Clean Hands

La extorsión es cosa muy fea, pero de límites imprecisos. Casi se podría afirmar que el delito de extorsión reside más en la mente del juzgador que en la del presunto delincuente. Forma parte de esos delitos en los que la lingüística tiene más peso que los hechos en sí mismos. Y eso lo convierte en la herramienta jurídica perfecta para saldar cuentas que de otro modo resultarían muy difíciles de cuadrar.

Básicamente, por extorsión entendemos la obtención de un beneficio patrimonial mediante intimidación. En prosa popular lo denominamos chantaje y todo el mundo se entiende. Lo que ya no se entiende tanto es que en unos casos el chantaje sea delito, y en otros –también muy evidentes- forma parte de las reglas del juego y nadie se escandaliza. Su formulación básica es  “quiero que tu hagas algo por mí, o si no….”, donde los puntos suspensivos implican alguna desgracia fácilmente conjeturable por parte del destinatario de la frase. Precisando un poco más, la extorsión se diferencia de las amenazas condicionales en que la primera tiene un objetivo claramente económico, mientras que las segundas no (“O te acuestas conmigo o le digo a tu marido que le pones cornamenta”), pero en el fondo vienen a ser lo mismo, y con penas iguales, de hasta cinco años a la sombra, que no son cosa de broma.

Ahora bien, en el mundo de los negocios, y en la vida social, los chantaje de uno y otro tipo son habituales, permanentes y considerados como algo prácticamente normal. Forman parte de eso tan nebuloso como lo que se denomina comúnmente “negociación” entre partes. Sólo que la negociación tiene sus límites (teóricos) en no causar daño a la parte contraria en beneficio propio. Algo tan ingenuo como ineficaz cuando se trata de obtener alguna ventaja.

De ahí que algunos afirmen que el chantaje sólo podría considerarse realmente delictivo cuando su trasfondo encubriera violencia, o bien cuando se pretendiera obligar al destinatario a cometer algún acto ilegal, pero no en los demás casos. En la mayoría de las negociaciones se trata de obtener ventajas o de reducir pérdidas (del tipo que sean), en las que todo el mundo tiene asumido que hay que ser idiota para no aprovechar las posibilidades de ganar. Ejemplo claro es la política, donde los partidos bisagra muchas veces ejercen este tipo de chantaje: o aceptas parte de mi programa (aunque sea a costa de tus electores) o te tumbo la legislatura. Y sin embargo, esto tan habitual merece a lo sumo algunos titulares chillones en la prensa, pero nunca un sumario judicial.

En el mundo económico también es muy habitual el chantaje entre empresas rivales, y es en los negocios donde se produce habitualmente y donde tiene un contenido claramente económico. Es decir, en las negociaciones económicas sería raro no poder afirmar que se consuman delitos de extorsión a diario, sin que las partes se quejen más allá de su mala suerte por haber tenido sus vergüenzas expuestas al adversario. En ese sentido, la denuncia penal de la extorsión es más bien una especie de contraofensiva del perjudicado, al cual se ha llevado al límite aquel en el que resulta válida la expresión “de perdidos al río”.

 Y algo así parece haber ocurrido con el caso de Manos Limpias, que lleva años chantajeando al personal a cambio de sustanciosas compensaciones económicas en nombre de sus representados. No son pocos quienes consideran que la operación en la que se ha puesto al descubierto la presunta extorsión reiterada de Manos Limpias y Ausbanc es un intento –bastante fallido, por cierto- de sacar del foco mediático y judicial a la infanta Cristina por el caso Noos. Pues resulta poco menos que estrambótico que anteriormente diversas entidades financieras hubieran pasado por el tubo de Ausbanc sin rechistar, lo cual es indicativo de que si no lo hacían, tenían más que perder, y que ya les estaba bien así.

