Keynes o Hayek

Imaginemos por un momento que tenemos que debatir, en una sociedad imaginaria, sobre la necesidad de disponer de cuerpos policiales o no. Un sector de la población, al que denominaremos hayekianos, aduce que las fuerzas policiales no son necesarias, sino que la propia sociedad se autorregulará expulsando de su seno a los elementos nocivos y antisociales, y que de algún modo la repulsa a los actos contra la ley y el bien común general permitirán que la sociedad siga adelante sin ninguna necesidad de intervención reguladora de la autoridad.

 Por el contrario, los que vamos a denominar keynesianos dirán que esa perspectiva es utópica, porque sin la intervención de una fuerza coactiva con autoridad sobre todos y cada uno de los individuos, aquéllos que opten por actitudes antisociales pueden verse repudiados, sí, pero también pueden hacerse más fuertes, usando la violencia o uniéndose en grupos  organizados que les faciliten el control de los mecanismos sociales para satisfacer así su codicia y su ansia de poder. Y que una vez instalados en esa dinámica sería imposible expulsarlos sino existe una fuerza coercitiva superior a ellos, autorizada y consensuada por todos los miembros de la sociedad.

 Supongamos ahora otro escenario, en esa misma sociedad imaginaria, en que cualquiera pudiera ser médico y ejercer sin ninguna necesidad de acreditar su capacitación profesionalidad. Para los hayekianos, eso no sería tampoco ningún problema, porque los propios mecanismos del “mercado”sanitario ejercerían de reguladores, expulsando de ellos a los malos médicos, ya que los pacientes dejarían de ir a sus consultas, con lo cual los malos médicos (o los falsos médicos) perderían sus clientelas y finalmente desaparecerían del mapa.

Los keynesianos, por su parte, alegarían que los riesgos inherentes a permitir el ejercicio libre y no regulado de la medicina serían superiores a los supuestos beneficios, al menos para la parte (sustancial) de la población cuyos diagnósticos hubieran sido incorrectos y sus tratamientos ineficaces. Y que, además, la ausencia de regulación permitiría que otros nuevos charlatanes vinieran a ocupar el nicho vacío de los expulsados por sus malas prácticas, con lo que la rueda del riesgo sanitario no se acabaría nunca. Y que, por tanto, la mortalidad entre la población seria considerablemente más alta que si se exigiera una acreditación profesional para todos los médicos.

 Esas dos distopias que  acabo de describir son aberrantes para cualquier cabeza medianamente amueblada. Nadie concibe una sociedad sin fuerzas de seguridad –por más que resultaría una utopía por la que merece la pena luchar-  y nadie concibe tampoco una práctica médica generalizada más cercana al hechicerismo primitivo que a una saludable práctica de la medicina regulada en todos sus aspectos. Todo el mundo, sin distinción de credos e ideologías, está totalmente de acuerdo en la imperiosa necesidad de controlar tanto el uso de la fuerza como el de la práctica sanitaria. Y por eso, es el estado el que se reserva la potestad de regular tanto una como la otra de una forma sumamente estricta (en general).

 Ahora bien, en economía las cosas no parecen funcionar así. El viejo enfrentamiento entre keynesianos y hayekianos viene de lejos, desde la formulación de sus respectivas teorías macroeconómicas después de la Gran Guerra, y que estuvieron en confrontación permanente durante el resto del siglo XX hasta la derrota (aparente) del keynesianismo a manos de los Reagan, Thatcher y demás paladines neoliberales, que se apoyaron en la obra de discípulos modernos de Hayek, como Milton Friedman, para destruir el entramado económico estatal y entregárselo a las grandes corporaciones. Keynes propugnaba siempre una fuerte intervención del estado en la economía, tanto en el capítulo de inversiones como en el de regulación de los mercados. Hayek y sus discípulos, todo lo contrario: había que privatizar al máximo el mercado, liberalizar todas las actuaciones económicas e intervenir lo mínimo en al dinámica económica (desregular), una actividad a la que se han aplicado al máximo todos los políticos neoliberales desde que en el funesto 1981 Reagan alcanzó el poder en USA, con las consecuencias que al final de la espiral desreguladora (más bien descontroladora) hemos padecido todos desde 2007.

 No deja de ser llamativo que personas de talante sumamente neoliberal en economía (libertarios, se autodefinen, con no poco sarcasmo), son las que exigen a sus respectivos gobiernos más mano dura, más regulación, más control de la población vía unos cuerpos de seguridad e inteligencia monstruosamente enormes. También son los neoliberales los más exigentes a la hora de exigir acreditaciones profesionales para el ejercicio de muchísimas actividades, so pena de favorecer el intrusismo profesional en la medicina, en la abogacía y en otros muchos sectores. Sin embargo, nada de eso parece incumbir al estamento económico. Según los triunfantes hayekianos, en economía puede participar cualquiera, sin que se los medios que emplee tengan que ser controlados por el estado. Libertad de acción absoluta, inexistencia total de controles profesionales (y por tanto, de la menor deontología profesional). Y desde luego, una línea muy difusa en lo que respecta a la tipificación penal de los actos económicos. 

