miércoles, 12 de julio de 2017

Brazos abiertos

En los últimos días, la prensa se ha hecho eco de la nueva singladura de la ONG Proactiva Open Arms en una nueva misión de rescate de refugiados en el Mediterráneo. Los comentarios, por descontado, han sido sumamente elogiosos, sobre todo en los medios catalanes, teniendo en cuenta que Open Arms tiene su sede en Badalona, y sus acciones tienen especial repercusión en Cataluña. Yo suelo desconfiar de la unanimidad, especialmente si es apologética, y me sorprende sobremanera que no haya voces escépticas respecto a la utilidad real de este tipo de misiones.

Nadie puede negar el aspecto humanitario de los rescates en alta mar, salvando de una muerte casi segura a miles de refugiados. Pero el humanitario no es el único factor a considerar, salvo que nos dejemos arrastrar por una ingenuidad rayana en la idiotez. En acciones de este tipo se suelen plantear dilemas éticos de suma importancia que al parecer todos los interesados y los medios de comunicación parecen decididos a soslayar, llevados de un borreguismo francamente desesperanzador y que además constituye un contrapunto sumamente extraño a un criterio vigente en materia de terrorismo,  que todos los gobiernos procuran aplicar a rajatabla y que casi todo el mundo comprende y acepta, pese a las terribles consecuencias que puede tener para los individuos implicados.

Cuando organizaciones terroristas de todo el planeta llevan a cabo secuestros de civiles, existe un amplio consenso en que no se puede aceptar el chantaje de pagar el rescate, algo que en un principio no estaba tan claro y dio lugar a un intenso debate social en muchas naciones. El argumento de peso es que si el estado cede a las presiones terroristas y paga el rescate, está fomentando ulteriores secuestros con la misma finalidad. Dicho de otro modo, pagar el rescate es equivalente a fomentar el secuestro y la extorsión. La multiplicación exponencial de secuestros en todo el globo  acabó dando la razón a los gobiernos, que impusieron el criterio -raramente exceptuado- de no pagar los rescates exigidos. Dicho asunto quedaba en manos de las familias, amigos y organizaciones privadas, que si lo deseaban podían cumplir las exigencias de los criminales o negociar con ellos alguna salida airosa, mientras la postura oficial era la de no ceder bajo ningún concepto, incluso con el riesgo del asesinato de los rehenes.

Este tipo de actuación, vigente más o menos desde que el terrorismo palestino saltó a la palestra en los años setenta del siglo pasado, ha sido la preferida por casi todos los gobiernos azotados por cualquier forma de terrorismo. Ceder una vez era crear un precedente al que difícilmente podría oponerse nadie posteriormente. Si se paga por un rehén, se ha de pagar por todos los que vengan después, creando un efecto llamada muy pernicioso, tanto desde el punto de vista político, como social y económico.

Sorprende bastante que casi todo el mundo entienda que los gobiernos no deben ceder a este tipo de chantajes, por muy directamente que nos afecte como ciudadanos, y en cambio, nadie se cuestione las similitudes  entre las secuestros políticos y las pateras de refugiados, que las hay, y no pocas. Para comenzar, es de sobras conocido que si hay miles de refugiados agolpados en las playas del norte de África para cruzar el Mediterráneo en naves más que precarias, es porque existen unas mafias a las que esos desgraciados pagan cifras monstruosas por una travesía sin más garantía que la confianza en la suerte, y sin posibilidad de reclamación alguna, sobre todo si los interesados mueren en el intento. Por tanto, estamos ante un negocio redondo, brutal y despiadado, que está llenando las arcas de mafias con conexiones más que evidentes, y muy tenebrosas, con sectores del radicalismo islamista norteafricano.

Así pues, los primeros en aplaudir las acciones como las de Open Arms deben ser los grupos mafiosos, ya que esta actitud de brazos abiertos incondicionales les permite indicar a sus potenciales “clientes” que existe la posibilidad nada remota de que sean rescatados en alta mar por los barcos de esta u otra organización similar. Esto causa un efecto sumamente perturbador, porque alienta aún a más refugiados a intentar el salto a Europa, y también a pagar un precio cada vez más alto por el intento, sabedores de que existen diversos barcos rescatadores patrullando las zonas más calientes y que ahora existen más posibilidades de salvamento que hace unos pocos años.

Esta situación crea una realimentación positiva muy perversa que no va a conducir a nada bueno a ninguna de las partes realmente afectadas, y sólo sirve para generar un continuo de beneficios a las mafias que operan en el Mediterráneo. Pero es que hay más que añadir a este sombrío panorama. Si yo fuera un jefe de alguna de esas mafias, me ocuparía enseguida de destinar una parte de los beneficios a donaciones a Open Arms y otras organizaciones similares. Dedicar un parte ínfima pero sustancial a financiar el flete de barcos de rescate es una inversión segura, que permitirá incrementar el volumen de pasajeros transportados, y por tanto, la facturación del negocio. Algo que no acabamos de descubrir ahor amismo, porque la mafia norteamericana, por poner sólo un ejemplo harto conocido, lleva décadas invirtiendo en negocios limpios, no sólo para lavar dinero, sino para infiltrarse en sectores cuyo control le conviene a medio o largo plazo.

Así que estamos donde siempre había estado el debate –cuando aún había debate intelectual al respecto- sobre si no siempre la vida es lo más sagrado a salvaguardar. A veces, hay que sacrificar vidas humanas en aras de un interés superior, comunitario y global, que no tiene nada que ver con el egoísmo puro y duro, sino con cortar esos mecanismos de realimentación que incrementan exponencialmente el sufrimiento de los inocentes si no se extirpan de raíz.  Cierto que son soluciones duras, y también es cierto que en algunos casos pueden resultar inaceptables, pero al menos tienen que salir a la luz pública. Tienen que airearse y discutirse. Y la sociedad en su conjunto ha de disponer de los datos y argumentos necesarios para decidir de forma no bobalicona y ensimismada por un discurso puramente humanitarista y en exceso simplificador, que sirve de excelente coartada a quienes explotan el negocio del tráfico de personas.

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