 Parece que el  caso Noos ha resultado ser la piedra en el zapato de los señores Bernad y Pineda, que por lo demás, llevaban años con sus técnicas de negociación sin que nadie hubiera afirmado que había que enviarlos a presidio. Me consta que hasta los menos simpatizantes de Manos Limpias reconocen que esa entidad ha efectuado un trabajo importante en bastantes momentos en los que se imponía una tibieza generalizada hacia ciertos desmanes. Lo mismo puede afirmarse de Ausbanc. Y resulta muy importante no confundir la ideología política de Manos Limpias con el hecho de que algunas de sus iniciativas tenían su razón de ser (aunque otras fueran de lo más disparatado). Sin embargo, los mismos medios de comunicación que les dieron cancha durante años son ahora los que encabezan el histérico griterío acusador, con todos los pulgares hacia abajo,  descalificando la actuación global de esas entidades durante toda su trayectoria. Algo que ya estamos acostumbrados a ver en innumerables ocasiones y que muestra el aspecto más ruin de nuestra sociedad, ávida de espectáculos en blanco y negro, simplones y de fácil digestión, en lugar de ponderar, matizar y comprender que hay toda una gama de grises que son los que hacen la foto mucho más realista.

 Descalificar la trayectoria completa de una persona o entidad por una imputación judicial no sólo es un error, sino una peligrosa forma de pensar y de valorar el desempeño de un ciudadano. Quiero decir con ello que ni el señor Bárcenas, con todas sus actividades al margen de la ley, sea descalificable en su integridad por ello (que es lo que pretenden desde el PP), ni la acción de gobierno del señor Pujol puede ser defenestrada por una cuestión tributaria (que es lo que sugieren antiguos socios ideológicos), ni las querellas del señor Bernad pueden ser puestas todas ellas en cuestión porque presuntamente se haya aprovechado de las circunstancias en algunos casos. En general, uno puede ser un excelente gestor en alguna materia y un perfecto delincuente en otra distinta. Lo cual no lo convierte en delito por extensión o contagio todo aquello cuyas manos tocan, por mucho que un solo caso oscuro pueda despertar suspicacias generalizadas en cualquier observador.

 Y es que pasamos de la confianza absoluta a la absoluta desconfianza con mucha ligereza. Y de la adulación vergonzante a la lapidación clamorosa en un plis plas. Y eso resulta vergonzoso e injusto. Juzgar socialmente a una persona debería ser un ejercicio de honestidad, poniendo cada cosa en el fiel correspondiente de la balanza, en lugar de ese voluble todo o nada al que sometemos a las figuras públicas a las primeras de cambio. Y en ese ejercicio de ecuanimidad no valen ni filiaciones ni antipatías.

 Manos Limpias se me antoja un “sindicato” detestable por su ideología e intenciones, pero no por ello puedo negar que en algunas de las causas en que ha intervenido tenía motivos para hacerlo, sobre todo por la ineficacia y el servilismo de la fiscalía, como a muchos (incluido el juez instructor) les ha parecido que acontecía con la infanta Cristina, con quien el poder ejecutivo del país está actuando en plan “salvar al soldado Ryan”. O sea, a toda costa y sin parar en mientes. Y la posibilidad de que todo esto sea un montaje cuidadosamente planificado para que estalle justo cuando el juicio oral del caso Noos se pone interesante no es nada inverosímil, pues a las defensas les ha faltado tiempo para pedir la descalificación de Manos Limpias en el proceso, con lo que la infanta saldría incólume al no quedar acusación alguna en su contra. Cosa que, prudentemente, las magistradas han denegado con contundencia. Y con lógica, porque la extorsión no implica en absoluto que se fundamente en una falsedad.  Todo lo contrario, la extorsión sólo puede ser realmente efectiva si la amenaza que la sostiene es la de divulgar alguna verdad tremebunda sobre su destinario.

 Cosa distinta es que el chantajeado decida cortar por lo sano  y denunciar las presiones a las que está sometido, pero no por ello podemos presumir que el extorsionador  sea el (único) malo de la película. Si el chantaje responde a algún hecho real y verificable, la cuestión no muere con el procesamiento penal del chantajista, sino que habría que profundizar en qué elementos de la extorsión responden a hechos que deben dilucidarse con luz y taquígrafos, porque de ese modo, tal vez el chantajeado  también deba responder de sus actos ante un juez.  Y no irse de rositas, como pretendía la defensa de la infanta Cristina.