 Hoy en día, casi todo el mundo conviene en que los hechos que precipitaron la caída mundial del sistema financiero fueron claramente fraudulentos, como han puesto de manifiesto diversos ensayos, documentales y películas. La última de ellas, La Gran Apuesta, mete el dedo en el ojo de los bancos de una manera feroz para concluir que todo fue un montaje durante el cual se engañó conscientemente a multitud de personas  a quienes se llevó a la ruina más completa, en una vorágine de codicia e inmoralidad sin freno que acabó sin nadie (corrijo, sólo un individuo) condenada penalmente en los Estados Unidos. Es notable como en La Gran Apuesta se señala que todo el sistema financiero mantuvo artificial y engañosamente (con una calificación AAA) los bonos hipotecarios que contenían cantidad de préstamos basura hasta que se los colocaron a todos cuantos pudieron engañar, aunque era evidente que el mercado hipotecario había comenzado a reventar ya a primeros de 2006 y había muchísimas hipotecas impagadas.

 Pues bien, lo que resulta un contrasentido lógico, y que no veo que nadie ponga de manifiesto de forma contundente, es la presunción hayekiana de que los mercados son capaces de autorregularse sin causar excesivos daños. Con independencia de que los hechos han demostrado lo contrario, cabría preguntarse si no fue pecar de ingenuidad –o de otra cosa mucho más perversa- creer que las elucubraciones mentales de unos académicos muy bien pagados pero al parecer también muy desconectados de los mecanismos básicos de comportamiento de la especie humana fueran a plasmarse de forma real, en una especie de jardín de las delicias económico, donde todo el sistema se sustentaría sobre unas cuantas fórmulas matemáticas que corregirían cualquier desviación.

 El problema de Hayek, Friedman y todos los que les han seguido es que  no han tenido en cuenta algo que resulta esencial (mucho más que cualquier teoría matemática financiera) en cualquier actividad económica. Y ese elemento fundamental es el factor humano, y su inequívoca tendencia a salirse de los cauces presuntamente establecidos de lógica, raacionalidad y conducta ética. Los hayekianos siempre se han comportado como si la codicia, el ansia de poder a cualquier precio y la vanidad desorbitada no fueran variables de importancia en la economía.  Es una ingenuidad equivalente a la de pensar que la economía la rigen unos superordenadores sumamente potentes para los que la ética no es necesaria, puesto que se suple con la eficiencia del sistema. Lo cual resulta de una imbecilidad pasmosa, si no es que esconde alguna perversión de orden superior, como ya he apuntado antes.

 Y es que concluir que la sociedad necesita policías resulta de lo más natural. Pero que los mismos que dicen eso afirmen que los mercados no necesitan una regulación estricta incurren en una incongruencia no por frívola menos grave. Como subconjunto del conjunto de las actividades sociales, la economía tiene los mismos puntos débiles y las mismas posibilidades de albergar elementos indeseables que cualquier otro sector. Sin embargo, el uso de abstracciones como la de “los mercados” ha conducido a mucha gente a pensar en ellos como en una especie de entes organizados a un nivel superior al de los comunes mortales, obviando el hecho palmario de que los mercados están formados también por personas. Y que precisamente los mercados son muy vulnerables a la penetración de individuos de muy  escasa moralidad, para quienes  el fin de enriquecerse justifica todos los medios disponibles, incluso los fraudulentos o directamente delictivos.

 Sólo por eso, la economía necesita un regulador fuerte, no sólo en el  aspecto legislativo y judicial, sino en el de constituirse en un contrapoder económico efectivo ante los tiburones financieros que se apoderaron del sistema económico global durante los años dorados y que no han soltado su presa desde entonces. De ahí que el denostado Putin, que podrá ser muchas cosas pero ante todo es un personaje sumamente astuto y con visión a largo plazo, se cargó prontamente a todo oligarca que no reverenciara los poderes del estado en materia económica. Para Putin, la madre Rusia (y su vicario en la tierra, o sea él) están por encima de cualquier veleidad económica.  O los oligarcas se postraban ante el Estado, o los decapitaba, así de fácil.

 Tal vez la actitud de Putin sea la herencia autoritaria de tantos años de zarismo y de dictadura soviética, pero al menos en la Federación Rusa nadie se aprovecha del estado, más bien al contrario (y ocn un índice de aprobación popualr mucho más alto que el de cualquier democracia occidental). No está de más recordar que Hayek y sus discípulos diseñaron sus teorías económicas movidos por su profundo anticomunismo y su malestar por las economías planificadas. Sin embargo, sus ideas acabaron pariendo un engendro que, finalmente, puede resultar tan horrible como el de aquellos turbulentos años del siglo XX. O peor, porque ahora al neoliberalismo económico -brutal, deshumanizado y amoral- se le ensalza en nombre de la democracia y la libertad. 

