CCC

Tengo a mi derecha, sobre mi mesa de trabajo, dos extensos estudios de Convivencia Cívica Catalana titulados "El maquillaje de la balanza fiscal de Cataluña" y "El doble rasero de las evaluaciones lingüísticas en Cataluña" que me han sumido en una profunda perplejidad. Eso me pasa por mi adicción a la literatura tóxica, que diría mi santa.

En serio, yo comprendo que los seguidores de Francisco Caja, quien en el fondo es el alma de Convivencia Cívica Catalana y de la fundación DANAES que preside honoríficamente, necesiten alimentar su profundo españolismo del mismo modo que en el extremo opuesto del espectro político otros avivan su sentimiento catalanista con informes igual de extensos. E igualmente sesgados, con lo cual no vamos a ninguna parte.

A todo individuo formado en las ciencias duras -matemáticas, física, química- le produce un repelús próximo a la náusea la utilización torticera de metodologías presuntamente analíticas desde el punto de vista científico para justificar posturas que no son más que expresión de sentimientos muy legítimos en la mayoría de los casos, pero que no por ello autorizan el uso del nombre de la ciencia para refrendarlos. Algo que ya ocurrió con los movimientos en favor de la eugenesia en los años treinta del siglo pasado, que con una pretendida base científica abordaron el tema de la supremacía racial de un modo que hoy en día nos parece horrible, al menos a la mayoría.

Conste que no pretendo atacar lo que para mí es la expresión de un españolismo irredento, exasperado y exasperante. Como digo, la expresión política de cualquier sentimiento nacional es legítima y respetable. Y también discutible desde muchas perspectivas diferentes, pero sin meter la pseudomatemática por medio. Yo creo que el señor Caja y la mayoría de sus seguidores me comprenderán perfectamente si les digo que sus sesudos análisis del tema lingüístico y de la balanza fiscal están impecablemente efectuados, pero que carecen de todo rigor técnico, porque están mediatizados por un sentimiento que los despoja de todo valor demostrativo.

El señor Caja, que por algo es profesor universitario de estética, me entenderá perfectamente si le digo que esa empresa es como intentar medir la belleza con una regla. Sobre todo desde que Giacometti y otros contemporáneos se ocuparon de redefinir el concepto de belleza de un modo tan radicalmente distinto al vigente que rompió con los moldes preestablecidos, si es que alguna vez habían existido. La estética es la racionalización de una emoción, pero no es cuantificable. No se le pueden poner números, como tampoco a los sentimientos políticos. En política se puede argumentar, se pueden oponer ideas a otras ideas, y se pueden valorar a la luz de conceptos como la bondad, la justicia, la equidad y tantos otros cuyo valor filosófico y social es incuestionable, pero el trasfondo es siempre más emocional que otra cosa: la confrontación política nunca se puede llevar a cabo con herramientas científicas, porque éstas no son adecuadas para este propósito.

En definitiva, yo puedo opinar que todos los arnedanos son unos perfectos berzotas, pero no puedo ponerme a hacer números para cuantificar si lo son más o menos que sus vecinos los calagurritanos. Sencillamente, me guiaré por mis simpatías, sentimientos y emociones respecto a los hijos de la villa de Arnedo (cuya mención en este contexto no es casual por ser esa la patria chica del señor Caja), y una vez procesado todo ese mejunje me dedicaré al cainita y españolísimo deporte de poner a parir al vecino, y me cargaré de razones para ello. Pero dios me libre de ponerme a usar las matemáticas para  tan innoble fin, por favor.

A lo que íbamos. A estas alturas me resulta inconcebible que Convivencia Cívica Catalana pase por alto un hecho esencial de toda contabilidad. Aunque trata con números, la contabilidad es una herramienta esencialmente creativa y manipulable en uno u otro sentido. Por eso, sus principios generales son más de carácter filosófico que matemático, y son universalmente definidos como principios de equidad, objetividad y prudencia. La asunción de estos principios no es más que un reconocimiento de la imposibilidad de usar otros criterios universales estrictamente matemáticos para gestionar una contabilidad. Y eso se refiere básicamente a la economía de las empresas. Concluyamos entonces que  las cosas se complican sobremanera cuando trasladamos la contabilidad al ámbito político.

En la arena política, la imputación de ingresos y gastos puede volverse tremendamente complicada, y no hay un solo economista que niegue la existencia de diversos métodos y multitud de variables que puedan dar lugar a resultados asombrosamente dispares cuando se trata de establecer los resultados de una balanza fiscal. Con ello quiero decir que tan buenas o tan malas pueden ser las estimaciones de la Generalitat  respecto al déficit fiscal catalán como las que hace C.C.C. Aunque resulta bastante revelador que casi todas las fuentes apuntan a que Cataluña es, históricamente, transferidora de recursos a las arcas del estado, que luego se redistribuyen al resto del país en forma de solidaridad entre las regiones. Si esto es así, los hechos no cuadran con la presunta inexistencia del déficit fiscal que alegan los partidarios del señor Caja en su estudio. Y lo que ya consigue aturdirme es que tal profusión de números tenga como objetivo desacreditar al gobierno catalán, tildándolo de deshonesto, literalmente. Me pregunto si en el caso hipotético de que al frente de la Generalitat hubiera un gobierno del PP utilizarían la misma artillería. Ya respondo yo por ellos: seguro que no, y eso que los datos seguirían siendo los mismos. 

Lo mismo sucede con el tema lingüístico. Es apabullante la cantidad de gráficos, tablas y porcentajes que dedica el analista de Convivencia Cívica Catalana para tratar de demostrar algo que ni el gran Chomsky se atrevería a acometer. O sea, que los exámenes de castellano que efectúa la Generalitat de Cataluña son mucho más fáciles que los de catalán, para justificar así la pretensión puramente política de impartir menos horas de castellano a los pobres educandos. Vamos, que a los de la Generalitat sólo les falta el rabo y los cuernos para ser leales siervos de Satán, de tan malvados y maquiavélicos que son. 

De entrada, definir la dificultad de un idioma ya es asunto espinoso de por sí, sobre todo si el analista no está refiriéndose a su lengua nativa. No existe un estándar de dificultad de idiomas, sino que la dificultad depende del marco de referencia que se adopte. Quiero decir que para un ucraniano el ruso está chupado, porque ambas son lenguas eslavas. Lo mismo sucede en la comparación entre el holandés y el alemán, pero para un español tanto un idioma como el otro pueden resultar tremendamente difíciles. En el caso del castellano y del catalán, pese a ser ambas lenguas románicas, son muchas sus disimilitudes, sobre todo fonéticas pero también ortográficas  y sintácticas (pensemos sólo en el terror que causan a los foráneos los pronombres débiles o los diferentes acentos). Y además, el castellano es un idioma en el que prácticamente cada palabra se pronuncia como se escribe, lo cual es una gran ventaja frente al catalán. 

Para tratar de salvar estos diferentes marcos de referencia, el analista de C.C.C. opta por configurar una serie de diferencias básicas entre ambos exámenes: la longitud de los textos, la dificultad de las preguntas efectuadas a los alumnos, la complejidad del vocabulario, y la dificultad del dictado y de la redacción. Veamos.

El análisis de CCC demuestra que la longitud de los textos en castellano es más corta que en catalán. Algo así como un  seis por ciento más cortos. Y de ahí deduce un sesgo provocado a favor del castellano. Lo que no dice en ningún momento si dos textos equivalentes en catalán y castellano tendrán la misma longitud. Yo no lo sé, y él al parecer tampoco. El sesgo podría estar ahí, porque dos lenguas distintas nunca utilizan el mismo número de palabras para expresar las mismas ideas. Un texto en inglés es considerablemente más corto que su equivalente en castellano, pero eso no lo convierte en más fácil. Primer fallo.

El estudio de la complejidad de las preguntas, tanto literales como deductivas, también arroja diferencias porcentuales significativas, adornadas con unos gráficos presuntamente ilustrativos. Nada dice, sin embargo de la metodología y criterios para determinar la complejidad de las preguntas. Sólo dice que es una "elaboración propia a partir de las pruebas de competencia básicas de 2013". También es de elaboración propia el yogur que me fabrico en casa, pero seguro que no podría comercializarlo en el súper de la esquina. Segundo fallo, y creo que este es malintencionado.

En cuanto a la complejidad del vocabulario, el estudio pretende clasificar las palabras en cuanto a su frecuencia de uso. Al respecto tengo dos objeciones elementales. La primera respecto a las fuentes utilizadas, pues afirman haber usado la presencia de cada una de las palabras catalanas en internet, lo cual no creo que sea una fuente autorizada al respecto. La segunda objeción es más seria, porque la complejidad del vocabulario de un texto debe ponerse siempre en referencia al contexto en el que se utiliza, porque los humanos tenemos cierto grado de inteligencia que nos permite inferir a qué se refiere una palabra poco conocida si el contexto en el que se usa es conocido.

