero sería una victoria pírrica y con muchas bajas (digámosle) civiles, y empujaría a Grecia a un escenario antieuropeo y posiblemente prorruso (por proximidad a su área de influencia), resquebrajando el bloque atlántico no sólo en lo económico, sino también en lo geostratégico. Menudo desastre.

Blackwater y las privatizaciones

La guerra de Irak que inició el presidente Bush hijo y que ha acabado con uno de esos finales abiertos en los que se adivina la derrota del protagonista pese al triunfalismo oficial, nos trajo por otra parte una de las grandes innovaciones de este siglo XXI en la gestión de lo público y que, en su momento, y pese a lo escandaloso del asunto, pasó bastante desapercibido para la mayoría de la gente. Irak fue en campo de experimentación de la privatización masiva del aparato militar. Aunque no hay cifras oficiales (cuidadosamente envueltas en el misterioso velo del secreto de estado), las estimaciones independientes calculan que llegó a haber más de cien mil “guardias de seguridad privados” (un eufemismo por el más apropiado nombre de mercenarios) campando a sus anchas y armados hasta los dientes por el territorio iraquí, en misiones de protección de las empresas civiles encargadas de la reconstrucción y para los altos cargos de la coalición internacional cuya seguridad, empezando por los procónsules norteamericanos, no era competencia de las fuerzas armadas, sino de las grandes empresas de seguridad privada, que  constituyeron verdaderos ejércitos de fornidos exmiembros de las fuerzas de operaciones especiales que gozaron de total inmunidad (un estatuto del que no disponía ni la  US Army) y que literalmente se forraron con el conflicto (ambos, los mercenarios y las empresas contratistas). Se habla de hasta cien mil millones de dólares en facturación, y es que, en muchos momentos, los mercenarios doblaban o triplicaban el número de trabajadores civiles empelados en la mal llamada reconstrucción nacional de Irak (es bien conocido que aquello fue más bien un buitreo muy bien organizado por los Chenney, Rumsfeld, Bremer y compañía).

 Aquellos favores que los altos cargos de la Casa Blanca hicieron a sus amigos del complejo militar-industrial escondían un trasunto realmente estremecedor, como era que incluso muchas operaciones militares fueran llevadas a cabo por ejércitos privados comandados por las grandes corporaciones como DynCorp, Global Risk, Triple Canopy, y un largo etcétera entre las que brillaba con luz propia Blackwater, que fue la mayor concesionaria de protección privada para el Departamento de Estado y la CIA durante los años de la ocupación. Nombres aparte, la privatización de la seguridad en Irak tuvo dos consecuencias clarísimas. La primera de ellas, la de cuestionar el papel pacificador de la US Army y desvirtuar totalmente el concepto de lo militar como parte de la Administración Pública tanto ante la opinión pública como ante sus “compañeros de armas” oficiales, que veían como esos tipos con pinta de duros de película cobraban cantidades astronómicas de dinero por el trabajo que ellos habían hecho hasta entonces por la paga normal de soldado.

 Pero mucho más trascendente era el hecho de que las autoridades norteamericanas habían acometido un proceso –que  años después se ha demostrado imparable- de desmontaje del sector público atendiendo a las peticiones, cada vez más osadas- de la derecha fundamentalista de corte evangélico, que en los dos mandatos de Bush se envalentonó hasta límites insospechados, y aupó a su gente a los más altos niveles de la administración federal. Los grupos de presión ultraconservadores (en lo social) y ultraliberales (en lo económico) siempre han visto al estado como un enemigo a batir. Incluso como un enemigo a un nivel muy similar al de  los antiguos soviéticos, y jamás han disimulado su ansia por desmontar todo control estatal para sus actividades. Su lucha, que rápidamente exportaron a los demás países de la OCDE, consiste en reducir drásticamente todo lo público, etiquetado como “burocracia gubernamental” y entregárselo al sector privado, bajo otra etiqueta, muy aparente pero no menos falsa de “eficaz”.