El bien, el mal y los sindicatos

Aunque el bien y el mal parecen términos absolutos, la tozuda realidad nos pone de manifiesto que no es así. Sin pretender caer en el relativismo moral que tan dañino ha resultado en manos de un cierto sector de la izquierda, ni en la tan manida supeditación de los fines a los medios que se cuece en todos los gabinetes de la derecha neoliberal, es fundamental que sepamos discernir no tanto entre el bien y el mal como verdades filosóficas supremas e indiscutibles, sino entre las diversas categorías del bien y del mal que en ocasiones colisionan entre sí y que tenemos la obligación de debatir colectivamente. Entre el laissez fer del relativismo moral y el fundamentalismo rigorista (muchas veces dominado por criterios religiosos) existe un amplio abanico de posibilidades que suelen resultar muy incómodas de manejar, pero no por ello podemos obviarlas.

 

Como se ha visto en la –para mí- excelente quinta temporada de Homeland, el debate sobre el bien y el mal no es sencillo en absoluto, sobre todo cuando colisionan dos principios éticos universalmente aceptados por las sociedades democráticas. ¿Puede la prioridad de la libertad de información poner en riesgo la seguridad de la ciudadanía? O por el contrario ¿la seguridad pública puede prevalecer siempre sobre la libertad de información? Casos como el de Wikileaks  ponen de manifiesto que el debate ético sobre estas cuestiones no es precisamente sencillo, por mucho que pretendamos alinearnos con una u otra postura. Los defensores de la libertad de información alegan que de este modo se puede controlar la actuación de los poderes públicos, que muchas veces tienden a desviarse de los principios constitucionales establecidos con la justificación de salvaguardar la seguridad nacional. Por otra parte, las agencias  policiales y de inteligencia arguyen que, dadas las características de la guerra moderna –aunque se la denomine terrorismo internacional- es preciso el máximo de sigilo y la utilización de operaciones encubiertas para detener al enemigo antes de que planifique y cometa un ataque contra objetivos occidentales, la mayor parte de las veces civiles.

 

El problema (y en esto Homeland traza con maestría un dibujo exactísimo sobre las contradicciones de las operaciones de inteligencia) es que en una situación de guerra declarada, muchos de los derechos fundamentales de la ciudadanía se encuentran suspendidos y todo el mundo lo encuentra  de lo más normal y justificable; pero cuando se trata de una guerra larvada, no declarada o cuyos límites son muy difusos, la suspensión de hecho de determinadas libertades civiles es percibida como una agresión en toda regla al estado de derecho. La cuestión es sumamente controvertida y no tiene una sola respuesta. En la actualidad, la línea entre el bien y el mal absolutos es muy larga, y se encuentra salpicada de muchos puntos intermedios en los que nada es de un color puro, sino un turbio mejunje de luces y sombras. Existe una gama casi infinita de tonalidades, desde el blanco luminoso hasta el más opaco de los negros, en muchas de las cuales la toma de decisiones puede resultar muy complicada y casi siempre insatisfactoria, porque unos u otros derechos se verán perjudicados irremediablemente.

 

Pasando ahora de la ficción televisiva a la realidad del presente, nos encontramos con muchas situaciones en las que el dilema moral es notorio, persistente y difícilmente resoluble en términos de soluciones exactas.  Por más que a muchos les guste el inicial tremendismo de Podemos, lo cierto es que -salvo que se plantee una revolución sangrienta- los cauces por los que discurre la sociedad civil en su conjunto son más estrechos que el caudal que quiere capitalizar Podemos. Es decir, las estrategias maximalistas no caben sin romper todas las contenciones; o lo que es lo mismo, sin provocar un desbordamiento total del sistema (lo cual no parece estar en la mente de la mayoría ciudadana). En resumen, los cambios son necesarios, pero sin derrumbar todo el edificio socio-económico, porque tal como está estructurada la sociedad actual, no seríamos capaces de comenzar a reconstruirla desde cero. Por eso se impone un cierto pragmatismo político: los cambios efectivos se efectúan de forma gradual y convincente, y no como si se tratara de la toma de la Bastilla y la decapitación del Ancien Régime.

 

En paralelo, la actuación sindical en estos momentos parece resucitar  unos viejos patrones de lucha hoy decrépitos, precisamente por la tremenda interconexión de todas las piezas sociales y el efecto dominó que determinadas decisiones puedan tener en otros sectores de la población. Algo de esto estamos viendo estos días en Barcelona, donde los sindicatos del transporte público se han puesto todos a una en pie de huelga para aprovechar el tirón mediático y la presión sobre las autoridades que comportaría el bloqueo del World Mobile Congress de Barcelona, a celebrar la semana que viene. Es cierto que los sindicatos procuran aprovechar una situación ventajosa para forzar la negociación de mejoras salariales y de las condiciones de trabajo; pero no es menos cierto que la inmensa mayoría de la población ve con horror y estupefacción el coste que tendría para Barcelona que el Mobile se viera afectado de lleno por una huelga de transporte público. Y sobre todo, por el coste futuro no inmediato, seguramente en forma de anulación de contratos para futuras convocatorias del congreso.

