Al fin, Portugal

Y he aquí que el tribunal constitucional portugués arremete contra el gobierno y declara inconstitucional la supresión de la paga extra a los funcionarios por discriminatoria. Ahora saldrán a la carrera los voceras de nuestro gobierno para declarar con su habitual vacua solemnidad, que los ordenamientos jurídicos de España y Portugal son diferentes y que los dos casos no son comparables. Pues sí y no, les responderé con total contundencia y convicción.

Sí, porque resulta una obviedad que la Constitución española y la portuguesa son distintas, así como todo el ordenamiento jurídico que deriva de ellas. Nada más que decir. Pero NO, un no mayúsculo, alto y claro, porque todas las constituciones europeas consagran una serie de principios básicos del estado de derecho que son igualmente reconocidos como esenciales desde Finlandia hasta Portugal, cruzando la Unión Europea de norte a sur y de este a oeste.

La plasmación de esos principios puede ser distinta en cada ordenamiento jurídico, pero todas las constituciones nacionales los consagran como elementos fundamentales del estado democrático de derecho. Es decir, que su liquidación implicaría la del propio estado tal como está concebido desde el final de la guerra mundial. No dudo en absoluto que muchos de los partidos de derechas anhelan, en el fondo, el colapso y defunción del estado social y de derecho, pero para ello tendrían que modificar la carta magna y dejar de considerar que los derechos fundamentales de las personas no son tan fundamentales, en primera instancia; ni derechos de la ciudadanía, en definitiva y última conclusión. Pero esto requiere bien de un golpe de estado, bien de una modificación democrática y parlamentaria de las normas constitucionales, que por lo que alcanzo a saber, todavía no se ha dado, ni en Portugal ni en España.

Entre esos principios inalienables a todo ordenamiento jurídico que se precie, está el de no discriminación entre los ciudadanos y el de igualdad ante la ley. Y eso es lo que ha censurado el tribunal constitucional luso del recorte gubernamental a funcionarios y pensionistas. Una medida injusta y descarada, consistente en hacer recaer un recorte draconiano sobre determinados sectores de la población, so pretexto de que se nutren de fondos públicos, que a fin de cuentas son  los recursos que tiene el gobierno en su mano para atajar (¿) la crisis.

Mentira, como otras tantas. Así como la política fiscal y presupuestaria es en principio igualitaria - que el IVA suba dos o tres puntos afecta por igual a toda la población - los recortes dirigidos exclusivamente a algunos colectivos concretos vulneran la esencia de la no discriminación. Porque una cosa es graduar los ajustes en función de la distribución de la riqueza, es decir, que unos deban soportar un mayor esfuerzo que otros en las situaciones de crisis económica; y otra muy distinta es señalar con un círculo a determinados colectivos a los que se aplican medidas de ajuste muy duras sin tener en cuenta al resto de la población.

Ya en este mismo blog me hice eco anteriormente de la aberración que significaba recortar el sueldo a los funcionarios con la excusa de que tienen el trabajo asegurado y usándolos como rehenes de la enorme tasa de desempleo del país; mientras millones de trabajadores del sector privado no sólo siguen teniendo empleo, sino que además han ido actualizando sus salarios en virtud de los convenios aprobados. De este modo, se abría una brecha entre trabajadores en activo, en la que el sector público ha visto recortados en cinco años sus salarios más del viente por ciento, mientras que  en el sector privado los trabajadores en activo han visto incrementarse los salarios promedio en más del diez por ciento. A los datos del INE me remito sobre materia de incrementos salariales en los convenios colectivos.

Me quejaba entonces de que las empresas han optado por el ajuste de plantillas en lugar del ajuste de salarios, y que eso se resumía en un trato totalmente desfavorable para el sector público, que en los últimos cinco años se ha visto notablemente empobrecido. Ya propuse en su momento que lo acertado hubiera sido que el sector privado también hubiera acometido ajustes salariales iguales a los de la administración del estado (con los beneficios que esa medida hubiera reportado respecto al desempleo), pero sobre todo mi queja iba dirigida al agravio de la indefensión total que los empleados públicos tienen frente a su patrón - que no es el Estado, sino el gobierno de turno- que ha actuado desde el principio a su antojo, sin ninguna concesión a la negociación sindical y utilizando una y otra vez la excusa de los pobres desempleados como arma arrojadiza contra los funcionarios. 

Pues bien, sostenía entonces, y con mayor motivo ahora, que el trato que recibe el sector público de este país es discriminatorio y que atenta, de forma brutal y despiadada, contra el principio de igualdad. Si de confiscar pagas extras se trataba, lo equitativo hubiera sido confiscar las de todos los trabajadores por cuenta ajena, públicos y privados. Hubiera sido una barbaridad, efectivamente, pero una barbaridad equitativa y no discriminatoria. Y sí, me reafirmo en el uso de "confiscación" como término para definir lo que ha hecho el gobierno, porque la paga extra no es tal, sino una prorrata del salario anual, que en lugar de dividirse en doce mensualidades se reparte en catorce, por tradición y conveniencia económica. Pues, en definitiva, no existe tal "paga extra" como ente diferenciado del resto del salario, en contra de lo que su denominación coloquial parece señalar. Por tanto, si me "suprimen" la catorceava parte de mi salario para enjugar el déficit del Estado, se trata de una confiscación pura y dura. (Confiscar: penar con privación de bienes, que son asumidos por el fisco)

La confiscación en sí es una anomalía jurídica de primer orden, pero lo que la transforma en aberrante es que vaya dirigida a un colectivo específico; algo digno de los regímenes más autoritarios y antidemocráticos. O directamente del Tercer Reich, que no tenía empacho en actuar de esa guisa contra cualquier presunto grupo étnico o social que no fuera del agrado del Führer. Por suerte para la democracia y el estado de derecho, en Portugal han sonado las campanas constitucionales tocando a rebato de la defensa de los principios más elementales de una sociedad que se presume moderna y democrática; y los jueces han señalado  directamente al gobierno como responsable de un conjunto de actos discriminatorios que deben ser subsanados de inmediato.

Me gustaría pensar que en España, Mariano y sus secuaces estén echándose a temblar, pero seguro que van a utilizar todo tipo de argumentos torticeros y de sofismas mediáticos para enturbiar algo que es meridianamente claro y transparente y que tan bien refleja el artículo 14 de la constitución de 1978: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Así que, frente al anticlímax de mentiras vergonzantes con que nos van a atormentar los jerifaltes del partido en el gobierno y su babeante caterva periodística, es la obligación de todo ciudadano honesto, sea empleado público, pensionista o trabajador privado, alzar su voz para celebrar la valentía del tribunal constitucional portugués, que no sólo ha señalado los graves errores de su gobierno, sino que además ha puesto el dedo en la llaga de los métodos que la troika comunitaria está propugnando para la resolución de la crisis europea. 

Como ya he mencionado en otras ocasiones, mientras muchos miran atentamente el derrumbe del estado del bienestar, sólo una minoría ha percibido hasta ahora la demolición constante y continuada de los principios jurídicos sobre los que se asienta la democracia misma. Sin igualdad, sin seguridad jurídica, sin respeto a la negociación y a los compromisos, no es posible un estado de derecho. Esas huestes del PP que tildan de antidemocráticos los escraches con que les están hostigando últimamente, deberían considerar en primer lugar que la acción de su gobierno está resultando, en demasiados frentes y en demasiadas ocasiones, la verdaderamente perturbadora de los principios de la democracia.

Y los jueces lusos nos lo han recordado justo en el momento preciso. Brindo por ellos.