 Estos fundamentalistas, bien sean evangélicos de corte calvinista, bien católicos preconciliares, no ven con buenos ojos la existencia de un estado que les controle, pero sobre todo, denostan la existencia de amplios sectores del servicio público que prestan servicios a la población y que quedan bajo el paraguas estatal, es decir, regulados de tal manera que es imposible hacer negocio con ellos. De modo que su objetivo es desmontar al sector público de la manera más urgente posible y obtener directamente la gestión privada de todos esos servicios. A nadie se le oculta que lo ideal para ellos es la privatización total, como ha ocurrido con el potente sector industrial y de servicios estatales en todo Occidente: telefonía, banca, seguros, petroleras, y un largo etcétera que hasta los años ochenta y noventa del siglo pasado eran considerados de interés estratégico para el estado. Y que eran una fuente de riqueza colectiva y de estabilidad social y laboral que de un plumazo se entregó a unos cuantos magnates para su enriquecimiento personal y el de los accionistas de sus empresas.

Para el resto de actividades estatales para las que habría resultado tremendamente embarazoso (o directamente inconstitucional) su privatización total, se idearon procedimientos de gestión privada parcial, consistentes en la externalización de partes del conglomerado estatal que eran susceptibles de encomendarse a actividades privadas sin que el revuelo ocasionara tener que dar demasiadas explicaciones. Los servicios de atención telefónica e información, muchos servicios informáticos, las inspecciones estatales –cedidas en forma de concesiones para servicios como la ITV y muchos más-, los conciertos educativos, partes de la asistencia sanitaria, y otros muchos servicios estatales pasaron a depender, directa o indirectamente, de empresas privadas, so pretexto de un mejor servicio a menor coste.

 Sin embargo, la experiencia privatizadora de Irak habría debido alertar a la comunidad sobre  las verdaderas intenciones y sobre las consecuencias de tan furibunda y rápida oleada de privatizaciones. Ya allí, en el capo de batalla, se vió que la factura de los mercenarios era abrumadoramente abultada, y que los servicios que prestaban fueron constantemente criticados por altos mandos militares como desestabilizadores y creadores de odio hacia los Estados Unidos. Hay quien no duda un ápice en atribuir la eternización del conflicto iraquí a la avasalladora manera de actuar de las tropas privadas y su desprecio hacia la población civil, causantes de un odio y una resistencia que jamás pudieron ser vencidos.  Pero es que además, el coste para la administración estadounidense de semejante despliegue militar privado fue enorme. Un coste que al fin y al cabo pagaron todos los contribuyentes, y que nunca se ha justificado suficientemente.

En los últimos años, y mucho más próximo a nosotros, la gestión del sector bancario ha puesto en entredicho –y de manera difícilmente rebatible- la argumentación de que la gestión privada es “buena” por definición. Las locuras en que han incurrido banqueros de todo el mundo no tienen parangón en casi ningún otro sector económico. Y el enriquecimiento brutal de los miembros de los consejos de administración de las entidades financieras a costa de la bancarrota futura de las entidades y del empobrecimiento general de sus clientes es un baldón que habría de avergonzar a la clase política y económica durante generaciones. Sin embargo, los defensores de lo privado siempre argumentan lo mismo: ellos son más eficientes y más eficaces, con un coste menor al de un servicio público y con un servicio más rápido. Sin embargo, la realidad es más tozuda, y en muchos casos, se demuestra que esta armazón ideológica es de una fenomenal endeblez.

 Los datos descarnados no mienten. Por ejemplo, la privatización de los ferrocarriles británicos ha traído, sin ningún género de dudas, un empeoramiento general de la calidad del servicio, tanto en puntualidad, como en fiabilidad. Los trenes ingleses ya no son lo que eran. Lo mismo vemos cuando hemos de tratar con cualquiera de nuestras multinacionales del IBEX 35. Desde su privatización, la atención al cliente se ha degradado de forma alarmante pero predecible, como sabe cualquier usuario que debe pasar por el tormento de intentar efectuar una reclamación a su compañía telefónica, por poner un ejemplo.

