La sentencia Parot

Esta semana se ha destapado una nueva muestra de despropósitos gubernamentales y de algunas organizaciones adyacentes que, a cuentas de la sentencia Parot, han demostrado por partida doble el alto grado de demagogia y manipulación de la realidad, así como el desprecio por las más elementales normas del derecho común cuando los resultados de su aplicación no les convienen.

Aunque me hubiera gustado dejar esta conclusión  para el final, no puedo menos que empezar manifestando mi indignación por la tergiversación que las asociaciones de víctimas del terrorismo quieren aplicar sobre la sentencia de marras. Y quiero recordar a todo el que se precie de demócrata que la labor del Estado no consiste en administrar venganza, sino justicia.

Una justicia cuya concepción varía con el tiempo, pero que no es más que la plasmación, la instantánea, de la aplicación de la legalidad vigente en un momento dado. Pretender alterar la legalidad a posteriori es como retocar una foto antigua para que se ajuste a nuestro gusto moderno. Es decir, será una falsificación, un fraude.

Dos cosas quiero decirles a las víctimas del terrorismo. La primera es que entiendo su rabia. Si alguien matara a mi hijo mi intención perpetua sería quitar del medio al asesino. Por las buenas o por las malas, y si es posible para siempre, mejor. Pero eso no es justicia, eso es una vendetta en toda regla, la aplicación de la ley del talión que, en una sociedad moderna, pero sobre todo en la concepción actual del estado de derecho, resulta totalmente inadmisible. Mi sed de venganza tal vez sea lógica e incluso justificable, pero la obligación del Estado consiste en moderar mis impulsos y aplicar la legalidad vigente, y hacer caer todo el peso de la ley sobre mí si excedo los límites o aplico mi justicia por mi cuenta.

La segunda consideración que quiero hacer a las asociaciones de víctimas del terrorismo no es tan condescendiente con su actitud. Berrear a los cuatro vientos que exigen al gobierno que incumpla la sentencia es una aberración jurídica y una barbaridad cívica de dimensiones descomunales. En primer lugar, porque si se incumplen las sentencias judiciales internacionales, que además han sido adoptadas casi unánimemente por 17 magistrados de distintas procedencias, se está cuestionando la esencia misma del estado de derecho. Y además se admite un peligroso precedente que se puede volver en contra de quienes tanto vocean. No hay que olvidar que si se permite el incumplimiento de las sentencias judiciales fundamentadas sobre la legalidad, se cede al estado una peligrosa potestad que puede volverse en contra del ciudadano en cuanto al aparato del poder le convenga, pues no sólo significará que pueda derogar de facto la aplicación de las sentencias que sean desfavorables a determinados colectivos afines, sino también  las que les sean favorables cuando al estado no le convenga aplicarlas.

Por otra parte, lamento decir que las víctimas de ETA fueron unos pocos miles (829 muertos y bastantes más heridos con secuelas, así como sus familiares). Ninguna de dichas asociaciones, pese al enorme dolor que acumulan, son representativas de la sociedad española, y mucho menos disponen de la representatividad necesaria para solicitar al gobierno el incumplimiento de una sentencia internacional. Al igual que ha hecho el estado israelí durante mucho tiempo, parece que una minoría se cree justificada, en causa al indescriptible sufrimiento padecido anteriormente, para obrar según su conveniencia al margen del resto de la comunidad, pasándose por el forro los más elementales principios del derecho. Y eso no.

Porque uno de los más fundamentales principios del derecho común, en todos los estados civilizados, es el de la irretroactividad de las normas que tengan carácter sancionador o limitador de derechos. Ese principio está recogido en nuestra constitución, esa que según toda la derecha españoloide, es sagrada e intocable. Y ahí se demuestra el otro principio básico de la actuación derechista clásica: un cinismo consumado, que les lleva a denegar la modificación de la Constitución para algo como, por ejemplo, el derecho a decidir de la ciudadanía; pero en cambio se creen irrogados del poder de vulnerar a las primeras de cambio la carta magna para efectuar sus particulares ajustes de cuentas colectivos.

Y la sentencia Parot establece de forma nítida que el estado español promulgó una modificación legal del régimen penitenciario que aplicó de forma retroactiva a delitos cometidos con anterioridad. De ahí la práctica unanimidad de los jueces que redactaron la sentencia. Y el gobierno, con Mariano a la cabeza, que para eso es registrador de la propiedad, sabe muy bien que una norma sancionadora no se puede aplicar retroactivamente. Es algo tan esencial que lo conocen todos los estudiantes de primero de derecho, porque, en efecto, es de las primeras cosas que se les enseña.

Sorprendentemente, el gobierno entona el sonsonete de que la sentencia es “injusta y equivocada” en un ejercicio de demagogia más propio de los malabarismos del PSOE zapateril que de un gobierno pretendidamente serio, para tratar de calmar los ánimos de su sector ultra. Un sector ultra que, como ya he advertido en muchas otras ocasiones, tiene mucho más poder del que parece a primera vista. Un sector profundamente antidemocrático y anticívico, entendiendo con dicho calificativo a todo aquel colectivo que es capaz de vulnerar la ley en su propio interés aún cuando eso perjudique a la inmensa mayoría de sus conciudadanos. Un colectivo golpista en sus formas y neofascista en sus convicciones, del que parte del gobierno se sentirá orgulloso sólo en la intimidad, no sea que a algunos se les vean las costuras del uniforme negro que llevan puesto bajo el traje Armani.

En otras entradas anteriores de este blog ya advertí la irresistible tendencia del gobierno actual a saltarse la legalidad por su mera conveniencia, como la desaforada campaña recaudatoria que está llevando a cabo la Agencia Tributaria este año aplicando, de nuevo, retroactividad recaudatoria a hechos impositivos muy anteriores a las modificaciones que Montoro se ha sacado de la manga. Como ya advertí, en base a “novedosos” criterios pergeñados en el año 2012, se está atizando de lo lindo a sufridos contribuyentes por declaraciones de renta del 2008 al 2011. Así que atentos al dato, porque si se tolera que el gobierno de Rajoy, en base a la lágrima incontenible y al vocerío histérico, cometa la bárbara estupidez de desoír una sentencia que es totalmente indiscutible desde el punto de vista jurídico, se podrá afirmar que la democracia en España estará totalmente acabada.

Señoras y señores víctimas del terrorismo: si quieren cambiar las cosas, háganlo como se debe hacer en un estado de derecho. Modifiquen primero las leyes, incluso la Constitución si es preciso; y luego aplíquenlas con rigor y sentido de la justicia. Lamentablemente para ustedes, un terrorista tiene todavía los mismos derechos penales que cualquier otro ciudadano. Lo demás son enfoques personales: su rabia y su sed de venganza son todas suyas, no de toda la sociedad española.