La viabilidad

La ventaja fundamental de un estado de derecho es que todos podemos sustentar opiniones distintas, y defenderlas de forma pública y vehemente. La desventaja que lleva aparejada esa libertad de expresión es que tenemos una tendencia innata (harto demostrada en infinidad de experimentos de psicología social) a considerar nuestras opiniones bajo un prisma favorecedor que en muchas ocasiones está tremendamente sesgado por percepciones subjetivas e irreales. Del mismo modo, solemos descalificar las opiniones contrarias mediante sesgos similares, mucho más vinculados a la emocionalidad que a la razón objetiva.

 Unos pueden ser independentistas por razones económicas, históricas, sociales, sentimentales, emocionales o directamente viscerales. Tanto da porque son todas perfectamente legítimas. Otros pueden ser -simétricamente- antiindependentistas (o unionistas, como se ha puesto de moda decir) por las mismas razones. Pero lo que no deben, unos y otros, es mezclar motivaciones al gusto, como si de una ensalada veraniega se tratara, y aderezarlas de tal modo que se desvirtúe totalmente el sentido de la discusión. Eso, lo de aderezar de forma chapucera y capciosa determinados datos, es mejor que lo dejemos para los políticos, que para eso (parece) que están ahí desde tiempo inmemorial.

 Por ese motivo me parece importante apuntar hacia ciertos desvaríos que están apareciendo últimamente en los medios de comunicación, relativos a la viabilidad de una Cataluña independiente, tema que ya he tratado anteriormente en otras entradas de este blog. Porque una cosa es la viabilidad económica y otra muy distinta la viabilidad política. La primera depende exclusivamente de la capacidad productiva y de ese otro concepto tan nebuloso como es el de los mercados (que no son solamente los bursátiles,  cuya influencia en la economía real ha sido siempre cuestionada no sólo por los econometristas, sino directamente por la tozuda realidad). La segunda depende mucho más de los gobernantes, y en el fondo es mucho más incierta y voluble, como bien demuestra el caso de Kosovo, por poner sólo un ejemplo cercano.

 Ahora bien, en la cuestión catalana algunos sectores han pretendido desacreditar la independencia desde un prisma esencialmente económico, lo cual resulta no sólo un despropósito, sino una aberración en toda regla. Uno de los argumentos principales (que ya rebatí anteriormente) se centra en la prestación de las pensiones, que como ya dije, no dejan de percibirse por las buenas, ya que la doctrina internacional establece la necesidad de acudir a convenios internacionales en los que cada país retribuye las pensiones de acuerdo con el tiempo cotizado en su sistema (para quien desee profundizar en este aspecto , ver las Recomendaciones y Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, especialmente los Convenios 102 y 157). Podrá ser más o menos complicado de instrumentar, pero lo cierto es que existen sistemas de arbitraje que  evitan esa especie de Armagedón con el que se pretende infundir un miedo cerval a cuenta de las pensiones de una Cataluña independiente. En definitiva, es una transgresión  del derecho internacional argumentar que una población que se escinde queda sin ningún derecho de seguridad social pese a haber cotizado toda su vida. Y es una vergüenza que pretendidos expertos en la materia azucen a los pobres pensionistas, sin darse cuenta de que su falaz argumento es totalmente reversible, y que si fuera cierto los españoles residentes o cotizantes en Cataluña se quedarían también, en seco y sin lubricante, con el motor de su pensión clavado.

 Otro de los motivos que se usan cual comodines para desacreditar la independencia catalana es el de la deuda pública. Que la deuda pública catalana esté a la altura de los bonos basura no es ninguna novedad. Sin embargo, eso no deriva de la situación real de la economía catalana, sino del hecho de que se trata de una deuda totalmente subordinada y dependiente, por inexistencia de una libertad genuina para emitirla de acuerdo con la capacidad económica real del país, al estar condicionada por las directrices del Ministerio de Hacienda.  Y que el estado actual de la deuda pública no es relevante es así, en primer lugar, porque cualquier país independiente se dota de los mecanismos para poder gestionar su riqueza presente y futura de forma totalmente autónoma, y eso repercute de forma inmediata en la calificación de la deuda pública. En segundo lugar, porque un país independiente y (de momento) fuera de la unión Europea, no contrae ninguna de las obligaciones respecto a las aportaciones al presupuesto comunitario. Es decir, que toda la capacidad fiscal de Cataluña sería capacidad neta, puesto que no estaría obligada a ser contribuyente ni del presupuesto español ni del de la Unión Europea.