 Al parecer, nadie se percató de que el interesado maniqueísmo que dividía a lo privado y lo público entre buenos y malos, respondía a un claro intento de desprestigio para sustraer riqueza a la sociedad y entregársela, casi gratuitamente, a los magnates de turno y sus accionistas, en una política que afectó de forma intensa a sectores estratégicos de las economías nacionales. Al parecer, tampoco nadie quiso entender que lo mejor hubiera sido aunar lo público y lo privado generando sinergias. Porque mantener la titularidad pública de muchas de esas grandes empresas hubiera revertido en riqueza para el estado, es decir, para los ciudadanos. Pero por otra parte, con una gestión privada, especialmente de los recursos humanos, el nivel de eficiencia podría haber sido tan alto como en el sector privado. Es decir, nadie quiso  abandonar el concepto “funcionarial” de los trabajadores del sector público, y sustituirlo por el de trabajadores contratados para proyectos concretos. Renovables o cancelables si no daban los frutos apetecidos. Y utilizar sistemáticamente técnicas presupuestarias muy exigentes, como el Presupuesto en Base Cero (que exactamente se refiere a eso: la base anual de cada presupuesto parte de cero, sin que sirvan los importes del año anterior. Hay que justificar cada programa en base a sus resultados, y si no ha funcionado, se cancela y sus integrantes al desempleo).

Puede parecer un sistema inaudito y cruel para la administración pública, pero más cruel es ver cómo se la está dejando morir en casi todo occidente con argumentos de ineficacia que sólo son ciertos en la medida que los poderes políticos están fomentando, por intereses que nada tienen que ver con el bien común, esa misma ineficacia con la que persiguen el desprestigio de todo lo público. De todo lo que pertenece a la ciudadanía.

Jaleo municipal

 Estos días anda el país muy revolucionado con un debate sobre la constitución de los ayuntamientos que hasta ahora había tenido poca trascendencia porque la primacía de las mayorías absolutas o de las coaliciones consolidadas durante la transición no hacía necesaria la discusión de este asunto, salvo en algunas localidades muy concretas y generalmente de escasa significación demográfica donde se producían alianzas que algunos calificaban de contra natura, pero sin que la sangre llegara al río, salvo en el caso de los tránsfugas, que eso forma parte de otra historia.

Sin embargo, el panorama que han dibujado las elecciones municipales de 2015 es completamente distinto, por la ruptura general del bipartidismo y su sustitución por un multipartidismo bastante variopinto (en lo relativo a los municipios) que ha venido  para instalarse durante bastantes años, según el común parecer. Este fenómeno implica la desaparición de las mayorías absolutas a las que son tan afines nuestros políticos tradicionales, y como consecuencia no deseada para ellos, la necesidad de recurrir a pactos de legislatura para poder gobernar.  Pactos que pueden ser generales, lo cual suele implicar la formación de consistorios con miembros de varias formaciones políticas, o puntuales, en los que una formación minoritaria gobierna en solitario con el apoyo externo de los concejales de otras formaciones más o menos afines.

 Lo que hasta aquí parece muy sencillo se complica terriblemente cuando el partido más votado se ve excluido de la alcaldía por la unión de otros partidos que suman una mayoría suficiente para echarlo del poder. Dejemos a un lado los berridos de los voceros a sueldo y las incitaciones al electorado para manifestar su disconformidad por parte del partido ganador pero perdedor a la postre, y que no podemos tener en consideración porque son simétricas a todo lo largo y ancho del espectro político; jaleos éstos  que consisten en incendiar los ánimos  a través de los soportes mediáticos que lanzan soflamas en contra de tan “antidemocrática” (¿?) decisión, sin cuestionarse lo más mínimo porqué esos pactos son antidemocráticos. Pues resulta que aquí todo el mundo sabe de democracia pero pocos se aprestan a pensar un poco en los términos y significados de la verborrea con la que nos disparan a bocajarro.