 Por cierto, la dificultad de un texto no depende sólo del vocabulario empleado, sino de la sintaxis, de cómo se ha construido. Si empiezo a usar oraciones subordinadas, formas pasivas y reflexivas, le puedo garantizar que un texto planísimo en cuanto al vocabulario se vuelve totalmente oscuro al tratar de interpretarlo. Y esa cuestión el analista ni siquiera la menciona, pero es tan capital o más que el nivel de complejidad del vocabulario. Por otra parte, el estudio tampoco señala cual ha sido el criterio para elegir las palabras muestra, salvo el ya común sonsonete de la "elaboración propia". Cualquier manipulador, por más patoso que sea, puede seleccionar palabras de un texto para demostrar su facilidad o complejidad según sus gustos y necesidades. En fin, tercera cadena de fallos metodológicos.

Lo mismo sucede con la evaluación del dictado. El analista atribuye un grado de dificultad muy superior al de catalán. Y yo le respondo que ha descubierto la sopa de ajo. Señor mío, al dictado, el catalán es considerablemente más difícil que el castellano, porque la fonética y la ortografía son muy diferentes, y además en catalán abundan pronombres débiles, contracciones, apóstrofes y acentos diacríticos de diversos tipos. En cambio, en castellano, con la salvedad de las combinaciones "b-v" y "g-j" "ll-y" y el uso de la "h"- problemas que por cierto también existen en catalán- las palabras se escriben casi invariablemente igual que se pronuncian. A ver si me explico, señores de CCC, pilotar un avión es considerablemente más difícil que conducir un automóvil, pero no por ello puede deducirse que las pruebas para el examen de conducir se han hecho específicamente más fáciles que para ser piloto de aerolínea por voluntad política. Simplemente, es que no puede ser de otra manera.

En definitiva, concluyo que los miembros de Convivencia Cívica Catalana, siempre ansiosos por demostrar la maldad del gobierno catalán de turno, se han dejado llevar (como siempre), por un exceso de entusiasmo militante y han preparado unos montajes sensacionales y sensacionalistas para arrimar el ascua a su sardina. Insisto, eso no me importa, pues forma parte del juego político al uso. Lo que sí  me importa y me molesta sobremanera es el uso de métodos que se revisten de una aparente seriedad y profundidad, pero que son, como mínimo, carentes del menor rigor técnico.

Señores de Convivencia Cívica Catalana, y particularmente señor Francisco Caja: deberían leerse ustedes el revelador libro "Las Imposturas Intelectuales" de Alan Sokal, que tanto revuelo causó hace ya algunos años, al poner al descubierto las ridículas manipulaciones pseudocientíficas de una serie de "prestigiosos" intelectuales de fama mundial. Lo que se demostraba en ese fundamentado estudio era el incompetente y pretencioso uso de conceptos científicos por filósofos e intelectuales de ramas no científicas.

Algo que les concierne a todos ustedes porque han rellenado casi treinta y cinco páginas de datos y  conclusiones que no sobrevivirían a un examen medianamente riguroso por especialistas en las materias que ustedes cuestionan. Por lo que a mi respecta, vayan ustedes a otro perro con ese hueso.

Suspenso en selectividad

Entristece y da coraje a partes iguales, pero a veces resulta muy saludable ver que tu lindo país, en el que tienes puestas tantas esperanzas y que amas con tanto orgullo, no es tan distinto de los demás del entorno. Y que incluso consigue avergonzarte casi tanto como aquel otro país, que también es el tuyo, pero que vive al otro lado del Ebro. Vamos, que en todas partes cuecen habas, mayormente mal cocidas.

Así que resulta que en nuestro paraíso catalán también la sabemos liar parda, y constatarlo deviene un sanísimo ejercicio de humildad nacional. Como siempre en estos caso, se ha intentado minimizar la cuestión  y pasar de puntillas, pero lo cierto es que el perjuicio causado es tremendo. Los responsables del asunto pretenden dejarlo en una minucia, pero es que ha resultado ser una minucia que afecta a miles de estudiantes de bachillerato que pugnan por acceder a una plaza universitaria en Cataluña. 

Las autoridades académicas dicen que hubo un fallo humano en la confección de la prueba de matemáticas, y que una variable "x" fue sustituida por una variable "z" sin que nadie, en toda la cadena de corrección se percatara de ello antes del inicio de la prueba. Me quedo con lo de la "cadena de corrección", porque más que una cadena debía tratarse de una reata (de asnos incompetentes), que consiguió poner en jaque a los ya de por sí agobiados examinandos sin  necesidad de que les monten un thriller psicológico adicional  en medio del examen,

Claro que las autoridades académicas dicen que en cuanto descubrieron el fallo, avisaron de inmediato a todos los tribunales (casi nada, unos doscientos) para enmendar el error y que de ese modo la prueba transcurriera sin incidencias "remarcables". Como si la pifia en sí misma no fuera lo suficientemente remarcable. Como si el acceso a la Universidad pública más cara de España, y una de las más caras de Europa en relación con la renta disponible, fuera un trámite facilón como renovar el carnet de identidad.

Para remachar el clavo, las autoridades han rematado la jugada con una de esas salidas de tono totalmente insultantes y habituales en nuestra casta dirigente, pues afirman que "desde el punto de vista académico y de desarrollo de las pruebas no haría falta repetir el examen de matemáticas". Nada hombre, que un error lo comete cualquiera. Aquí no ha pasado nada y si acaso, se repetirá el examen el día 5 de julio para aquellos que lo deseen. Eso sí, bajo la amenazante admonición de que sólo contará la nota de la última prueba, así que tú mismo, chaval. Si el nuevo examen es tan difícil que no lo aprobaría ni Einstein, es tu problema, niñato, por tocar las narices. 

Porque claro, el 5 de julio no se sabe quien va a garantizar que la prueba tenga exactamente la misma dificultad que la celebrada originalmente, y eso puede convertirse en una trampa saducea, por utilizar aquella expresión tan de moda hace algunos años. Pues de lo que se trata es que ha quedado en evidencia todo el sistema de preparación de las pruebas de acceso a la universidad, y eso conduce indefectiblemente a la cuestión clave de la competencia del personal encargado de ellas. 

Como siempre ahora saldrán quienes atribuyen esto a la desidia e ineficacia del gobierno catalán de CiU, pero no nos engañemos, el problema es mucho más amplio y abarca  a casi toda la sociedad. Por eso me encanta repartir estopa entre todos los que ostentan el poder, con independencia de sus colores y patrias. Es un alivio poder atizarle a gusto a izquierdas y derechas, nacionalistas y españolistas, sector público y sector privado, católicos y ateos, emrpesarios y sindicalistas. Le hace sentirse a uno independiente de verdad. 

Y una mirada independiente arroja siempre la misma luz. En las últimas décadas, la tan ansiada meritocracia, que tanto impulsaron los países anglosajones en los inicios de la democracia como forma de acceso a las élites directivas y como trampolín de ascenso social, se ha transformado en una "mierditocracia" que echa sus raíces en el basurero del amiguismo, el compadreo, las influencias y la adscripción a grupos de interés (personal). Es la constatación de la infamia de que los puestos clave en todos los ámbitos de la sociedad van siendo ocupados no por quienes mayor capacidad demuestran, sino por los que saben colocarse más cerca del ático en el que se toman las decisiones. Unas pole positions que en nada representan la valía individual sino aquel no moverse para salir en la foto que inauguró Alfonso Guerra años ha, y que se ha perpetuado en esas conjuras de salón para obtener tal o cual prebenda, muy al estilo de lo que sucedía ya en época de los Austrias, con sus favoritos y sus leales. 

La desidia se apodera de Cataluña del mismo modo que se ha apoderado del resto de España. Personas irresponsables ocupan puestos clave en la administración pública. Y no me vengan con monsergas, también en el sector privado, sólo que éste sólo rinde cuentas ante sus accionistas y tiene menor trascendencia mediática. Pero lo cierto es que la nave en su conjunto está dirigida por un atajo de incompetentes acomodaticios y que si funciona, es por pura inercia y porque siempre los hay que a) pagan el apto por los demás y b) son oscuros personajes secundarios que se pasan el día remediando las letales ocurrencias de sus jefes.

Por cierto, que el problema concreto en la administración pública reside en que el sistema de provisión de las plazas es tan deficiente y tan poco sometido a control de resultados que resulta aberrante. Entre los puestos de libre designación, en los que se llega muy alto a base de ostentar alguna adscripción partidista o una específica fidelidad al comandante en jefe; y los puestos por concurso, en los que los méritos personales reales no cuentan para nada, y en los que básicamente se asciende por escalafón al más puro estilo chusquero (y que no me salga ningún sindicalista cantamañanas diciéndome lo contrario, que soy funcionario desde hace demasiados años para que me contradiga las evidencias un chupatintas enteradillo), tendría que existir un sistema de adscripción de las personas en función de sus méritos presuntos, y a partir de ahí, una evaluación continuada de sus resultados que en el caso de ser negativa se llevara por delante no sólo al enchufado de turno, sino también al prócer que lo propuso para el puesto. En seco y bien planchado.

