La sociedad civil catalana y otras zarandajas

Semana prolífica en lo relativo a disparates políticos fundamentados en el sesgo interesado y en la falta de fundamento racional. Todo ello a cuento de la celebración del 12 de octubre. Y debido a las insistentes manifestaciones sobre la “mayoría silenciosa” catalano-española y sobre la necesidad de que el gobierno catalán “escuche” a la parte de la sociedad civil que con toda legitimidad, pretende seguir unida a España.

Digo que los políticos –y no me pondré a decir nombres, no sea que me querellen por injurias- se empeñan en ramonear los brotes del árbol de la estupidez, pues resulta que aplican a sus intereses el mismo énfasis que ponen en descalificar los intereses y opiniones simétricos a los suyos, y que son, por supuesto, igualmente válidos y aceptables. Y de paso, se descalifican ellos solitos al oponerse no a los intereses de sus oponentes –lo cual, insisto, es perfectamente legítimo- sino al hacerlo con los mismos argumentos que ellos proclaman válidos para los suyos. Lo cual resulta alucinante a poco que uno se estruje la sesera y sin necesidad de ser una eminencia de la lógica aplicada.

En primer lugar, cabría hablar de números. Los números por los cuales los convocantes de la manifestación del 12-O de Barcelona se atribuyen una incierta mayoría, pues suman a sus asistentes a todos aquellos que presumen que no asistieron por ser seguidores del PSC o de UDC, cuyas formaciones no se sumaron a la convocatoria. Claro que, con este argumento, nos podemos desbordar estadísticamente, pues yo también puedo suponer que muchos que no acudieron a la Via Catalana también deberían ser sumados, como por ejemplo mis señores padres octogenarios junto con todos aquellos otros que por razón de edad o condición física o psíquica (pero declaradamente catalanistas en sus momentos de cordura) tuvieron que conformarse con quedarse en su casa o en la residencia de la tercera edad.

Vamos a ver, los asistentes a una manifestación son los que hay, y no otros. No se puede empezar a computar gente porque sí bajo la presunción de que estaban coartados o limitados, porque esa situación es totalmente simétrica respecto al bando contrario (conozco bastantes personas que se declaran soberanistas pero que, por diversas razones, entre las que cabe incluir las meramente laborales, prefieren no significarse públicamente). Y precisamente cabe añadir que una de las características matemáticas de todos los conjuntos (eso que se estudiaba en Primaria) es que si las condiciones son similares para todos los subconjuntos de un conjunto dado, la cantidad de elementos ocultos de todos ellos deben ser numéricamente proporcionales al número de elementos “visibles”. Luego, cabe suponer que en la Via Catalana, por mera cuestión numérica, habría que imputar más simpatizantes “no asistentes”  que a la manifestación del 12-O.

Claro que, a lo peor, los postulantes de semejante desatino igual son de los que vocean que aquí en Cataluña existe un régimen opresor y nazi que aplasta toda oposición españolista sin contemplaciones, y que los catalanes de pro nos dedicamos a joder a todo hijo de vecino que no sepa cantar Els Segadors como dios manda, al hilo de las divagaciones de nuestro gran trágico Albert Boadella y demás compinches. Digo yo que por eso la manifestación de la Plaza Cataluña transcurrió sin el más mínimo incidente, con la “otra” ciudadanía totalmente respetuosa con los miles de congregados allí. Incluso con los ultraderechistas que desfilaron por la Plaza España, que esos sí merecían repudio aunque fueran pocos. Ya puestos, me pregunto lo que hubiera pasado si cien mil independentistas catalanes se hubieran paseado por la Castellana y si, por un suponer, cabría la posibilidad de que los hubieran corrido a gorrazos, siquiera verbalmente.

Dicho esto, y reafirmando que en una sociedad madura los asistentes a una convocatoria son los que hay, sin excusas de ningún tipo, y menos aún alegando que era debido a la oposición de dos partidos políticos en concreto, nos encontramos con la otra parte del enunciado de marras: que la sociedad civil catalana reclama que se la escuche. A bote pronto, se me antoja que la única convocatoria que hizo la sociedad civil directamente fue la Via Catalana, porque se hizo desde una plataforma al margen de los partidos políticos, que después se sumaron con más o menos reticencias a ella. En cambio, la concentración del 12-O fue convocada por partidos políticos, a los que no se puede negar su representatividad, pero tampoco su dependencia de unas estructuras más que notorias. O sea, que más sociedad civil –y más  transversal- me parece la que aglutinó la Via Catalana que la de la manifestación del 12-O.