 Es bastante significativo que el debate se iniciara bastante antes de las elecciones, con aquella pretensión del PP de modificar la legislación electoral para que el el líder de la lista más votada fuera, por narices, alcalde de un municipio. Cuestión que se resolvió fácilmente porque los expertos (y los que no lo eran pero tenían un cierto grado de pensamiento crítico) vieron en dicha iniciativa un interés descaradamente sectario del partido en el poder, que veía venir la hecatombe electoral de mayo y quiso poner la venda antes del tajo. Y porque dicha iniciativa consagraría la  endeblez consistorial para siempre, pues un alcalde en minoría se podría ver de inmediato  expulsado del cargo por cualquier moción de censura (lo que teniendo en cuenta el carácter resentido del político español medio y su querencia por el poder más que por el servicio a la ciudadanía, iba a tener lugar más bien pronto que tarde). Sin tener en cuenta que obligar a un consistorio a tener  un alcalde en minoría por real decreto es equivalente a arrojarlo a los leones de la ingobernabilidad, puesto que excluye la posibilidad de pactos de gobierno, siquiera puntuales.

 Como apunte necesario y bastante concluyente, si el alcalde tuviera que ser el de la lista más votada pero sin tener apoyos para ello, conviene reflexionar sobre  cómo se las apañaría para gobernar una entidad si la mayoría de las fuerzas políticas están en contra y suman sus votos consistoriales para tumbar cualquier iniciativa de la alcaldía. Véase el via crucis de Obama en esta última legislatura estadounidense, y eso que a él no le pueden poner una moción de censura por las bravas.

Definir lo que resulta injusto en el libre ejercicio de la democracia resulta de lo más espinoso. Cada sistema tiene sus ventajas e inconvenientes, pero lo único seguro que podemos afirmar desde la ecuanimidad es que el sistema electoral perfecto no existe, ni ahora ni nunca. Baste recordar que los sistemas mayoritarios por circunscripción (al estilo británico), poseen la ventaja de que  prima mucho la relación directa del concejal o diputado con la ciudadanía de su circunscripción más que su fidelidad al partido; pero a cambio de que se pueden  formar mayorías absolutas con muy pocos votos de diferencia. Si tomamos la hipótesis de un país con quinientas circunscripciones y en todas ellas el partido ganador lo es por un solo voto de diferencia, tendremos una legislatura monocolor con un solo partido en la cámara por sólo quinientos votos de diferencia, aunque los votantes sean quinientos millones. A los ojos de muchos ciudadanos, eso puede parecer una terrible injusticia, pero es la esencia del sistema mayoritario, donde el ganador se lo lleva todo.

 Así que en lugar de cuestionar según los intereses del momento el mecanismo con el que se dota cada nación para su sistema electoral (porque eso no conduce a nada), lo que corresponde es meditar objetivamente qué significa la democracia participativa y cómo hemos de adaptarnos al juego. Del mismo modo que el futbol tiene reglas que pueden parecer absurdas, pero que todo el mundo acata hasta que se modifican consensuadamente, en el ámbito político tenemos las leyes electorales, que también se han de modificar de forma consensuada y razonable. Y esas reglas no impiden en ningún caso la formación de mayorías ajenas al partido más votado, por mucho que rabie el número uno de la lista.

 En definitiva, se trata de una cuestión que no tiene nada que ver con la legalidad (por descontado) ni con la ética, lo cual requiere una aclaración. Acusar de falta de ética a los partidos que se unen  para superar al más votado es una soberana estupidez, porque en ausencia de mayorías claras, se hacen necesarios los pactos para gobernar. A pactar es algo que se tiene que aprender, porque es un juego de negociaciones y concesiones cuyo ejemplo es la vida misma, salvo la de los tiranos autócratas. Si una formación es incapaz de asumir esta cuestión práctica, es que no merece gobernar. A modo de ejemplo, es como el matón de barrio que a la hora de jugar a fútbol se niega a participar si él no es el capitán que elige a todos los jugadores que desea para su equipo. Nuestros queridos infantes  resolvieron este problema hace muchos años, permitiendo a cada capitán escoger alternativamente entre los jugadores disponibles (lo cual me lleva a pensar si no resultará que los niños tienen más sentido práctico que sus progenitores presuntamente adultos).