No es esto lo que va a ocurrir con el personal encargado de las pruebas de acceso a la universidad. Palmará el desgraciado de turno, el auténtico y genuino cabeza de turco, y el resto de la reata seguirán tan panchos el año que viene. Y el otro. Porque aquí, y da lo mismo qué ribera del Ebro habitemos, lo que menos cuenta es la responsabilidad. La de verdad, no ese vacuo discurso que nos endosan con tanta suficiencia los políticos de Madrid y Barcelona. La responsabilidad que consiste en que asumir un error no es sólo descolgarse con unas tibias declaraciones pseudoexculpatorias,  y unos arreglos chapuceros para maquillar el desastre, sino que debería ser un mecanismo para una remodelación total de los procesos que condujeron al error, comenzando por todas y cada una de las personas que estuvieron involucradas en ello. Pero no, aquí la Comisión Coordinadora de las PAU ha afirmado que "los responsables de las pruebas han actuado con rigor y profesionalidad". Y hala, hasta el año que viene, amigos.

Esta sociedad del siglo XXI se ha especializado mucho más en la exculpación de los responsables que en la depuración de las responsabilidades, muchas veces gravísimas, en que incurren cada vez más directivos poco capaces y aún peor instruidos para el papel que deben desempeñar. Y eso sólo conduce hacia una desconfianza cada vez más acentuada de los ciudadanos de a pie respecto a sus dirigentes, públicos y privados. 

Suspenso en selctividad. Pero no para los alumnos que estos días han pasado por las aulas para hacerse un lugar en la universidad pública, sino para todos los responsables de las pruebas de acceso. Quienes por ser precisamente de esos que andan siempre envueltos en la senyera, son una vergüenza para Cataluña. 

Absentismo

Me apasiona dar entrada en este blog a las animaladas que profieren, con excesiva frecuencia, dirigentes políticos y directivos de asociaciones con proyección mediática, construyendo poco a poco mi particular Hall of Infamy de la vida pública española. En esta ocasión le toca al director general de relaciones laborales de la CEOE, José de la Cavada, por sus escandalosas apreciaciones sobre la duración del permiso por fallecimiento de un familiar.

El señor de la Cavada ha tenido la ocurrencia, a medio camino entre la idiotez y la infamia, de criticar abierta y públicamente la duración del permiso por fallecimiento de un familiar en el transcurso de unas jornadas sobre el absentismo laboral. Una idiotez sin complejos, porque resulta que el tema del absentismo laboral es muy complicado y se presta a interpretaciones tan sesgadas que  más bien parecen cortadas por la bisectriz. En este turbio asunto, las organizaciones empresariales siempre se han manejado con mucho desparpajo, haciéndonos creer en cuentos de terror cuyo desarrollo siempre conviene a sus específicos intereses. Esclavistas, por más señas.

Vale la pena decir que en EUROSTAT no hay ni una sola estadística o base de datos específicamente dedicada al análisis del absentismo laboral. Curioso. La curiosidad se transforma en perplejidad cuando rastreando en las bases de datos de la OCDE tampoco aparece una estadística exclusivamente centrada en el tema que nos ocupa. Al final todo misterio se desvanece cuando la propia OIT afirma lo siguiente en su página web (cito literalmente):

"Prácticamente todos los países han venido elaborando durante años estadísticas sobre las horas trabajadas. Ahora bien, la índole de estas estadísticas y su alcance, inclusive la cobertura de los trabajadores y los períodos de referencia utilizados, varían de un país a otro, dependiendo en gran medida de la metodología de medición utilizada. Las encuestas de establecimientos producen principalmente estadísticas sobre las “horas de trabajo remuneradas” correspondientes a un subconjunto de trabajadores asalariados, y, a veces, sobre las “horas extraordinarias” remuneradas según tasas por hora habituales o superiores, y sobre el “absentismo laboral” que resulta en una reducción del salario. Por lo general, las encuestas de hogares producen estadísticas para todo el ámbito poblacional sobre las “horas efectivamente trabajadas” y las “horas habitualmente trabajadas” en una semana de referencia. Contrariamente a lo que ocurre con las estadísticas sobre el tiempo de trabajo, pocos países (principalmente desarrollados) compilan estadísticas sobre la ordenación del tiempo de trabajo o sobre las horas anuales trabajadas. Pese a la necesidad de disponer de dichas estadísticas, es poco frecuente que los servicios nacionales de estadística calculen o hagan estimaciones de estos conceptos, debido quizá a la falta de orientaciones o consenso a nivel internacional sobre cómo han de definirse y calcularse o estimarse."

Acabáramos. La frase final pone luz sobre todo este asunto: "...debido quizá a la falta de orientaciones o consenso a nivel internacional sobre cómo han de definirse y calcularse o estimarse." No existe una metodología única, ni unos parámetros estandarizados, ni siquiera un acuerdo sobre qué conceptos deben incluirse dentro de la denominación "absentismo". Cada país, cada sector productivo, tiene su propia vara de medir. Como mucho existen estudios privados encargados a consultorías que han intentado equiparar las mediciones de absentismo de diversos países, pero que no gozan de estatus oficial internacional, porque es lo mismo que juntar datos de diferentes sistemas de medida no normalizados. O sea, un desastre. Porque cuando se comparan los datos de absentismo que elabora el Instituto Nacional de Estadística con los de Francia o el Reino Unido, no se sabe si se han empleado los mismos parámetros, ni cómo se han computado las variables que entran en juego. De este modo, según quien encargue el estudio, se obtendrán unos datos que favorezcan determinadas visiones, arrimando cada uno el ascua a su sardina.

Sólo un ejemplo: la determinación sobre la obligación de cumplir deberes públicos inexcusables -como formar parte de una mesa electoral- no recibe el mismo tratamiento de un país a otro. Peor aún, en esta españolísima España, según qué sectores computan este concepto como absentismo o no, según la metodología empleada. En fin, que como dice la OIT, no hay consenso, y sin él es totalmente inviable efectuar una comparativa decente sobre el absentismo. Y eso lo sabe el señor de la cagada, quiero decir de la Cavada.

Además, puestos a buscar los tres pies al gato, le puedo citar un sesudo estudio de Osterkamp y alumnos, publicado en CESifo Economic Studies de 2007, que analizando el porcentaje de trabajadores con al menos un día de ausencia al año, en España nos salía un índice inferior al de Austria, Alemania, Noruega o Suecia, y muy parecido al de Suiza. Toma estadística.  No por ello quiero desmentir a la CEOE y su caterva de expertos, sino sólo demostrar que según se hurgue en las fuentes, los resultados pueden ser muy diferentes. Devastadoramente diferentes.

Hasta aquí hemos recorrido el camino de la idiotez proferida por el director general de relaciones laborales de la CEOE. Ahora nos toca tomar el desvío de la infamia, para poner en el lugar que le corresponde en la historia nacional a este personaje, que pese a haber rectificado a las pocas horas, se ha despachado públicamente contra el dolor ajeno con unas apreciaciones como mínimo chocantes, pues se ha quedado tan tranquilo afirmando que ya no estamos en la época de las diligencias para necesitar tanto tiempo para dignar las honras fúnebres de un familiar directo. Espectacular.

Espectacular porque bien sabemos que existen los aviones a reacción y los trenes de alta velocidad, pero los sensatos que aún quedan por estos lares comprenden que ni todo el mundo puede costearse medios tan fulgurantes de desplazamiento, ni todas las localidades están tan bien conectadas como para utilizarlos. El más nimio conocimiento de topografía le permitirá saber, señor de la Cavada, que si se hubiera de desplazar usted desde Lepe a Viella, por un suponer, iba a tener bastante trabajo para conseguir enlaces y conexiones suficientes para llegar a tiempo al funeral. Y de que, cuanto mayor es la superficie de un país, más complicadas pueden ser las conexiones, sobre todo si fuera usted -que no lo es- un españolito de a pie bien fastidiado por la crisis y tuviera que ir en autobuses de linea y trenes regionales, de esos que todavía se mueven a paso de borreguero.

No quiero acabar sin mencionar otro factor crucial, que es la distinta tasa de envejecimiento de la población activa no sólo por países, sino dentro de los diversos sectores económicos. En la Administración de la Seguridad Social, a la que pertenezco, la edad media se acerca peligrosamente a los cincuenta años. Como no hay reposición de efectivos, la perspectiva a diez años vista es de un envejecimiento brutal. Y envejecer trae consigo, inevitablemente, una mayor tasa de absentismo por enfermedad. Vale la pena mencionarlo para cuando otros personajes ignorantes o malentincionados le quieran colgar el muerto de un mayor absentismo a la administración pública frente al sector privado. Y recordarles que los datos en bruto no sirven de nada, salvo para ese politiqueo de baratillo al que somos tan aficionados en este país. Los datos hay que ponerlos siempre en su contexto, equipararlos, liberarlos de variables indeseadas. 