 Pero, aunque se puede polemizar mucho respecto a estas dos cuestiones, hay determinados datos, numéricos, contrastados y oficiales, que ponen las cosas en su sitio. La viabilidad económica de un estado no depende de nuestros deseos, ni de nuestras opiniones, ni de las maniobras de prestidigitación semántica a la que nos tiene acostumbrados los demagogos de uno y otro lado. Depende de la actividad económica traducida en euros. Y los números dicen que por allá 2014, el PIB nominal de Catalunya per cápita ascendía casi a 26.500 euros, y era, junto con el de la Comunidad de Madrid, el más alto de España (“El Mundo”, 20 de diciembre de 2014, citando datos de la contabilidad regional del INE).

 Al tipo de cambio de diciembre de 2014, esa cifra equivalía a unos 31.800 dólares per cápita (asumiendo un tipo en esa época de 1,20 dólares por euro). Esa cifra de PIB sitúa a Cataluña, según datos del FMI de 2010, en el número 27 del ránking mundial, justo entre Italia e Israel, y un poco por delante de España, con 30.150 dólares. Lo cual es totalmente lógico, porque si Madrid y Cataluña son las regiones con mayor PIB de España, han de estar por encima de la media española.

 Ahora bien, la sustancia de todos esos datos se traduce en lo siguiente: una Cataluña independiente sería la vigesimoséptima potencia económica mundial en PIB per cápita, por encima de países tan estables y viables como Israel, España, Bahamas, Corea del Sur, Eslovenia, Malta, Chile, Uruguay, Croacia, Brasil, Argentina y un largo etcétera que omito para no agotarme. De lo que se deduce que la viabilidad económica de Cataluña queda fuera de toda discusión, como bien saben todos los economistas con dos dedos de cerebro y que no se ofusquen con datos parciales y sesgados (como esgrimir la calificación actual de la deuda pública).

 Los ejemplos domésticos son los que mejor ilustran a veces este tipo de situaciones. En mi familia puedo estar endeudado hasta las cejas, pero a lo  peor es para pagar un máster de mi hijo en Berkeley y para satisfacer las demandas de estatus social de mi esposa, si es que ambos aportan mucho menos que yo a la economía familiar. En cuanto me libre de uno y otra, ciertamente seguiré endeudado, pero ya dispondré de recursos para cancelar anticipadamente todos mis créditos y ser considerado solvente de nuevo.

 Otra cosa es la viabilidad política, que depende mucho más de la buena voluntad de terceros países (y por encima de todos ellos, de España), que podrían optar entre acoger a Cataluña como un estado de derecho en la comunidad internacional, o proscribirla y tratarla como a un paria en el concierto de las naciones. Eso es harina de otro costal, y mucho me temo que la segregación de Cataluña se vería como una amenaza temible para muchos estados con vocación centralista, que verían sentado un precedente nefasto que podría sacudir los cimientos de su propia identidad nacional. Esa sería la dificultad principal de una Cataluña que optara por una declaración unilateral, no pactada, de independencia. Aunque también habría mecanismos, que ya  rozan el filibusterismo político o económico, que permitirían a ese pequeño país remontar el vuelo tras un período de incertidumbre y retroceso palpables, y cuya viabilidad dependería de la capacidad de sacrificio y sufrimiento de sus ciudadanos durante los primeros años.

 Resulta francamente curioso que bastantes sociólogos y economistas cuestionen mucho más la viabilidad económica de España sin Cataluña que a la inversa, y que precisamente por eso hayan puesto de manifiesto la notoria asimetría existente entre el proceso catalán y el escocés. En el primero está en juego tanto  la unidad política como la viabilidad económica de España. En el segundo caso, la independencia de Escocia hubiera sido un alivio para el Reino Unido desde el punto de vista económico, porque se hubiera desprendido de una carga financiera notable. De hecho, el PIB per cápita de Escocia es unos  nueve mil dólares inferior al del conjunto del Reino Unido, así que  de hecho, Escocia es una región pobre que representa un lastre para el gobierno de Londres.  Precisamente por eso ambos casos no son comparables. Y muchos intuyen que el gobierno británico jugó la carta de permitir el referéndum sabiendo que cualquiera que fuera el resultado Inglaterra saldría ganando, bien en lo político o bien en lo económico.

 En resumen, defiendan unos y otros sus posiciones, pero procuremos todos centrar la discusión dentro de los límites de la racionalidad y la objetividad: ambas nos remiten a una Cataluña viable económicamente (con la aquiescencia del resto de las naciones). Así pues,  dejemos de arrojarnos inconsistencias a la cabeza y discutamos sobre la independencia de Cataluña, sí, pero bajo otras premisas.