 Además de la falta de pragmatismo que significa esa incapacidad de pactar, lo cierto es que resulta imposible convertir un consistorio fragmentado en un jardín privado (ni que sea de infancia), salvo que –como sucede habitualmente en Hispania- nos pueda el ramalazo autoritario que siempre acecha agazapado detrás de cada voto. Porque de hecho, las pataletas (generalmente, pero no exclusivamente de los candidatos del PP) que hemos visto estos últimos días ponen de manifiesto dos cuestiones que se ocultan bajo el lenguaje corporativista de sus reprimendas. En primer lugar evidencian que con su anterior estilo de gobierno, son muchos los políticos con mando en plaza que han actuado con tal prepotencia y descaro que no es extraño que cuando llegan las vacas flacas todos quieran huir de ellos como de apestados y se nieguen a pactar con ellos. En segundo lugar, porque la incapacidad de pactar con otras formaciones políticas para formar un gobierno estable puede ser más bien una tapadera para ocultar intereses ocultos, muchos de ellos personales y de los otros referidos al pago por servicios prestados.  A fin de cuentas, aunque el principio del buen gobierno exige que todo se haga para el municipio y la ciudadanía, los numerosos casos de corrupción local puestos de manifiesto hasta ahora señalan nítidamente que la alcaldía es una torre de marfil desde la que se premia a los afines y se castiga a los adversarios, generalmente sin más motivo que el puramente económico, ya sea en forma de sobornos o de sustanciosas contratas y comisiones, convenientemente lubricadas con la debida vaselina mediática.

 De ahí que la lista más votada proteste escandalosamente, algo a lo que debemos responder con serenidad y sentido práctico.  Si el poder municipal reside en los vecinos, que  lo otorgan cada cuatro años a un consistorio elegido democráticamente, resulta bastante evidente que la mayoría de los vecinos, pese a no tener las mismas sensibilidades programáticas, pueden ponerse de acuerdo para gobernar el municipio frente a otro colectivo vecinal que aunque sea el mayor de todos, no tiene la fuerza suficiente para imponer su criterio. Esto es algo tan lógico y frecuente que no nos damos cuenta de hasta qué punto hacemos uso de ello sistemáticamente. En una reunión de amigos que planifican un viaje, si tres de ellos quieren ir a Japón, pero cinco son alérgicos a viajar en avión tanta distancia, es probable que esos cinco restantes se pongan de acuerdo para proponer un viaje a Praga, aunque a lo mejor de esos cinco dos preferían Praga, dos Budapest y otro Viena. Lo importante es que es más fuerte lo que une a los cinco (aunque con diversidad de opinión) que lo que desean los tres restantes. Y el viaje se hará finalmente a Praga (o bien se romperá la baraja y se formarán dos grupos de viaje distintos).

 En resumen, en cualquier colectivo, sea político, social o familiar, a falta de una norma expresa, los pactos entre minorías para lograr un objetivo determinado no sólo son habituales, sino que constituyen la norma no escrita. Y por tanto, todos nos hemos acostumbrado a respetar esos pactos de minorías insuficientes por sí solas para formar una mayoría hegemónica. Y si no es así, que alguien me explique cómo resuelven sus problemas las comunidades de propietarios (aparte de por agotamiento y renuncia de la mayoría de vecinos). O sea, que parece como si lo que en la vida diaria de cada uno de nosotros resulta de lo más habitual, se convierte en una “absoluta falta de ética y de respeto a los principios democráticos”  en las complejísimas circunvoluciones cerebrales  de, por ejemplo, el exalcalde de Badalona, (ex)excelentísimo señor García Albiol. Y no será porque la política española resulte un dechado de virtudes y espejo de ciudadanos en el que la ética aflore por doquier.

 En ningún lugar de la prolija e insufriblemente abstrusa normativa española, desde la Constitución hasta  la más humilde de las circulares ministeriales,  está escrito que la lista más votada sea la que debe gobernar. A la derecha, monolítica como siempre, eso le causa mucho pesar, porque la izquierda siempre estará más fragmentada, precisamente porque la izquierda, por definición, es mucho más diversa, amplia, abierta y caleidoscópica que la derecha, siempre cerrada en torno a muy pocos principios inmutables desde la época del despotismo ilustrado, aquel de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, que ya sabemos todos cómo acabó.  Así que a la derecha tacticista le conviene caldear el ambiente para crear un estado de ánimo colectivo proclive a la absurda idea de que gobierne el alcalde de la formación más votada, aunque no tenga apoyos ni para ir a tomarse un trago al bar del ayuntamiento. Pero al ciudadano reflexivo –no al idiota que siempre se sulfura con el manido “es que han ganado los míos”-  le toca discurrir porqué va a ser antiético hacer en política lo que es común y aceptado en los demás ámbitos de una sociedad abierta: pactar, incluso contra el más fuerte.