El absentismo sólo puede medirse en relación con los tramos de edad  de cada sector económico y de la composición de la fuerza laboral de cada país. Algo que no ha hecho nadie hasta la fecha, y menos con alcance internacional. Poniéndonos en casos hipotéticos, si usted comparase Juvenilandia, donde la media de edad de la fuerza laboral fuese de 30 años, con Oldilandia, con una media de edad de 55 años, esos veinticinco años de diferencia le darían un índice de absentismo terriblemente diferente entre ambos países, al menos en lo que se refiere a las bajas por enfermedad. Omitir este hecho es beber tanto de las fuentes de la estupidez como de las de la infamia, actividad a la que parecen tan aficionadas muchas personalidades de la vida pública celtibérica.

A lo peor, señor de la Cavada,  se pensaba usted que esa jornada sobre el absentismo era algo que tenía que ver con el consumo inmoderado de absenta, y se puso a ello sin inhibición alguna. Y es que a algunos, eso del consumo responsable parece que no les concierne lo más mínimo.

Más sobre las pensiones

En mi anterior entrada publiqué una explicación sobre el factor de sostenibilidad de forma llana, para todos los públicos. Lo hice porque preveía la ola de barbaridades que iban a comenzarse a decir sobre este asunto, que no son más que burdas intoxicaciones sin más base que los deseos personales de sus redactores.

Para el caso me vale el bodrio que publicó está misma semana el señor Manuel Llamas en "Libertad Digital" bajo el título "Jubílese con un millón de euros". Se da la circunstancia de que el señor Llamas es el redactor jefe de economía de dicha publicación, lo cual simplemente me aterroriza. Si individuos así pueden llegar a ocupar cargos de cierta responsabilidad sin que nadie les ponga el bocado es que vamos mal. Muy mal.

En su artículo, el señor Llamas destila esa mezcla de estulticia y abyección tan propia de quienes se han rendido incondicionalmente a una ideología, cualquiera que sea su color, anulando el más mínimo atisbo de pensamiento crítico de sus mentes. Esa incapacidad de analizar objetivamente las ideas, que les lleva a profesar un dogmatismo incontestable desde sus elevados púlpitos, les impide siquiera ver los defectos de las ideologías que abrazan, y las virtudes de las que se manifiestan contrarias a sus intereses. Ciegos a toda reflexión, estos personajes se vuelven capaces de defender lo indefendible utilizando argumentos testiculares, que han fluido directamente desde sus gónadas hasta sus teclados de ordenador. Un estilo ronceriano, que no por popular es menos nefasto y degradante de la profesión periodística.

El señor Llamas, en su artículo imparte dogmas como el que da hostias bendecidas. Tres de ellos me han dejado francamente perplejo y merecen respuesta, por la increíble dosis de falsedad que manifiestan. Pero antes debo decir que bien está que el señor Llamas defienda los sistemas de capitalización privados de pensiones, pues incluso yo mismo podría estar de acuerdo en algunas de sus ventajas. Lo que ya no es de recibo es que los argumentos que emplea en su artículo sean totalmente falsos. Por no decir inventados.

Comienza el señor Roncero, perdón, el señor Llamas, diciendo que del informe del comité de expertos sobre el factor de sostenibilidad se deduce que las pensiones públicas en el  futuro serán de miseria, con una reducción de importes de hasta el 60 por ciento. No sé si el redactor jefe de economía de Libertad Digital sabe leer, pero presumo que sí, aunque me siento inclinado a pensar que en ese caso no se ha mirado ni una sola de las 43 páginas que constituyen el informe. En ellas ni por atisbo se dice que las pensiones públicas vayan a desplomarse de modo tan catastrófico, ni mucho menos. A lo más, hay una tabla que indica que en el 2050, la caída de la pensión inicial sería de un veinte por ciento.

Por cierto, que a mí eso me parece poco, teniendo en cuenta que, por mucha rabia que nos de a todos los futuros pensionistas, las pensiones públicas en los países más avanzados de Europa hace muchos años que no equivalen al cien por cien del último salario, y oscilan entre el 60 y el 75 por ciento de dicho importe. Cosa lógica por otra parte, porque los retirados de la vida laboral ya no suelen tener los compromisos de gasto que suelen tener quienes tienen muchos años menos: hipotecas y gastos por hijos, básicamente.  Quiero decir que con una pensión equivalente al 70 por ciento del último salario, un jubilado debe poder vivir razonablemente bien. Si desea mejoras, que se las provisiones privadamente, por supuesto.

En el siguiente párrafo se le ve el plumero enseguida al señor Llamas, porque denomina a las pensiones públicas "la gran estafa", para acto seguido efectuar una delirante apología de las pensiones privadas. Vamos a ver, señor llamas, no se quien le paga a usted, pero a veces ser más ferviente partidario de una idea que el propio fundador resulta cómicamente embarazoso. Algo así como ser más católico que el Papa. O más estalinista que Stalin. Ni el Milton Friedman de sus mejores tiempos se hubiese atrevido a afirmar semejante aberración, pues él, como cualquiera medianamente documentado, le diría que las pensiones públicas han sido la fuente de estabilidad económica de gran parte de la población de occidente durante muchísimos años, y especialmente desde el final de la segunda guerra mundial. O sea, que ninguna estafa, salvo la que usted pretende colarnos, en forma de timo de la estampita periodístico.

Eso sin tener en cuenta un par de detalles que no son nimios, precisamente. El primero de ellos es que las dos últimas crisis financieras se han llevado por delante unos cuantos fondos de pensiones en el paraíso de las pensiones privadas, los EE.UU. Y que el gobierno federal ha tenido que salir repetidamente al rescate con inyecciones de fondos de pasmosa cuantía, incluso para los estándares norteamericanos, ya de por sí dados a la grandilocuencia y la exageración. También no está de más recordar que los intentos de pasar a sistemas de capitalización de pensiones en Iberoamérica han dado resultados desiguales e inferiores a lo esperado, por utilizar un adjetivo misericordioso. Y que, por último, y esto es lo más evidente, si siguiendo la línea argumental del señor Llamas admitimos que los estados soberanos son incapaces de garantizar una pensión digna a cuarenta años vista, nadie en sus cabales creerá que una entidad privada pueda garantizar en el mismo plazo que nuestros dineritos estarán ahí esperándonos bien engordados por unos generosos intereses. Más bien, a la vista de como los gestores financieros arruinan cada equis años a sus respectivas entidades, poner nuestro futuro en un fondo de pensiones privado es como para echarse a temblar, créame usted. 

No nos engañemos: lo que el estado no pueda garantizar, jamás podrá garantizarlo una entidad privada. Los estados, al menos hasta el presente, suelen tener una trayectoria más larga y consistente, con más peso específico y más confiabilidad que cualquier entidad privada, por sólida que presuma ser. Y si no, que le pregunten a Lehman Brothers, o a Caja Madrid, por poner dos ejemplos de antaño prestigiosas instituciones más que centenarias, pero que no han sobrevivido a sus respectivos estados. O sea, que si hablamos de garantías, señor Llamas, olvídese de las privadas. No sea cenutrio, hombre, que cosas así caen por su propio peso.

Ya para rematar, y justificar así el título de su panfleto, el señor Llamas hace un exámen, que yo calificaría de daliniano, si no fuera simplemente bochornoso, de las inefables ventajas de poner nuestros ahorros para pensiones en la bolsa, vistos sus rendimientos acumulados. Para ello utiliza el argumento, torticero como el que más, de que la rentabilidad media de la NYSE desde su fundación en 1871, es del 7 por ciento, similar también al del Ibex35 español. En fin, que me dan ganas de apagar el ordenador en el que escribo esto, de tan cansino que resulta tener que refutar semejante estupidez, pero allá vamos.

En primer lugar, las rentabilidades en una serie temporal lo suficientemente larga pueden ser indudablemente considerables, no lo niego. Sin embargo, las fluctuaciones a medio plazo pueden ser lo suficientemente intensas como para dejarnos en la ruina. El señor Llamas parte de la falacia de que en una situación de estampida financiera, como el lunes negro de 1987, o la crisis hipotecaria de 2008, los inversores tendrán la suficiente calma como para dejar sus inversiones en bolsa dormitar indefinidamente hasta que recuperen su valor. El problema es que cuando sucede con el Ibex35 lo del 2010, cuando su índice se redujo a la mitad de su valor, recuperar el importe de lo invertido puede requerir no una, sino dos vidas enteras. Y si nos toca jubilarnos en uno de esos ciclos decrecientes de la bolsa, estamos apañados, como bien saben todos cuantos invirtieron sus ahorros en los múltiples fondos de inversión que pululaban a mediados de la década pasada.

Jugar en bolsa es muy, pero que muy arriesgado, salvo que uno disponga de un buen capital sobrante y que diversifique mucho los riesgos. Por eso ningún fondo de pensiones, público o privado, se lo juega todo a esa carta. En una cosa le puedo dar la razón al señor Llamas: ciertamente se podría llegar a tener un millón de euros para la jubilación. Pero también es cierto que con mas probabilidad no sólo no tendríamos ese millón de euros, sino que tendríamos que mendigar el sustento a amigos y familiares. En cuanto a probabilidades, entendidas como un juego que afectara una mayoría de la población, son mucho mayores las de perder que las de ganar a la bolsa, y hay cientos de estudios que se lo pueden demostrar con los datos en la mano, señor Llamas. Por la sencilla razón de que los grandes períodos de beneficios en bolsa suelen correlacionarse con burbujas financieras especulativas, no sincronizadas con la economía real. Y cuando pincha la burbuja....