 

Así que la presión de un colectivo puede significar no sólo grandes molestias para toda la ciudadanía (cosa que ya se ha debatido muchas veces con ocasión de otras huelgas del transporte), sino la pérdida de muchísimos puestos de trabajo y recursos económicos que, justo en este momento, Barcelona no puede permitirse el lujo de desperdiciar. Y sin embargo, si las autoridades ceden a la presión sindical, crearán un precedente que se replicará año tras año, convirtiéndose en un chantaje de un colectivo menor sobre todo el futuro del conjunto de la población barcelonesa. Cuestión ésta difícilmente resoluble apelando a la mera matemática o las libertades civiles. Es una cuestión de mayorías y minorías, y de cómo afectan éstas (cuando pueden comportarse como un cártel) a la vida de la mayoría. Y de lo fácil que es pasar de defender los derechos sindicales a tener como rehén a toda una ciudad, lo cual parece inadmisible desde todos los puntos de vista externos.

 

Y sin embargo la cuestión perenne es cómo conciliar  las aspiraciones contrapuestas de todos los sectores involucrados Obviamente, la palabra clave es la negociación, pero en muchos casos lo curioso del asunto es que negociar (en el sentido estricto del término) sólo puede quien tiene la sartén por el mango,  aunque sea parcialmente. El problema es que la inmensa mayoría de la ciudadanía está dentro de la sartén y sin capacidad para manejarla, de lo cual deben encargarse las autoridades municipales, que padecen uno de esos dilemas tan traumáticos para la izquierda cuando se ve en la tesitura de tener que gobernar para todos, sin contentar a nadie al cien por cien.

 

No se trata ya de establecer unos servicios mínimos, ni de acotar el derecho de huelga en sectores estratégicos, sino de cómo arbitrar la libertad sindical sin que se convierta en un chantaje permanente o quede vacía de contenido. Y en mundo globalizado como el actual, donde todo interactúa con casi todo lo demás, parece bastante obvio que los conceptos de lucha sindical y negociación colectiva deben reformularse de una forma mucho más amplia, porque de lo que se trata no es de conseguir determinadas mejoras para un grupo específico de trabajadores, sino de que las mejoras que se obtengan tengan repercusión en toda la ciudadanía, y no a costa de futuras pérdidas para otros sectores. Hay que romper la dinámica del juego de suma cero, en el que lo que ganan unos lo pierden los otros, porque eso favorece el sectarismo, la insolidaridad y la división de la sociedad.

 

En una sociedad global, las luchas sectoriales van a tener que reconducirse más pronto que tarde, porque ahora es más cierto que nunca que la interconexión de todos con todos nos afecta de una forma que no habíamos podido imaginar hace unas pocas décadas. Por ese mismo motivo, los cambios políticos no pueden tener lugar en un solo país, al estilo de lo propugnado por Syriza en Grecia o Podemos en España, sino que tiene que ser fruto de una acción concertada para la cual no valen pronunciamientos localistas que sólo acaban perjudicando a quien se sale del marco establecido. Por el mismo motivo, el marco tiene que ser adaptable para dar cabida al mayor caudal ciudadano posible, y eso sólo es posible desde una perspectiva muy abierta. La que no suelen tener ni políticos ni sindicatos.

Titiritando

Este país se mueve –como siempre- entre la inoperancia y la precipitación. O, en lo que viene a ser lo mismo, entre una absoluta pasividad y una agresiva sobrerreacción ante cualquier evento más o menos relevante. De la reflexión pausada, el análisis ponderado y las decisiones meditadas, ni se sabe nada ni se las espera por estos lares. Es triste que la población en general sea así, pero aún peor resulta que las instancias que nos gobiernan tampoco eludan participar de esa idiosincrasia cataclísmica, que lo mismo nos deja paralizados que nos pone las neuronas a cien, anfetamínicas perdidas. A eso ayuda mucho el jaleo mediático permanente en el que nos movemos, muy poco proclive a la valoración en frío de los hechos. Titulares, titulares, y cuanto más escabrosos y mordaces sean, mejor.

 A los ibéricos parece que sólo nos vale oscilar entre el sanchopancismo inculto y pelagatos y el quijotismo histriónico y delirante, y así va que no nos toman en serio ni por casualidad, pues nos tienen por nación bipolar, estirpe de exaltados irreflexivos que alternan su fase maníaca con un pasotismo insuperable según se tercie. El último, pero no el menor, de los ejemplos, nos viene con la escandalera mediático-judicial a cuento de los titiriteros de Madrid y su sumarísimo encarcelamiento. Lo cual me viene a recordar los viejos tiempos de Els Joglars, cuando el ínclito e indescriptible Boadella tenía que huir del hospital en el que se encontraba bajo custodia policial para responder en consejo de guerra de su obra de teatro La Torna, que tanto ofendió al estamento militar (post)franquista. Así que no sé si retornamos a los viejos tiempos preconstitucionales, circunstancia que tal vez nos podría aclarar el mismísimo Boadella, que como padrino in pectore de Ciudadanos, tendría que salir a la palestra de inmediato para explicar si apoya o no la versión de su jefe de filas, Albert Rivera, quien afirma más o menos que “todos a la cárcel” por apología del terrorismo.