Vacunas y fundamentalismo

Fundamentalismo: Exigencia intransigente de sometimiento a una doctrina o práctica establecida. Así define la Real Academia Española uno de los males mayores que afectan a las sociedades modernas. Aunque el fundamentalismo parece reservarse a doctrinas puramente reaccionarias o  tradicionalistas en exceso, también está muy presente en cierta izquierda que más que radical, habría que calificar de new age. Y notablemente ingenua, además, en su filosofía y modos de acción.

 Si fuera un fenómeno puramente hispano, nos veríamos en la necesidad de calificar la actitud de un sector presuntamente moderno y progresista de la sociedad como de esperpento valleinclanesco residual, pero esta filosofía (y sus nefastas consecuencias) se está extendiendo tanto en toda la sociedad occidental que está adquiriendo rango de norma más que de excepción, y ya va siendo hora de que de alguna manera las fuerzas progresistas tomen nota de que alentar determinadas actitudes, por muy antisistema que pueda parecer, le hace un flaco favor a la sociedad en general y al progresismo en particular.

Este ecologismo new age, teñido de un misticismo equiparable pero simétricamente inverso al de los fundamentalistas cristianos –esos que abogan por el creacionismo y denostan a Darwin- está causando mucho perjuicio social y dolor gratuito a los incautos que caen en sus redes, hipertrofiadas por la fácil difusión de sus monstruosidades vía internet y redes sociales.  Es paradójico que se inviertan tantos esfuerzos en prevenir la delincuencia cibernética de todo tipo y se haya dejado de lado la posibilidad de establecer unos protocolos internacionales que certifiquen la veracidad de las páginas web, en base a algo tan sencillo como sería un código de semáforos o algo por el estilo que advirtiera al internauta de cuando está navegando por mares tranquilos o, por el contrario, cuando está entrando en páginas cuyo contenido y afirmaciones son dudosas o directamente falsas.

 El gran problema que tiene internet y sus aliadas las redes sociales es que hoy en día tiene igual voz cualquier descerebrado que un premio nobel. O incluso puede tener más relevancia el primero, si ha tejido una buena maraña de relaciones y contactos prestos a difundir sus evangélicas e irrefutables afirmaciones en blogs, twiters, facebooks y demás  artificios de la modernidad cibernética. El problema es mucho más serio de lo que parece, porque muchos estudios  vienen a decirnos que más del 80 por ciento del material que circula en la red o bien es directamente falso, o contiene distorsiones tan aberrantes e interpretaciones tan sui generis que no merece ser tenido en cuenta. Y eso es mucha basura, incluso para los bobos que creen a pies juntillas todo lo que los amigos les cuelgan en el muro de Facebook. Por lo menos los medios de comunicación clásicos tienen unos códigos deontológicos y una serie de mecanismos de control que, aunque no impiden la desfiguración de la realidad, al menos la modulan y la moderan, y siempre permiten un grado de contraste informativo del que internet carece, pese  a los ímprobos esfuerzos de algunas organizaciones  que se dedican a advertir sobre los riesgos de muchos contenidos.

 Está claro que es mucho más fácil ser un cibernauta desvergonzado que honesto, sobre todo si existe la protección de un anonimato descarado sobre las fuentes y ningún  control ético y legal en la red. Por eso, ciertos autores consideran que  no es cierto que el auge de internet  haya democratizado la información, sino que ha permitido que cualquiera se dedique a intoxicar a sus vecinos sin asumir ningún tipo de riesgo. Es decir, y hablando en vulgo, la expansión exponencial de información en la red lo único que consigue es enmascarar la realidad bajo montañas de datos inútiles o falsos. Y de ahí a montar florecientes negocios fraudulentos, sobre todo basados en la alimentación, la salud y la ecología, va sólo un paso. Pequeño pero de consecuencias monstruosas y que miles de personas se han atrevido a dar sin ningún rubor. Personas, por otra parte, sin ninguna formación médica o científica  acreditada. Vaya por delante que en este poderoso sector digámosle “contracultural” (por calificarlo de algún modo), la ciencia es considerada un tabú al servicio exclusivo del capital, y toda evidencia científica no es más que el resultado de oscuras manipulaciones al servicio de intereses maléficos.