Un último apunte, señor redactor jefe de economía. Los rendimientos en bolsa muestran una relación inversa con los tipos oficiales de interés. Es muy fácil que con tipos de interés reales negativos, en un proceso que se inició en Japón después de su desastre económico de los años noventa, que el dinero privado fluya hacia productos más atractivos, encabezados por la inversión en bolsa. Pero lo cierto es que esos tipos de interés tan bajos son puramente coyunturales, y por muy larga que sea esa coyuntura, no tenemos ningún antecedente histórico que nos permita siquiera suponer que se vayan a mantener indefinidamente así. Al contrario, muchísimos expertos insisten en que esos tipos de interés tan bajos no son sostenibles durante mucho más tiempo, y que habrán de ir subiendo paulatina pero inexorablemente. Y con tipos de interés más altos, la bolsa ya no es tan atractiva, porque los rendimientos que genera frente al riesgo que se asume no compensan tanto. Así que, a largo plazo, es mucho más seguro y rentable invertir en deuda pública de los estados, incluso para gestionar las pensiones futuras. Públicas o privadas.

Señor Llamas, lo que usted ha escrito es una diatriba contra las pensiones públicas sin ningún fundamento. Podría haber empleado argumentos no tan espectaculares, pero mucho más realistas para defender su criterio, y sin necesidad de infundir pánico, que es la única intención palpable que percibo en sus palabras. Me gustaría pensar que las prisas por entregar su artículo le han hecho perder la cabeza y atajar  por la vía de una demagogia facilona que satisfaga a sus mentores en la sombra. Aunque tampoco puedo dejar de pensar si no será usted uno de esos nuevos periodistas carentes de toda ética y sentido de la responsabilidad que tanto abundan en la red, a la sombra de deleznables publicaciones digitales pretendidamente independientes. 

Qué pena, y qué asco.

Explicando el factor de sostenibilidad

El pasado 7 de junio, el comité de expertos hizo público su informe sobre el factor de sostenibilidad a aplicar a las pensiones públicas. Es un informe de carácter muy técnico y difícil de asimilar por los no iniciados. Esto es un grave problema porque va a cargar el debate de los próximos meses con razones puramente ideológicas para rellenar los agujeros de conocimiento de gran parte de la clase política, generalmente analfabeta en materia estadística y matemática.

Es cierto que hay muchas maneras de abordar un problema económico y que ninguna es totalmente satisfactoria. Ello se debe a que hay que usar series estadísticas y extrapolarlas a medio y largo plazo, un ejercicio muy peligroso porque la economía, al no ser una ciencia exacta sino más bien adivinatoria, trabaja sobre variables que tienen una gran dosis de incertidumbre futura.

Pero además del grado de confianza que puedan tener las variables utilizadas, existe otro factor muy importante que jamás se puede tener en cuenta, ni siquiera por aproximación, respecto a los sucesos futuros. Me refiero al impacto de los sucesos altamente improbables, y que por definición, son excluidos de todos los modelos matemáticos de predicción, pero cuya aparición genera cambios radicalmente profundos e inesperados en cualquier proceso. Lo que Nassim Taleb,  en su obra fundamental homónima, denomina el cisne negro. Un libro que no me cansaré nunca de recomendar a todos quienes sientan interés por desnudar la irrelevancia de muchas de las decisiones, presuntamente "científicas" que se toman merced a complejísimos modelos matemáticos que no sirven de gran cosa. 

De ahí que surjan tantos chascarrillos sobre economistas que, a fin de cuentas, son vistos como los grandes especialistas en predecir el pasado. Pero asumiendo esta circunstancia, nos encontramos con que cualquier predicción efectuada sobre bases ideológicas, estará siempre sometida a los mismos vaivenes. La incertidumbre no es de izquierdas ni de derechas, es solamente un hecho más que condiciona nuestras vidas, las de todos. Tratar de suavizarla, de reducir sus efectos negativos, debería ser el principal objetivo de los líderes económicos. Lamentablemente, no suele ser así, y además, por mucho que algunos se esfuercen, se ven continuamente superados por los acontecimientos. Alan Greenspan, durante muchos años director de la reserva federal estadounidense y que fue uno de los hombres más poderosos -en cuanto a política económica- del planeta, ha reconocido públicamente que todavía no entiende del todo como se llegó a producir el crac del 2008. O sea....

Pero en definitiva, de lo que se trata es de acotar los males futuros de la mejor manera posible. Y por eso, aunque pueda haber muchos enfoques ideológicos distintos, lo cierto es que tenemos un número limitado de variables para acometer el espinoso tema del gasto en las pensiones. Lo elemental del caso se resume en que tenemos unos ingresos limitados pero calculables, un número de pensionistas predecible y un gasto medio en pensiones que se puede extrapolar a medio plazo si no sucede nada especialmente anómalo, estudiando la evolución de unas cuantas variables. Eso es lo que ha hecho el comité de expertos, con mejor o peor fortuna. Aludir a su vinculación con el sector financiero y otros oscuros intereses en cargarse las pensiones públicas no es más que una forma de eludir el problema. O sea que no vayamos a morder ese anzuelo, porque lo que interesa de verdad aquí es explicar en qué consiste el factor de sostenibilidad y si responde a un enfoque racional. 

Creo que hay un punto en el que todos, con independencia de nuestra adscripción política, podemos estar de acuerdo. En cualquier grupo social los principios de la economía a largo plazo funcionan de igual modo: conocer cuántos seremos, saber de cuanto dinero dispondremos, cómo lo repartiremos y finalmente como haremos frente a las eventualidades que, casi con toda certeza, se van a presentar. Si expresamos eso de forma matemática, tendremos un factor de sostenibilidad que nos indicará como debemos gestionar nuestro dinero año tras año, de forma que garanticemos la solvencia económica de nuestro grupo y la superación de los baches en los que nos podamos ver inmersos.

El factor de sostenibilidad que han recomendado los expertos contiene, de hecho, dos factores distintos. El primero, que han denominado factor de equidad intergeneracional, consiste en un ajuste simple sobre la esperanza de vida a lo largo de un período de años, comenzando por un año que se toma como base. Lo que se pretende con este factor es que el importe global de la pensión que perciban dos pensionistas promedio a lo largo de su vida sea el mismo con independencia de los años que viva su generación respectiva. Es decir, si pensionistas nacidos en 1949 tienen una esperanza de vida de 20 años adicionales a partir de los 65, y los nacidos en 1985 tienen una esperanza de vida adicional de 25 años a partir de que cumplan los 65, tenemos que éstos últimos cobrarán su pensión durante cinco años más. Sin embargo, en promedio, todos habrán cotizado el mismo tiempo. Es decir, los nacidos en 1985 cobrarán cinco años más de pensión que los de 1949, sin haber aportado más dinero por ello. 

Como el sistema es de reparto del dinero que se recauda entre los cotizantes de hoy entre los pensionistas de ayer, resulta evidente que ésa es una de las fuentes de agotamiento de los recursos, siempre que la esperanza de vida se vaya incrementando de forma paulatina. Hay pocas alternativas; una de ellas sería ir incrementando continuamente la edad de jubilación de modo que los nacidos en 1985 se jubilaran cinco años más tarde que los de 1949, y así sucesivamente. La otra alternativa, que es la que propone el comité de expertos, consiste en reducir la pensión inicial en un porcentaje que surge de una simple proporción entre la esperanza de vida en el año que se tome como referencia (que es el 2014) y el año en que uno se jubile. De este modo, según las tablas actuales, los nacidos en 1985 tendrán una pensión inicial que será el 81% de la pensión que corresponda a quien se jubile en 2014 con los mismos años cotizados y mismas bases de cotización equivalentes.

Para que eso sea así, es preciso que las tablas de inferencia de la esperanza de vida a largo plazo sean correctas, lo cual es mucho aventurar. Desde una epidemia que liquide a todos los mayores de 65 años, hasta una conflagración bélica que reduzca drásticamente la esperanza de vida de la población civil, pasando por cualquier suceso catastrófico imaginable. Supongamos una nueva enfermedad como el SIDA pero que afectara mucho más a los ancianos. En ese caso, la esperanza de vida a partir de los 65 años entraría en franca regresión, en cuyo caso, el factor de equidad intergeneracional podría llegar a ser superior a 1, con lo que la pensión inicial sería mayor, no menor, a la equivalente en 2014.

Este primer factor sólo se aplicará a las pensiones nuevas, a partir del momento en que entre en vigor. En cambio, la segunda parte del factor de sostenibilidad afectará a todas las pensiones, nuevas y antiguas, porque se refiere al equilibrio entre entradas y salidas del sistema. Se denomina factor de revalorización anual y es considerablemente más complejo que el anterior, pero se puede explicar en términos relativamente simples. Recurriré para ello a la analogía de una familia.