Digamos que, en todo caso, tan sociedad civil es una como la otra, sólo que la del 12-O resultaba bastante más mediatizada por intereses políticos muy determinados, que en más de una ocasión no tienen nada que ver con las aspiraciones de la tan manoseada “sociedad civil”. Aún así, equiparando una y otra convocatoria, me gustaría muchísimo y aplaudiría vivamente que los promotores del 12-O indicaran como se escucha a su parte de la sociedad catalana sin menospreciar a la otra, que reunió en las calles de Cataluña a diez veces más personal. Me refiero a que habrá que escuchar a ambas partes, y cuando las posiciones son encontradas, como es el caso, habrá que recurrir a métodos de resolución pacíficos y contrastados.

Partiendo de la base de que pertenecer al rodillo del PP (como lo era el del PSOE en su días de gloria) no es la mejor carta de presentación para solicitar que se escuche a la sociedad civil, ya que los partidos estatales hace tiempo que se quedaron totalmente sordos y además tiraron el "sonotone" a la basura -lo cual resulta de un cinismo muy típico de la derecha-derecha y de cierta izquierda jacobina-, habrá que llegar a la conclusión de que la única manera de que la sociedad civil sea escuchada en un régimen democrático consista en acudir a las urnas. Y no las de unas elecciones, que por aquello de la regla d’Hont y la representación proporcional, las listas cerradas y las demarcaciones heterogéneas introducen un sesgo muy inconveniente en estos temas, sino las de la democracia directa en su versión pura y dura. O sea, el referéndum, que es el procedimiento por el que se ausculta directamente y sin intermediarios a la ciudadanía.

Además, y no deja de resultar irónico, resulta bastante verosímil suponer que la movilización que ocasionaría la convocatoria de un referéndum despejaría todas las dudas del 12-O respecto a qué segmentos y porcentajes de la sociedad catalana están a favor o en contra de una separación pactada del estado español. Y que, con toda certeza, reflejaría con mucha más exactitud la situación que esos ejercicios de voluntarismo más o menos malintencionado con los que se pretende magnificar o minusvalorar mediante recuentos a grosso modo la eficacia de cualquier convocatoria pública.

Estoy de acuerdo en que muchos catalanes de origen o adopción viven esta época histórica con mucha incertidumbre, derivada de la opacidad con la que los sucesivos gobiernos manejan las cuentas públicas. Últimamente todos hemos podido leer que desde 2008 no se publican las balanzas fiscales de los territorios que integran el estado español. Si ese dato es cierto, no es más que el reflejo de una voluntad estatal de mantener al gran público desinformado al respecto, lo cual se convierte en una baza fundamental del independentismo. Si existiera auténtica transparencia, ese debate podría salir del ámbito emocional y visceral en el que se encuentra confinado y podría tener visos de una racionalidad más que necesaria, imprescindible.

Sin embargo, me temo que el riesgo de dar a conocer la verdad económica de los últimos treinta y cinco años en lo que se refiere a los flujos económicos entre Cataluña y el resto del estado español daría aún más alas a los que consideran que es imperioso un cambio de escenario. Incluso me atrevo a decir que muchos residentes no especialmente catalanistas optarían por otra dinámica si supiesen realmente qué se ha hecho con su dinero durante todo este tiempo y sobre todo, a qué fines ha servido en cada uno de los territorios del estado. Porque una cosa es cierta, el debate sobre la independencia es ante todo un debate económico, por mucho que determinadas decisiones de los últimos años, como el recurso contra el Estatut o la LOMCE, hagan parecer que se trata de un tema identitario. La economía tiene un peso fundamental en todo lo que está en el candelero, y los temas económicos afectan por igual a todos los ciudadanos de Cataluña, porque todos viajamos en el mismo barco. La identidad es la excusa, el pretexto para eludir el problema de fondo.  Lo que  cuenta es la economía. Y entonces me temo que los del rodillo tendrían que cambiar de discurso y actitud, algo de lo cual ya se ha vislumbrado en algunas declaraciones de la Sánchez Camacho, que han sentado como un tiro en la calle Génova.

Así que dejémonos de truculentas invocaciones a las mayorías silenciosas y de apelaciones a escuchar a la sociedad civil discrepante, y pongámonos de una vez a echar cuentas.  Todas: las de las mayorías sociales y las del dinero contante y sonante.