 Aquí, además de atontados o atolondrados, siempre juzgamos sin tener una versión completa de los hechos. Nos conformamos con que nos la faciliten, masticada y predigerida, quienes disponen de la panoplia de columnas de opinión con la que nos agreden/manipulan/insultan a diario desde casi todos los ángulos. Así que “La Bruja y don Cristóbal” se ha convertido en el eje de la polémica mediática de la semana, hasta que el próximo Armagedón climático, político, militar o económico, la desplace al rincón del olvido. Sin embargo, más allá de la anécdota, la cuestión de fondo no es menor, porque lo que  se debate ahí es el límite de la libertad de expresión, y eso me parece sagrado, porque es el único vestigio de libertad real de que goza el Homo Occidentalis, después de tanta norma constitucional tan bellamente redactada como vacía de efectividad.

 Yo no he visto la obra, como la inmensa mayoría de los que se han dedicado a opinar sobre el asunto, pero he procurado documentarme antes de ponerme a escribir estas líneas. La verdad es que, resumiendo, parece que La Bruja y don Cristobal es una puesta al idea rabiosamente antisistema del viejo esquema del teatro de polichinelas para adultos, caracterizado por su humor ácido, sarcástico y totalmente corrosivo e irreverente con las instituciones.  Me puede parecer delirante, de mal gusto o incluso de una tosquedad maniquea deprimente, pero sólo hay una cosa obvia: es teatro para adultos. Así que, como dudo que nadie pretendiera endosarle al público infantil un susto de muerte y dejar los niños catatónicos, asumo que se trató de un error (grave) de programación, aunque también recuerdo de mi infancia que en el teatro de marionetas se repartían más hostias que en el Vaticano un domingo de resurrección; que los malos eran malos hasta la depravación, y que no era extraño que más de uno de los títeres del lado oscuro muriese a manos del protagonista. Claro signo de que los tiempos han cambiado, pero seguimos viviendo en un mundo tan violento como hace cincuenta años (ahora sería buen momento para discutir si la violencia es consustancial a nuestra más honda raíz simiesca, y de mis dudas de si para vencerla no sea mejor mostrarla en toda su dimensión que pretender como si no existiera ante los tiernos ojos de nuestros virginales infantes).

 Sea como fuere, de lo que se trata aquí es de un fiasco organizativo, atribuible más bien a la genuina y portentosa capacidad hispana para hacer las cosas deprisa, corriendo y en el último momento. Y también por la prodigiosa ineficacia de los filtros burocráticos que seguramente debieron pensar en la equivoca equivalencia entre teatro de polichinelas y público infantil. Eso, que cualquiera en su sano juicio y no vencido por una manifiesta hostilidad política habría advertido de inmediato, se ha transformado en un carnaval delictivo en el que el señor juez –llevado sin duda por un arrebato predemocrático- ha decretado prisión sin fianza para los transgresores titiriteros, sin cuestionarse siquiera que la sátira, por rabiosa que sea, no constituye sedición de ningún tipo, sino más bien denuncia de situaciones que el autor pretende denostar de la forma más corrosiva posible. Y que la apología del terrorismo es otra cosa, salvo que –como bien han señalado muchos ilustres pensadores- todas las ficciones cinematográficas que nos muestran en acción a violentos opositores del modus vivendi occidental judeo-cristiano deban ser tipificadas penalmente (se me ocurre también que los guionistas de series tan afamadas como Breaking Bad deberían pensarlo dos veces antes de pisar tierra hispana, no sea que los enchironara uno de nuestros rigurosos magistrados por incitación al tráfico de estupefacientes)

 Mención aparte merecen los comentarios surgidos desde las diversas formaciones políticas, ansiosas de capitalizar cualquier resbalón del oponente para ponerlo ante el paredón mediático. Es cierto que una pifia de este calibre –monumental- merece que alguien cargue con el mochuelo de una responsabilidad administrativa, pero como veteranísimo empleado público me temo que más bien se trataría de una responsabilidad funcionarial que claramente política. Lo contrario, llevado al extremo, es como pretender responsabilizar al presidente del gobierno de las erratas –monumentales también- que suelen aparecer en el BOE, sin que nadie se rasgue las vestiduras de modo semejante. Es aceptable, políticamente, socavar el prestigio del contrario, pero hay que tener en cuenta que al afinar tanto, se está favoreciendo el efecto bumerán, y que si todos los errores se empiezan a escrutar del mismo modo, no habrá humano que pueda dedicarse a la política sin riesgo de ser defenestrado a las primeras de cambio.

