Llarena y la aglutinación de poderes

No sorprende en absoluto –ya no- el auto del juez Llarena del 22 de enero, pero ello no quiere decir que no debamos reflexionar sobre lo ocurrido en los últimos días en lo relativo al caso Puigdemont, que viene a ser lo mismo que decir el caso Catalunya, por más que muchos se empeñen en diferenciar al presidente Puigdemont del resto de catalanes de buena fe, como si aquél fuera una especie de flautista de Hamelín que nos tiene a todos encandilados con sus música separatista celestial. Como dijo en una ocasión el diputado Tardà: “Oiga, que soy independentista, pero no imbécil”

Y no, no es así, porque más sorprendente aún que el auto del juez del Tribunal Supremo -que más que un auto es una declaración de principios de la injerencia, tantísimas veces negada, del poder judicial en el poder político- es que lo aplaudan unánimemente la totalidad de los medios de comunicación de Madrid, lo cual  añade unas cucharadas de preocupación por la deriva del estado español, ése al que ya muchos no pertenecemos aunque nuestro DNI diga lo contrario, porque lo que se vislumbra al iluminar los rincones de ese estado da mucho  miedo.

 Miedo porque el problema no es que la separación de poderes en España quede en entredicho, sino porque ésa es la constatación nítida de que no existe tal separación, como no la ha existido nunca en los últimos dos siglos del estado español. El auto de Llarena es escandaloso porque invade competencias reservadas al poder político con el beneplácitco de éste y del cuarto poder, la prensa oficialista. El auto del 22 de enero es la cosa más demencial que cualquier persona medianamente experta en materia jurídica procesal haya visto jamás. Y son centenares los juristas que se han llevado las manos a la cabeza cuando se ha constatado que la acusación de politización de la  justicia siempre rebatida por Rajoy y sus secuaces, ha quedado meridianamente demostrada en negro sobre blanco.

Que un juez se cargue todas sus obligaciones procesales y no interprete la ley, sino que la ajuste a unos intereses concretos y decida no aplicarla porque de ese modo podría favorecer los intereses políticos del señor Puigdemont es una barbaridad de tal calibre que uno se ve tentado de escribir ciertas cosas que podrían llevarle –dios nos libre- ante un tribunal. El juez Llarena está obligado, como todo juez, a dar trámite a las peticiones de la fiscalía y atender a ellas si existen indicios claros de la comisión de un delito, como es el de sedición y rebelión, que se imputan al presidente de la Generalitat. No hacerlo, aduciendo que al cursar la euroorden  se iba a favorecer el posible voto e investidura del señor Puigdemont, es un atropello procesal y al estado de derecho, en primer lugar, porque el señor Puigdemont fue elegido por una nada desdeñable cantidad de catalanes que lo elevaron a la condición de diputado, y el señor Llarena no es nadie para privar de un derecho constitucional a alguien elegido democráticamente mientras no exista sentencia firme que lo condene. Y en segundo lugar, si lo que se pretende es incapacitar de facto al señor Puigdemont para ejercer su derecho al voto y a la investidura, tendría que haber sido la fiscalía quien no hubiera solicitado (a instancias del ínclito ministro de justicia) la reactivación de la euroorden; pero una vez solicitada, ni el todopoderoso tribunal Supremo ni sus denostables miembros tendrían que  impedir su curso si las acusaciones están bien fundamentadas.

Y eso es así porque resulta más que obvio que se aplican sobre la marcha diversos criterios muy distintos por los pretendidos constitucionalistas, que al analizarlos quedan desnudos de toda legitimidad democrática y se manifiestan en todo su esplendor como los hijos del fascismo que son, y encima encantados de haberse conocido. Cuando Arrimadas y compañía hacen su férrea defensa de la constitución, parecen obviar que los principios constitucionales deberían ser iguales para todos, y con el mismo grado de protección y defensa. Pero en el caso de Cataluña se está viendo cómo hay un principio, el de la unidad de España, que está por encima de todos los demás y que al parecer está especialmente por encima de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos recogidos en el Título I de nuestra ley de leyes. Y eso no está consagrado en la constitución, sino en una de las frases favoritas de los fascistas españoles del siglo XX: “España, antes roja que rota”·

De ahí que el concepto de la unidad española sea totalmente preconstitucional, aunque se haya incorporado al texto legal como una manera de tapar unas vergüenzas que de otro modo estarían tristemente expuestas a la vista de todos. Igual que sucede con algunos organismos preconstitucionales, como la Audiencia Nacional, heredera directa de los tribunales de orden público franquistas, así como diversas estructuras policiales y  de inteligencia que beben directamente de los principios fundamentales del Movimiento Nacional, más de cuarenta años después de la muerte del dictador.