 Atacar a la ciencia por estar al servicio del capital es regresar al peor de los períodos oscurantistas del pasado occidental, cuando se quemaba en la hoguera a Servet y se hacía abjurar a Galileo. Fue por aquella época en la que se produjo una más que notable ruptura entre ciencia y religión, que ha seguido hasta nuestros días pese a los esfuerzos de algunos miembros de ambas partes por reconciliar lo que por otra parte es francamente irreconciliable.  Sin embargo, no está de más aplaudir los esfuerzos de la iglesia católica por tratar de aproximar el moderno conocimiento científico con la fe en la  existencia de un Dios omnisciente. Sin embargo, esa aproximación de las jerarquías eclesiásticas ha tenido su contrapartida por la izquierda, en una jugada bastante absurda de aquellos, que desilusionados de las doctrinas oficiales, han creado una especie de cuerpo doctrinal alternativo, basado  en una especie de espiritualidad difusa centrada en conceptos tan vagos como la madre tierra y otros por el estilo de tal ambigüedad que permiten acomodar en su seno creencias de lo más diverso, pero todas ellas no ya heterodoxas, sino más bien irrisorias, tanto por mover a burla como por su insignificancia intelectual.

 Estos postherederos del movimiento hippy, pero con muchas menos luces que aquéllos, no son en absoluto inofensivos y están causando un tremendo daño en nombre de la libertad de expresión, que también incluye, evidentemente, la de inventar teorías pseudocientíficas  por muy aberrantes que sean. El problema es que la capacidad de juicio crítico de muchos internautas y adictos a las redes sociales es más bien limitada, cuando no directamente nula, y eso les impide efectuar una operación tan sencilla como contrastar con otras fuentes de máxima solvencia las informaciones que beben a diario sin siquiera cuestionarse su veracidad. Además, como el mundo de esa contracultura new age es fundamentalmente conspiranoico, se desecha sistemáticamente cualquier evidencia contraria a los principios doctrinales de esta nueva iglesia bajo el pretexto de que está urdida por unos conspiradores capitalistas que se han aliado para enterrar la verdad y desacreditar a los profetas de ese nuevo evangelio medioambientalista de pacotilla.

 Nadie puede negar que los intereses económicos subyacen a muchas decisiones que se toman en el complejo industrial sanitario-farmacéutico, pero eso no permite poner en tela de juicio decenios de investigación que han permitido un avance tan significativo en la esperanza y calidad de vida humanos que no pueden ser cuestionados ni siquiera por los gurús  antiestablishment (básicamente porque de no existir toda esa parafernalia médico-farmacológica que denostan, seguramente habrían fallecido hace ya unos cuantos años). El problema de atacar globalmente a las farmacéuticas por determinadas prácticas es muy delicado si no se delimita bien el alcance de la manipulación efectuada y la responsabilidad real en que incurren los responsables de la industria cuando proclaman las bondades de algún nuevo tratamiento. Y lo que ya resulta gravísimo es meter en el mismo saco a casi toda la medicina moderna como si se tratara de algún enorme fraude, y que encima nadie responda de forma contundente a semejantes majaderías.

 Que es lo que ha ocurrido en los últimos años con el asunto de la vacunación infantil. Desde el desgraciado episodio de la gripe A, en el que se fabricaron y distribuyeron ingentes dosis de vacunas a costa del erario público sin que realmente fueran necesarias, se ha ido extendiendo cada vez la estúpida moda de considerar que todas las vacunas son innecesarias y que su imposición es fruto  de la codicia farmacéutica. Y que no sólo no son necesarias, sino contraproducentes. Hasta que un pobre niño de Olot que no tiene ninguna culpa de que sus padres sean idiotas, casi la palma por una enfermedad terriblemente infecciosa pero que ya estaba erradicada en nuestro país y que durante siglos mató a millones de humanos.