 A este país le falta sosiego y serenidad, carencias que no ayudan a remediar ni la mayoría de los políticos ni la totalidad de los medios de comunicación por uno u otro motivo. Tanto criticar a los islamistas radicales y tenemos aquí unos cuantos ayatolás del Sistema que dan grima y nos hielan el alma. Titiritando, nos dejan.

Percepciones

La última encuesta de Transparencia Internacional muestra un vertiginoso descenso de España en el escalafón de la percepción de la corrupción. Dicho de otro modo, nuestro país se sitúa como uno de los más corruptos de la OCDE a nivel del sentir popular. No es de extrañar, dado el constante goteo de casos de corrupción  que continúan aflorando  en los medios de comunicación y que afectan, sobre todo, al PP, aunque el fenómeno es extensivo a casi todas las formaciones políticas.

 Sin embargo, hay que ser muy prudentes a la hora de las valoraciones, cosa en la que los medios no destacan precisamente por su cautela. La necesidad de titulares llamativos ha condicionado la información periodística en España de un modo muy sesgado y localista, dando mucha más importancia a la guerra de medios afines a uno u otro partido que a  la importancia objetiva de las noticias, en tanto que la publicación de datos sobre corrupción se ha convertido – a falta de un debate de alcance ideológico- en el arma preferida de unos y otros para asestar golpes al contrario.

 Resulta preocupante que unos –los políticos- no tengan más arsenal que el del cañoneo constante de la corrupción que afecta a los demás, mientras que otros –los medios- sólo usen un tipo de munición para sus portadas. El hecho de que el estrellato informativo resida en  numerosísimos casos de podredumbre  plantea una cuestión de fondo, relativa al peso real que pueda tener, en este momento, la corrupción en España, más allá de los intereses partidistas y de los dividendos empresariales. Un asunto que no es menor,  porque parece como si este fuera, sin lugar a dudas, un país donde todos practican el soborno, el cohecho y la malversación a destajo. Sobre todo en relación a otros países de nuestro entorno.  

 Sin cuestionar el más que factible déficit de garantías que la relativamente joven democracia hispana ofrece frente a determinados tipos de delincuencia de guante blanco, más por falta de una pedagogía activa que de medidas presuntamente coactivas  (a lo que no es ajeno un cierto sentido admirativo de gran parte de la población hacia  la capacidad de ciertos individuos para torear fraudulentamente a ese ente ominoso al que atribuyen todos los males, llamado Estado), tenemos la obligación de poner cierto acento en cuestiones metodológicas de todo este tipo de encuestas, en las que evidentemente, la calificación de la “percepción” pasa completamente desapercibida para la gran mayoría. En definitiva, es cierto que una parte notable de la sociedad civil española contemporánea se parece extraordinariamente a esos fundamentalistas republicanos yanquis que ven al Estado como un enemigo a combatir con todas sus fuerzas, sin excluir la evasión fiscal y el uso masivo del dinero negro y el favoritismo como fuente de privilegios económicos; pero no obstante, hay que ser muy cuidadosos con los componentes subjetivos de tales apreciaciones.

 La percepción es siempre un fenómeno subjetivo. Sin necesidad de ahondar en cuestiones metafísicas o filosóficas, percibir no es lo mismo que constatar, y todavía es mucho menos sólido que probar. Por tanto, la corrupción puede estar en la mente de todos y ser simplemente una especie de espejismo colectivo, una moda interesada o una distracción de otros asuntos más importantes pero menos llamativos. Evidentemente, no estoy afirmando semejante cosa (al menos taxativamente), pero sí me permito insinuar que un cierto componente de todos eso factores es más que plausible que exista. Por otra parte, tenemos una evidencia histórica: en todas las épocas, en todos los países, y bajo todos los regímenes, la corrupción ha existido, y lo ha hecho siempre de forma proporcional al poder que una parte de la ciudadanía ha podido acumular respecto al total de la población. Diversos estudios recientes nos muestran que el fenómeno de la corrupción se halla extendidísimo en el Reino Unido y otros países anglosajones, sin que la percepción de los británicos al respecto sea equiparable a la española. No así en USA, donde una parte sustancial de la población ve a Washington como la fuente de todos sus males y madre de todas las corrupciones. No deben andar muy equivocados al respecto, pues cuanto más poder acumula una minoría, más posibilidades hay de que exista corrupción en su seno.

 Las noticias desde Bruselas no son más alentadoras. La corrupción moral del aparato burocrático de la UE parece ser prodigiosa, a la vista de los también numerosos estudios independientes al respecto. Sin embargo, es en España, y en general en los países de la ribera sur europea, donde la percepción de la corrupción es más alta, y me temo que esa es una cuestión sumamente engañosa y que habría que poner en sus justos términos. De entrada, hay que empezar por valorar un conjunto de factores que impiden que los observatorios sobre la corrupción sean realmente objetivos, porque las percepciones de un mismo asunto en uno y otro país pueden tener sesgos muy diferentes. Veamos porqué.