Una familia en crecimiento (en edad reproductiva) que quiera hacer previsiones sobre la estabilidad de su economía, debe tener en cuenta unos cuantos factores esenciales (hay muchos más, pero eso añadiría una complejidad enorme a los cálculos). El primero de ellos es la tasa a la que crecen los ingresos reales (es decir, teniendo en cuenta la inflación). Este concepto permite calcular cuánto más podremos gastar en bruto, pero de él hay que descontar otros conceptos que restan capacidad de gasto.

Uno de ellos es el número de personas que se incorporan al  sistema. La familia crece, porque se tienen más hijos, y ese factor resta capacidad de gasto por persona. No es lo mismo tener un  hijo que doce, sobre todo si el número de hijos crece a una tasa superior a la de los ingresos reales. En el sistema de pensiones sucede que la familia siempre crece, porque el número de pensionistas  aumenta mientras la población y la esperanza de vida se incrementen. Otro  concepto relacionado con el anterior es lo que se denomina tasa de sustitución. Hay hijos que abandonan el círculo familiar mientras otros nacen. Su gasto promedio es diferente, porque no cuesta lo mismo un hijo en edad escolar que uno que ya ha finalizado sus estudios universitarios. Lo mismo sucede con las pensiones, pero sistemáticamente las que abandonan el sistema por fallecimiento suelen ser inferiores a las que entran en él. Por tanto, esta tasa acostumbra a ser también negativa. 

Un tercer y último concepto puede ser positivo, negativo o neutro. Se refiere al balance final anual en euros de toda la familia. Si los ingresos son superiores a los gastos, el balance es positivo y se dispone de más dinero para cada uno de sus miembros. Si es al contrario, la familia tiene déficit, y se dispone de menos dinero para cada uno de sus miembros. Si se gasta justo lo que se ingresa, el balance es cero y la situación es de estabilidad. Este concepto puede ser tremendamente variable de año en año, y por eso, es bueno añadirle una corrección, que los expertos han denominado "coeficiente alfa", para periodificar esas variaciones de año en año. Dicho de otro modo, los saldos negativos se reparten entre diversos años para mitigar su impacto en la economía familiar y evitar su colapso. Y también los saldos positivos, para evitar incrementos del gasto en un año que no puedan sostenerse en años venideros. Lo que es como decir que no está nada bien comprarle un Porsche al primogénito si es posible que al año siguiente no podamos pagarle ni el seguro de coche.

La suma de estos cuatro conceptos (ingresos reales, número de pensionistas, sustitución de las pensiones medias y saldo de ingresos y gastos) conforman el factor de revalorización anual. Se expresan en forma de tasas medias anuales, y para evitar oscilaciones bruscas de cada una de ellas, no se toman las de cada año en concreto, sino la de una serie impar de años, desde cinco o seis por detrás del año de jubilación hasta cinco o seis años por delante de dicha fecha, lo que dota al sistema de una considerable amortiguación. Es decir, que más que ser "la foto" de un año concreto, se refleja la evolución en un largo período de tiempo. 

En definitiva, es un sistema mucho más potente y equilibrado que el mero ajuste en función del IPC usado hasta ahora, porque el IPC no refleja el estado real de una economía, ni su evolución, ni su estabilidad. Si una familia incrementa el gasto anual en función exclusiva del IPC se puede encontrar en una situación de déficit muy fácilmente, De hecho, intuitivamente, nadie ajusta sus previsiones de gasto en función de esa variable (al menos nadie en su sano juicio). 

Ahora, lo que nos cabe esperar es que no nos aparezca ningún cisne negro que lo eche todo al traste. Después de todo, conviene que tengamos presente el azar, que siempre tiene la última palabra.

Desastres urbanos

El flamante edificio de los Encants de Barcelona hace aguas, literalmente, a escasos días de su prevista inauguración. Unas inoportunas lluvias han conseguido inundar la instalación y causar serios desperfectos a mercancías que ya estaban almacenadas por los comerciantes que allí tendrán sus tenderetes high-tech. Y nunca mejor dicho, llueve sobre mojado, pues no es la primera vez –y lamentablemente no será la última- que uno de esos edificios insignia de la modernísima Barcelona revelará defectos sustanciales de diseño y construcción una vez puestos en funcionamiento.

El meollo profundo de la cuestión radica en que el futurista y rompedor edificio ha costado nada más que 52 millones de euros. Uno se pregunta si para albergar a unos vendedores ambulantes es preciso tamaño desembolso, sobre todo en los tiempos que corren. Y es que 52 kilos son muchos para una actividad tan tercermundista como el cambalache tipo rastro, por mucho folclore, colorido  y tradición que se le quiera poner. Los mercadillos siempre han sido eso, mercadillos con una vocación itinerante y efímera, y aquí el ayuntamiento barcelonés ha querido hacer de la nueva economía de la crisis doméstica  un buque insignia del BCN design.

En la plaza de las Glories Catalanes asistimos a una operación de relumbrón que comenzó con el edificio AGBAR y continuó con la no menos célebre “grapadora” del DHUB, y que han querido rematar con el flamante techo de espejos que asemeja un radiotelescopio invertido del edificio de los encantes da Barcelona. A mi las lentejuelas y floripondios arquitectónicos ya me están bien, siempre que respondan a la iniciativa (o sea, al riesgo) del capital privado, pero 52 millones de euros de los bolsillos de los barceloneses me parecen una aberración que no se debería tolerar jamás con el presupuesto público. Sobre todo porque el engendro ese no los vale ni por casualidad. Y no porque sea un engendro, lo cual no es más que una opinión personal y particularísima tan digna de ser tenida en cuenta como de ser criticada, sino porque el fin al que se destina semejante dispendio no justifica el tremendo gasto que implica. El menudeo de objetos de segunda mano puede ser una fuente importante de subsistencia para un reducido grupo de personas, y la forma de adquirir unos bienes inalcanzables para las deterioradas economías de la nueva clase proletaria, pero no tiene lo que podamos  decir un alcance señalado para la ciudad. Salvo el puramente estético.

Esta afán del consistorio barcelonés por reinventar constantemente la ciudad, y hacer de esa zona una especie de La Defense a la mediterránea resulta un poco cargante, porque bajo el excelente paraguas de la promoción turística de la ciudad, llevamos muchos años tirando el dinero a lo loco. El dinero público me refiero, que el privado me trae al pairo en esta cuestión. Comenzando por el desaguisado del Fórum, que eso no lo amortizan ni nuestros tataranietos, y acabando por una serie de inversiones públicas, por las que todo el mundo pasa de puntillas, pero que ahí están inacabadas por los siglos de los siglos.

Para muestra, dos botones. La actual crisis financiera de la Universidad Politécnica se debe, en gran medida, al faraónico proyecto de reconstruir una UPC centralizada en la zona del Fórum. Millones y millones de euros empantanados ante la oposición mayoritaria de alumnos y profesores, pero ni caso. Otrosí: la Tesorería General de la Seguridad Social tiene adquiridos unos terrenos en Diagonal Mar que costaron chorrocientos millones de euros y que están actualmente vallados y cerrados a todo uso público ante la imposibilidad de llevar a cabo el fastuoso proyecto de una nueva sede central para la Seguridad Social en Barcelona. Unos terrenos que jamás han valido esa cifra. Tal vez costaron ese latrocinio, pero no lo valían entonces y mucho menos ahora. Al fin y al cabo, como se trataba de dinero de nuestro bolsillo a nadie de los que mandan le importaba.

Leyendo la noticia me viene a la memoria las gráciles y carísimas obras de Santiago Calatrava, a quien últimamente le cae un varapalo judicial tras otro sancionándole por los defectos de diseño y de construcción de unas cuantas de sus emblemáticas obras. Eso sí, el cobra ciento veinte kilos por proyectos como los de Valencia, y todos tranquilos. Esta indecencia de la gestión arquitectónica también debe formar parte del abultado coste del proyecto de los encantes de Barcelona, que ha gestionado el “prestigioso” despacho B720 Arquitectos. La madre que los parió: aquí se ha forrado todo dios y encima lo hacen mal. Y no pasará nada de nada. El seguro pagará los desperfectos, se harán arreglos de urgencia antes de la inauguración oficial y pelillos a la mar. Chitón y de puntillas hasta que nos olvidemos de todo el asunto y la cosa esa se integre en el paisaje urbano para admiración, pasmo  y babeo de idiotas nouvelle vague. O de idiotas a secas.

Cuando uno envejece llega a la ineludible conclusión de que los triunfadores sociales y económicos de este mundo son los que han prescindido de toda ética en las aspiraciones personales – digamos que muchas almas ya crecen raquíticas- y de cualquier escrúpulo para alcanzarlas– el  todo vale justificador de los fines y de los medios empleados. La ambición se ha vuelto tan desmedida que incluso en tiempos de crisis generalizada, los buitres sociales y económicos medran más que nunca, amparándose en el amiguismo y el conchabeo; en las siglas y las adhesiones interesadas. Incluso en la religión, haciendo del catolicismo rampante una farisaica exculpación de todos los desmanes que se cometen fuera del templo.