 La idiotez no es condenable, porque es una condición personal muchas veces inadvertida por el que la padece y, además, es de muy difícil solución. Pero para eso están los poderes públicos. Ante el riesgo de epidemias, es mucho mejor la prevención –en forma de vacunas- que el tratamiento de la enfermedad –a base de medicamentos normalmente mucho más caros que la vacuna y de eficacia más limitada. En ese sentido, para los enemigos irreflexivos de las farmacéuticas, es aconsejable reflexionar que para la industria es infinitamente mejor una buena epidemia que diez millones de vacunas, por la sencilla razón de que la medicación rinde mucho más beneficio económico que la vacuna de la difteria, por poner un ejemplo. Y para quienes el problema está en los efectos secundarios de la vacunación, hay que señalar que si dichos efectos son mucho menores en número y gravedad que las consecuencias de una epidemia, bienvenidos sean: es una mera cuestión de costes y beneficios en la salud pública.

 También hay que recordar que lo cierto es que la vida  misma tiene muchos efectos secundarios, generalmente nocivos y que indefectiblemente acaban con la muerte del individuo. Si ese comentario les parece sarcástico, debo responder que a mi lo que me parece un sarcasmo es que unos padres puedan elegir no vacunar a su hijo aún a riesgo de hacer enfermar en cadena a otros muchos. Y de ahí volvemos a los poderes públicos: si nuestras acciones como individuos pueden causar un daño terrible a nuestro entorno inmediato, e incluso llegar a ser causa de una epidemia que podría haberse evitado, es la obligación del estado imponer los medios para evitar semejante despropósito. Por la sencilla razón de que el bien colectivo debe estar siempre por encima de las opciones individuales si éstas son potencialmente peligrosas. Y que las conclusiones razonadas han de estar por encima del pensamiento mágico que ilumina a casi todo ese colectivo.

 Ejemplos, muchos. La posesión de armas de fuego, para empezar. Dejando de lado la distopia en la que se han convertido los Estados Unidos ene sta cuestión, lo cierto es que el control de las armas de fuego es una constante en todos los países avanzados, por la simplísima razón de que el beneficio de respetar la libertad individual para permitir el acceso libre a las armas no compensa el coste social de los terribles efectos de  su utilización indiscriminada e indebida. Si el ejemplo les parece extremo a  algunos lectores, les replicaré sin ningún género de dudas que permitir a un niño deambular sin vacunación es casi equivalente a darle un revólver cargado para que vaya con él por la calle. Con la diferencia de que al revólver se le acaban las balas enseguida, mientras  el potencial infeccioso del chaval no vacunado es mucho más amplio y poderoso. Lo mismo sucede con algo aparentemente mucho menos letal como la conducción de vehículos, que en cualquier país civilizado exige la posesión de la correspondiente licencia administrativa.

 El problema de fondo es el pánico que al parecer tienen muchos estados por parecer autoritarios por obligar a los progenitores a hacer cosas por el bien no sólo de sus hijos, sino de toda la comunidad en la que viven, como si el paradigma de la libertad fuera que cada uno hiciera la que le viniera en gana (un pánico que se manifiesta de nuevo en los poderes públicos estadounidenses al permitir que en muchas escuelas se enseñe el creacionismo al mismo nivel -si no superior- que el darwinismo). Una paradoja absurda, ya que el estado bien se cuida de obligarnos a muchísimas cosas en las que se nos restringen derechos en aras de una convivencia que en las sociedades masificadas como la nuestra es asunto muy delicado y prioritario. 

Entre otras cosas, ser progresista significa estar por encima de muchos prejuicios, y requiere de una formación diversa y sólida, para lo que se requiere buscar en fuentes de información variadas y contrastables. Si uno no es capaz de obligarse a ello y de entrenar el pensamiento crítico, es mejor que se dedique a algo mucho más asequible a su intelecto, como el chamanismo. Pero a sus hijos, y a los nuestros, que no los enferme con sus simplezas de mentecato fundamentalista.