 En primer lugar, hay un factor de ingenuidad que no puede desdeñarse. La democracia española es joven y la ingenuidad política de los ciudadanos españoles es comparable a la de un adolescente virgen. Ya sabemos que la ingenuidad traicionada tiene efectos devastadores en las personas. Sucede lo mismo con los colectivos: las mayores animadversiones y fundamentalismos surgen de un exceso de ilusiones frustradas. Y en esto los hispanos somos especialistas.

 A continuación, tenemos el factor sigilo, que no es tan obvio ni mucho menos. Los para nosotros silenciosos y aburridos escandinavos son gente de pocas palabras y aún menos gestos. Viven en una especie de aislamiento absolutamente opuesto a la expansividad mediterránea. Cada cosa tiene sus ventajas, pero la nuestra no es la de saber mantener un secreto. Y delinquir exige un nivel de secretismo sin parangón.  Aquí vamos de bocazas para arriba, y además de bocazas presuntuosos. Una de las máximas del outsider es la de no destacar bajo ningún concepto, aquí acabamos presumiendo de todo, como ese inspector de hacienda, hoy cesado, que tenía la desfachatez de presentarse en su oficina en la delegación de hacienda de Barcelona conduciendo un flamante Porsche 911.  La discreción es el lema profesional del delincuente, y aquí eso desconocemos lo que es, lo cual favorece mucho el clima de percepción de la corrupción que en otros países no se da.

 Por otra parte, tenemos aspectos relativos al sentido práctico de una sociedad en concreto. Un sentido práctico que puede llevarnos al cinismo más descarado, al estilo de los personajes de James Bond, que pese a ser de ficción, reflejan un modo de ser bastante extendido en las culturas anglosajonas. Eso tan manido y denostado, pero tan vigente, de que el fin justifica los medios. Si le sumamos el feroz individualismo de la cultura anglosajona (que favorece a su vez el secretismo respecto al modus vivendi) y la ferocidad de la doctrina económica neoliberal, tendremos los ingredientes necesarios para que la sociedad civil esté relativamente anestesiada ante muchos casos de corrupción (que se dan por hechos), ya que la línea que separa lo moralmente aceptable de lo reprobable es más difusa allí que aquí, que dibujamos con carboncillo grueso. Otras sociedades, por el contrario, son tan opresivas y dictatoriales, que no hay percepción de la corrupción que valga. Sólo así se explica que en Singapur, Hong Kong, los Emiratos Árabes Unidos o Qatar, la precepción de la corrupción sea menor que en España. ¿De qué percepción me hablan, si no hay manera de hacer una valoración libre –y mucho menos de expresarla- sin que uno se pueda meter en serios problemas por ello?

 Un aspecto más, bastante esencial en estas cuestiones, es el nivel de acostumbramiento de la sociedad civil a algún determinado tipo de corrupción. En conexión con el argumento anterior, una sociedad acostumbrada a la corrupción, como la italiana desde la fundación de su estado, es una sociedad que no la valora de forma tan alarmante como la española. Los italianos no se escandalizan de lo que allí sucede en la misma medida que aquí, porque salvo notables excepciones, todo el mundo asume la existencia de un estado dentro del estado. Un estado paralelo que funciona a base de mafias, logias, nepotismo y contratos públicos en manos de empresas de dudosa higiene moral. Cuando todo el mundo asume esto, el tufo de la podredumbre se va diluyendo como un azucarillo en un vaso de agua caliente. Mejor dicho, la corrupción se percibe, pero se asume como un elemento más del sistema social y político, y no hay que darle más vueltas. Es inherente al sistema, consustancial con él.

 Finalmente, tenemos un problema de apreciación de las proporciones. ¿Qué es peor, una corrupción difusa y de baja intensidad pero extendida como una mancha de aceite, o una corrupción abusiva ultraconcentrada en unos reducidos grupos de poder casi omnímodo? Dicho de otro modo, ¿qué es peor, el choriceo de las tarjetas black repartidas a mansalva o la aparatosa burrada del 2008 que arruinó a gran parte del sector bancario norteamericano y a sus accionistas e inversores? La cuestión puede no ser pacífica, pero está claro que tenemos que delimitar si preferimos una corrupción de baja intensidad pero muy extendida, o una corrupción de alta intensidad pero muy concentrada. Puede sonar demagógico, pero yo prefiero la primera, por la sencilla razón de que es mucho más fácil poner al descubierto la primera que la segunda. La explicación es clara: cuantos más implicados hay en un caso de corrupción, más fácil es que alguien se vaya de la lengua o meta el remo hasta la empuñadura. Así que es más fácil desentrañar un caso de corrupción extendida (como los que tenemos en el PP), que un caso de corrupción concentrada y alimentada por el secretismo (como los que manejan las diversas mafias italoamericanas o del bloque del este). No deja de ser significativo que en España nunca haya surgido una organización mafiosa realmente potente e imbricada con el aparato estatal.