La honestidad no es  de derechas ni de izquierdas, no es religiosa ni atea, no es españolista ni catalanista, ni es patrimonio de ningún sector social, económico o profesional. La decencia es una cualidad individual, personal e intransferible, que consiste en sumar a unos sólidos principios éticos universales, una conciencia que impida la desviación espurea e interesada de nuestros actos en perjuicio del bien común. Harán bien en recordarlo cuantos se empeñan en creer que nuestro paraíso catalán será distinto por el mero hecho de sacudirnos el yugo centralista, como si la independencia nos fuera a librar de tan arraigados males. La independencia nacional es una cosa; la regeneración política y ciudadana otra muy distinta. Y con los actores que deambulan actualmente por el escenario, resulta utópico creer que la independencia catalana facilitaría que tuviéramos una sociedad más limpia y más justa.

Recordemos que estos dislates arquitectónicos los han llevado a cabo sucesiva y alternativamente, gobiernos de izquierdas y de derechas, nacionalistas y antinacionalistas. La corrosión moral es un mal mucho más extendido de lo que parece y afecta por igual a todos los sectores políticos, económicos y sociales de nuestro país. Sin eliminar esa herrumbre que corrompe nuestra sociedad no hay proyecto político o social que pueda triunfar, por buenas que sean sus intenciones iniciales. Los ciudadanos de este país necesitan acometer en primer lugar una regeneración individual, que comience por desterrar el concepto del beneficio económico a toda costa como motor de la evolución social. Sólo a partir de ahí puede concebirse una regeneración de la sociedad. Desde las bases hasta la cúspide, desde las partes hacia el todo, pero nunca a la inversa.

Y eso empieza por nosotros mismos, desde nuestros hogares y en nuestro trabajo. No es una cuestión de legislar y legislar, y de fiscalizar y más fiscalizar. Dicen que los gobiernos que más legislan son los gobiernos más débiles, sabedores de que su propia debilidad hace imposible que las normas, por mucho que proliferen, se acaben cumpliendo.  Legislar y fiscalizar a posteriori son excusas -bastante burdas, por cierto- para justificar sobre el papel la presunta decencia gubernamental. Pero la verdad es que una sociedad honesta, íntegra, no necesita de tantas leyes y de tantos controles puramente nominales. Porque como todos estamos viendo, eso no sirve de nada: los malos siempre encuentran una escapatoria u otra.  Como ocurrirá, sin duda alguna, con el desastre de los encantes de mi ciudad.

Pedir perdón

Me gustaría que este país fuera como Italia, donde el ministro del ramo ha solicitado perdón a todos los jóvenes que tienen que emigrar para ganarse la vida. Aquí no, aquí no pide perdón nadie ni por accidente. En cambio, nuestros políticos se descuelgan con eufemismos como los de la ministra Bañez, sobre la movilidad exterior. El peor problema de este país no es que nadie dimita, sino que nadie se siente responsable de nada, incluso para algo tan sencillo como para pedir perdón en nombre de todos los gobernantes, pretéritos, actuales y sin distinción de siglas, que han conducido a sus ciudadanos a la terrible ciénaga en la que nos estamos ahogando.

Por cierto, no hay que olvidar que la actual crisis, por mucho empeño que ponga el PP en cargársela exclusivamente a las filas socialistas, se gestó en los dos gobiernos anteriores del señor Aznar. El PP, entre 1996 y 2004, fue el progenitor indiscutible de esta barbaridad económica en la que vivimos, que se sustentó en tres patas: una política de suelo nefasta, que disparó la especulación inmobiliaria a niveles nunca vistos;  una actitud de “laissez faire, laissez passer” ante los gastos de las administraciones públicas que comenzó la bola de nieve del déficit público desmesurado; y una política de puertas abiertas migratorias que condujo a que en siete años la población española se incrementara en casi seis millones de personas.

Zapatero, por su parte, era un indocumentado económico al que ya le iba bien lo que estaba pasando en España, y se limitó a dejar que la bola rodara por inercia, sin percatarse que al final del recorrido no habría ninguna red de protección, sino un barranco profundísimo por el que el país caería a plomo. Como buen iluminado, centró su gestión con políticas de relumbrón en el ámbito social, pero su gestión económica sólo sirvió para acelerar el endeudamiento nacional, sin advertir la fragilidad del modelo económico; y lo que es peor, que la base inmigrante con que se había dotado el país no servía de amortiguación, porque era de muy baja o nula cualificación y estaba empleada en sectores vulnerables o de bajísimo valor añadido.

Pero ni Zapatero ni Rajoy ni ninguno de sus ilustres colaboradores gubernamentales han tenido jamás la decencia de pedir perdón por tan mal gobierno de la nave nacional. Peor aún, ahora nos sale el señorito González Pons con una afirmación sonrojante, según la cual, los jóvenes españoles que tienen que emigrar a otros países de la Unión Europea no son emigrantes, porque según su entendido parecer, el territorio de la UE es nuestra casa también. Y si uno no se mueve de casa no emigra. ¡Eureka!

Pues no, señor González, de ninguna manera. Como tampoco estaban en su casa los cientos de miles de andaluces y extremeños que en los años sesenta abandonaron sus hogares para venirse a la periferia de Barcelona, por mucho que estuvieran en territorio español. Más adelante, la mayoría de ellos hicieron de Catalunya su casa, pero cuando emigraron con todo el dolor de su alma, les habría parecido muy cínico que un sinvergüenza trajeado les espetara que no se entristecieran, que a fin de cuentas estaban en casa.

Mi casa no es donde yo estoy, sino donde yo elijo libremente estar, señor González Pons. Si las autoridades de mi país, por su inepcia, me obligan a  tomar las de Villadiego económico, me parece insultante que me digan que no emigro, porque estoy “en casa”. Si me voy forzado, sin desearlo, sencillamente porque me muero de hambre, mi destino nunca será mi casa. Otra cosa es que al cabo de un tiempo haga del limón la limonada, eche raíces, y me sienta como en casa. Pero aún así, casi todos los emigrantes hablan de “su segundo hogar”. Por algo será.

Además, la Unión Europea es un espacio plurinacional por el que podemos movernos libremente y establecernos si nos apetece, pero no es “nuestra casa”. Ni tampoco la suya ni la de todos sus compañeros de viaje político, señor González Pons, porque si así fuera, años haría que hubieran avanzado en una auténtica unión política, social y económica, a la que se resisten todos ustedes como gatos panza arriba. Ustedes son los primeros que consideran a Europa sólo como un gran mercado sin fronteras, pero en cuestiones de soberanía y de identidad nacional, son tan excluyentes como el que más. Y así es difícil poder afirmar que Europa es “nuestra casa”, maldita sea.

Por otra parte, el señor González Pons, además de pregonar desde el estrado de su patente pijerío -con muy buenas maneras, eso sí- obvia una cuestión que se me antoja fundamental. Y es que quienes están emigrando son los jóvenes españoles mejor preparados. La flor y nata universitaria, la generación mejor preparada y más cualificada de nuestra historia, está siendo sacrificada en el altar del exilio económico. Y eso nunca será buena noticia para nadie, porque es un capital perdido para el futuro. Con muchas posibilidades de que no regrese jamás.

Aún más, el señor González Pons omite que, aunque estén “en casa”, como él dice, los beneficios de su actividad económica sólo revertirán en sus países de destino. Su creatividad y productividad serán alemanas, francesas o suecas. Sus impuestos se quedarán en Holanda, Dinamarca o Gran Bretaña. Sus hijos serán europeos, pero no españoles. Lo único que quedará de España en ellos será la nostalgia de un hermoso país malgastado en manos de unos bribones.

Le diré aún más, señor González Pons. Han renunciado ustedes –todos ustedes, es decir, toda la clase política- a luchar por retener a esa joven generación en España. Sus políticas insanas de los últimos diez años la han cambiado por el plato de lentejas de una inmigración no cualificada. Al final tenemos el cambalache más apasionante de la historia social española: importamos  seis millones de empleados de la construcción, camareros y empleadas de hogar, y exportamos, por un precio irrisorio, lo mejor de nuestra clase universitaria. A eso lo llamo yo déficit de la balanza comercial, y lo demás son pamplinas.

La locura por incrementar la base de la pirámide social, so pretexto de una presunta quiebra de la Seguridad Social que llevan vaticinándonos desde el año 1985 es, irónicamente, la que ha conducido a la situación de crisis de las arcas de la Seguridad Social, debido tanto al incremento del número de jubilados como el de desempleados, con el coste adicional que suponen para el presupuesto nacional. A cambio, tenemos una base de la pirámide ensanchada con trabajadores de baja cualificación, escasa integración social, y altos costes presupuestarios por las prestaciones educativas y sanitarias a las que acceden con unas cotizaciones y tasas impositivas muy bajas.