Como toda cuestión preconstitucional, los autoproclamados “constitucionalistas” están convencidos de que vale absolutamente todo para defender esa unidad española al precio que sea, aunque ello signifique pisotear vehementemente otros principios constitucionales  aún más sagrados que la unidad nacional, como por ejemplo el derecho de representación. Y para remachar la bárbara estupidez que están cometiendo, todos los medios de comunicación se alinean  (y alienan) directamente al lado de la tesis del juez Llarena, lo que demuestra que a) que no tienen ni puñetera idea de derecho procesal y b) que no son prensa independiente, sino esbirros del conglomerado político-financiero que domina las altas instancias del estado. Ya lo dijo el inefable M.Rajoy cuando “agradeció” a la “mayoría” de los medios su defensa acérrima de la unidad de España. Uno creía hasta ahora que la finalidad de los medios no era el alineamiento sin fisuras ni consideraciones al lado de las posturas gubernamentales, sino la determinación de ofrecer una información veraz, crítica y fundamentada, cosa que les ha caído ya hace un tiempo a todos los directores de la prensa madrileña por la pernera de sus pantalones.

Tanta adulación a una línea concreta de actuación resulta estúpida, porque cuando giren los vientos, los hay que lo van a tener muy mal para mantenerse en el rumbo previsto. Y los vientos girarán un día u otro, cuando lo que más teme el gobierno y la judicatura españoles suceda por fin: que no puedan evitar la internacionalización del conflicto catalán y quede retratada la inexistente separación de poderes en España, y la arbitrariedad e indefensión que eso provoca en quienes se oponen al rodillo madrileño. De ahí, de su pavor a perder en Europa lo que han atropellado en España, que hayan intentado una maniobra tan burda como ridícula, como ha sido la de elevar al expresidente del TC, Perez de los Cobos, a la más alta magistratura judicial europea, el Tribunal de Derechos Humanos.

Pretendían poner una pica en Flandes, y asegurarse un voto contra los independentistas, y han obtenido un cero clamoroso y no poca perplejidad en instancias europeas por haberse atrevido a proponer para tan alto cargo a un tipo que no estaba ni de lejos a la altura que se le podía exigir. Y es que en Madrid saben que esta historia puede que tarde en concluir, pero que su epílogo será en el Tribunal de Estrasburgo, y que España allí perderá y el batacazo será histórico. Porque no son docenas, sino cientos de juristas europeos de todos los colores y afinidades, que afirman con rotundidad que en Cataluña no hubo ni sedición ni rebelión, y que la posición jurídica del estado español en una instancia internacional sería indefendible, porque por suerte, las imágenes están ahí, los medios extranjeros acreditados estuvieron ahí, y la mitad del pueblo catalán estuvo ahí, resistiendo pacíficamente según las consignas que los ahora acusados impartieron repetidas veces.

Cuando esto llegue al Tribunal de Derechos Humanos, quedará claro que lo que está ocurriendo aquí es una locura  y una rabiosa venganza por haber desafiado al poder central, pero no tiene nada que ver con la justicia ni con la responsabilidad. Cuando esto llegue a Estrasburgo, dentro de algunos años, quedará por fin clara la causa de que no exista en España ningún partido fascista, porque el fascismo está incrustado en el autodenominado “eje constitucionalista”. Cuando esto llegue por fin a un juicio con verdadera separación de poderes, se hará manifiesta la inexistencia de tal división en España, y que la “anomalía española” consiste en una severísima aglutinación de los cuatro poderes bajo el dictado de unas pocas voces en la sombra.

Y entonces, la única reparación que podrá ofrecerse a Cataluña, a su pueblo insultado, agredido, aporreado y menospreciado y a sus líderes políticos perseguidos, encarcelados y encausados bárbaramente será alguna forma de soberanía real que enmiende todo el daño causado en las últimas décadas. Por esto, a los que somos y nos sentimos catalanes, nos toca tener paciencia, dejar que el enemigo vaya cometiendo error tras error (oculto tras un triunfalismo cañí que hace ya tiempo que no nos impresiona) y esperar el momento para reivindicar y recuperar –sin complejos y sin concesiones- nuestra dignidad arrebatada.