Y además, toda esa población inmigrante tiene meridianamente claro que España no es “su casa”, y por eso, la mayor parte de lo que ahorran lo envían a sus países de origen, con la intención no disimulada de hacerse un capital y regresar allí en cuanto puedan, o para emprender negocios en su país, o  sencillamente para sostener económicamente al resto de sus familias. Una cuestión de lógica tan aplastante que no comprendo como todavía, ninguno de entre tanto experto económico haya salido a la palestra a explicar la importancia del drenaje de capital español que se dirige a terceros países por la vía de remesas de las familias inmigrantes. Que las fugas de capital no son sólo financieras, señores del gobierno.

Si alguien quiere ver tintes xenófobos en las últimas líneas, está muy equivocado. No se trata de eso sino de recalcar la falta de racionalidad en la política migratoria de este y los anteriores gobiernos que nos han afligido. Lo mismo sería que nos hubiéramos visto invadidos por millones de rubios querubines  nórdicos sin cualificación profesional alguna: el fenómeno de exclusión de los miembros más valiosos ante una situación de recesión económica brutal –los jóvenes cualificados en busca de primer empleo- se hubiera producido igualmente. Una política racional en materia migratoria, con un cuidadoso análisis de las necesidades reales (al margen de los intereses oscuros de pretendidos expertos a sueldo de muchas entidades financieras y aseguradoras) hubiera impedido el crecimiento masivo de las capas menos cualificadas de la población en edad laboral, que a partir de ahora vivirán durante muchos años en situación de precariedad o directamente de la economía sumergida, pero reticentes –cómo no- a abandonar España mientras todavía queden migajas del pastel de protección social que repartir.

Porque el pastel de verdad, el de los miles de jóvenes españoles con un suculento valor añadido, se lo comerán los miembros boyantes de la Unión Europea. En su casa, señor González Pons.

La ministra maruja

Decía Jean François Revel, con una de aquellas frases lapidarias y secas como puñetazos que le caracterizaban,  que la primera fuerza que dirige el mundo es la mentira. Yo añadiría que en el caso particular de España, es la mentira sostenida con desfachatez, incluso en contra de todas las evidencias, por abrumadoras que sean. Incluso cuando es obvio que se trata de tamaña falsedad que se prefiere pasar por estúpido antes que reconocer que se está cometiendo un error.

Viene esto a cuento del caso, ejemplar pero no único, de la ministra Ana Mato y de su presunto desconocimiento de las fuentes económicas con las que se nutría su presupuesto familiar. En este asunto se ha querido hacer recaer toda la responsabilidad en su exmarido, convertido en chivo expiatorio de una serie de despropósitos de las que no dudo que sea responsable, por su evidente  implicación en la trama Gürtel, a fin de tratar de dejar incólume la reputación de la ministra.

La maniobra es justificable, dado que el señor Sepúlveda ha caído totalmente en desgracia, y en cambio la señora Mato ostenta altas responsabilidades políticas en el gobierno. Cualquiera trataría de desviar todo el peso de este asunto hacia actores secundarios, pero a mi modo de ver los estrategas de esta operación han cometido el error de bulto de equiparar a la señora Mato con la típica ama de casa sometida al imperio de uno de esos maridos a la antigua que jamás daban razón de sus actividades ni rendían cuentas de sus ingresos. De aquellos que le daban a la parienta la semanada para la compra sin permitirles fisgar en el extracto bancario.

No tengo un ápice de duda de que matrimonios así aun existen, para desgracia de todos sus integrantes, pero creo que responden a un modelo de relación familiar cada vez más anacrónico. Las mujeres han adquirido un peso relevante en la economía familiar, y la igualación de los roles en el ámbito doméstico es algo palpable en las últimas décadas, a la par que un signo importantísimo de avance social. Especialmente en el caso de las mujeres universitarias, con una educación superior, unas aspiraciones profesionales legítimas y una responsabilidad compartida -cuando no esencial- en las economías familiares.

Si además consideramos a una profesional con un perfil orientado a la política, su implicación en las cuestiones económicas familiares debiera ser mayúscula. Un  político en ejercicio ha de aspirar a ser un espejo en el que se mire el resto de la sociedad. Una mujer que alcanza  los niveles superiores del gobierno de la nación, debe responder más que cualquier otra a un estándar muy alto de profesionalidad, implicación y conocimiento de todo su entorno, incluyendo el personal y familiar. Aquellas señoras que se limitan al papel de mantenidas pijas de clase alta, que miran para otro lado ante las actividades más o menos ilícitas de sus maridos, mientras se tuestan en el solarium de un gimnasio exclusivo, pueden tener su lugar la sol entre las clases acomodadas, pero no en la política. Y mucho menos en la alta política.

La señora Mato está quedando como una pobre idiota de aquellas a las que el marido tenía supeditada en todas las decisiones económicas familiares, desde la compra del coche hasta el destino de las vacaciones. Una especie de nulidad limitada a la gestión del día a día doméstico. Una maruja de tomo y lomo, acabáramos.  Pero la cuestión ya no es si la señora ministra es una maruja contumaz, sino a la inversa, si una maruja de un país moderno y con cuarenta y tantos millones de habitantes puede ser ministra del gobierno.

Me siento tentado a pensar que la imperiosa necesidad de satisfacer cuotas femeninas en todas las actividades políticas nos esté conduciendo al despropósito de elevar a verdaderas incompetentes a puestos relevantes del gobierno nacional. Esta moda, que inauguró en tiempos recientes el PSOE, con sus Bibianas y sus Leires, que eran un prodigio de insustancialidad, parece haberse extendido al PP, que también tiene su cuota de féminas cuya aptitud política me siento incapaz de apreciar (claro que muchos de sus colegas masculinos se encuentran en la misma situación). 

Pero no quiero desviarme de la cuestión, de modo que me abstendré de juzgar políticamente a la señora Mato. A lo que quiero referirme es al curioso método exculpatorio que ha usado el gobierno para salvarle el pellejo a la ministra. Han preferido hacerla pasar por idiota e ignorante de lo que sucedía en su casa, a hacerla dimitir. Digo yo que la tesitura es bastante enojosa para ella. La imagino cada mañana encarando la entrada la ministerio mientras todos sus subordinados, desde el conserje de la entrada al jefe de gabinete, se descojonan por lo bajinis por tener al mando a una mujer que durante una pila de años no se enteraba de los tejemanejes de quien compartía con ella el lecho conyugal. 

Me pregunto si el señor Rajoy ha caído en la cuenta de que una mujer que no controlaba lo más mínimo un entorno reducido como el doméstico no puede estar capacitada para dirigir el Ministerio de Sanidad de un país que no es precisamente minúsculo. Claro que igual sostiene el prócer que su despiste conyugal no empaña sus cualidades como política. Pero permítanme que discrepe, porque de un ministro en ejercicio se debe esperar que sea buen gestor, perspicaz e informado, y que esté al quite de todas las cuestiones relevantes que suceden en  el entramado ministerial.

Ya no se trata de la vieja disputa de delimitar hasta donde alcanzan las responsabilidades de los altos cargos y de si deben o no deben dimitir por los escándalos protagonizados por sus subordinados en el escalafón. Se trata, simplemente, de que admitir que la señora Mato no supo nada de lo que ocurría en su entorno es reconocer un tal grado de incompetencia doméstica, y de capacidad de ser manejada y manipulada por su entorno, que la inhabilitan totalmente para el mando político. 

Y aun así, impertérrito, Rajoy la mantiene en el puesto y la defiende. España no puede permitirse que un miembro del gobierno quede en el ridículo más espantoso y seguir así como si nada hubiera ocurrido. Porque insisto, aquí no estoy efectuando un juicio ético o político, ambos tan proclives a ser sesgados según los intereses de cada uno, sino un juicio de competencia profesional. Si las proclamas de inocencia de Ana Mato son ciertas (y no me apetece poner en duda que lo sean), está reconociendo su desidia, su desinformación y su incompetencia como responsable de su familia; y ello me lleva a concluir que difícilmente sea diferente en su despacho del ministerio.

Lo que demuestra que en política hay los que valen (una minoría), y todos los demás, que se alzan con importantes parcelas de poder pese a no tener un perfil adecuado, sencillamente por la influencia de sus respectivos padrinos o el poder de su facción en el aparato del partido. La señora Mato debe tener muy buenas agarraderas en el seno del Partido Popular, pero muy poco sentido de la responsabilidad; y lo que es peor, muy poca vergüenza. Hasta las porteras de mi barrio se escandalizan del mal lugar en que ha dejado a las mujeres que durante décadas han luchado por la igualdad de los dos sexos, que no sólo se trataba de una igualdad de derechos, sino también de responsabilidades. Entre las que una de las primeras, es la de tener toda la información y poder tomar decisiones en el ámbito doméstico en plena igualdad con sus cónyuges.

Señora Mato, es posible que su ex fuera un sinvergüenza y un corrupto; lo que no tendría que haber sucedido jamás, es que usted fuera incapaz de advertirlo e impedirlo. Sólo por eso, no merece usted ser ministra del gobierno de España.