Que Estados Unidos ocupe el puesto 16 en la percepción de la corrupción, y que España esté en el 36  sería hilarante si no fuera por las conclusiones precipitadas que se sacan de la manga algunos presuntos analistas de vía estrecha. Porque los Estados Unidos son la sede y la fuente de las mayores organizaciones criminales del mundo, junto con las procedentes de la extinta Unión Soviética, y sin embargo, sus ciudadanos no parecen ser  muy conscientes de ello, a tenor de los resultados de la encuesta del 2015. Ver muchas películas del FBI, de la DEA y de las diversas organizaciones policiales americanas a lo mejor puede influir en la percepción ciudadana de la limpieza política y administrativa de los Estados Unidos, pero lo esencial es comprender que las grandes organizaciones criminales no pueden existir sin una profunda interpenetración en el tejido del estado, es decir, sin corrupción de alto nivel y de amplio alcance. Y sin embargo, ahí tenemos los datos: los españoles flagelándonos y los yanquis viviendo, al parecer, a las puertas del paraíso de la incorruptibilidad.

El Gran Desgarramiento

Ellos lo sabían, muchos lo intuíamos con una sensación más próxima a la certeza que a la mera probabilidad, y la mayoría de la población permanecía en la inopia, anestesiada por el optimista discurso de siempre, a saber, que los cambios tecnológicos del pasado siempre habían supuesto la pérdida de puestos de trabajo, que se suplían con la creación de nuevos puestos diferentes. En resumen, que todo pasaba por una redistribución de la fuerza laboral y una readaptación a nuevos desempeños, reciclando la mano de obra sin mayor problema.

 Esta visión buenista del mercado de trabajo  no sólo ha cumplido fielmente con el aforismo de que los economistas son muy malos haciendo predicciones a largo plazo, sino que además ha puesto de manifiesto la escasa congruencia entre los acontecimientos del pasado y los del presente. Y es que una cosa fue la revolución industrial, y sus sucesivas reencarnaciones; y otra  muy distinta es la revolución tecnológico-informática en la que estamos sumidos, y que corre a velocidad muy superior a cualquier otra transformación que haya experimentado la especie humana en su corta existencia. Resumiendo, lo que está sucediendo es que la tasa de evolución tecnológica para suplir la mano de obra es muy superior a la tasa de acomodación de la sociedad occidental relativa a dichos cambios, y de este modo, se está creando ahora mismo un déficit manifiesto de oferta de trabajo en todo el mundo occidental.

El problema no es sólo ése, sino que el déficit se incrementa en relación directa con la aceleración de las innovaciones tecnológicas. La OCDE ha reconocido que en los próximos años se destruirán unos siete millones de puestos de trabajo de los sectores tradicionales, y sólo se crearán unos dos millones en los sectores más dinámicos. O sea, que Occidente perderá irremisiblemente cinco millones de puestos de trabajo que no van a poder ser reemplazados de ningún modo. Algo que afectará sobre todo al sector servicios, que resulta ser el sector clave de las economías avanzadas. Y es que quienes intuíamos esto ya apreciábamos, hace tiempo, que conglomerados monstruosos que gestionan servicios por internet -como Facebook, Google o Amazon, entre otros- tienen un alcance y resonancia mundiales, unas facturaciones increíbles y unos costos laborales bajísimos, porque son manejados por –literalmente- un puñado de trabajadores en relación con su volumen de gestión. El paradigma fue Whatsapp, que con menos de cincuenta trabajadores, consiguió un valor de mercado de miles de millones de dólares.

Este fenómeno trae varias consecuencias, todas indeseables. La primera de ellas es que la denominada “senda del crecimiento económico” es plausible que este ahí delante, pero reducida a  un crecimiento nominal muy mal repartido. Las empresas serán cada vez más ricas, pero  a base de menores costes operativos, especialmente laborales. Aunque la tecnología sea cara, tiene la ventaja de ser reemplazada fácilmente, y no hay que pagarle salarios, vacaciones, seguros de enfermedad ni jubilaciones. Se amortiza mucho más fácilmente que un trabajador humano. Sólo ése aspecto ya tiene una influencia fundamental en las políticas empresariales. La brecha entre capital y salarios se irá ampliando cada vez más, y salvo que el capitalismo popular masivo se convierta en un hecho (lo cual es sumamente improbable), la realidad es que la sociedad occidental estará aglomerada en dos polos opuestos: uno de accionistas obscenamente ricos, y otro compuesto por una masa de desheredados tecnológicos cada vez más empobrecida, por mucha formación que reciba. En medio, un pequeño porcentaje de especialistas bien remunerados dedicados al diseño, producción y mantenimiento de las tecnologías, y un porcentaje sustancial de población que  vivirá con la soga al cuello de trabajos dependientes de que no se pueda (o no convenga) sustituir completamente al elemento humano (estoy pensando en educación, fuerzas de seguridad, sanidad y sistema legal-judicial), pero cuya relevancia será cada vez menor, como bien se ha puesto de manifiesto en un sector puntero en el que la reducción de personal en los últimos cuarenta años ha sido pasmosa: el ejército. Hoy en día, un solo hombre sentado en Houston puede destruir con precisión un objetivo a miles de kilómetros mediante el pilotaje de un dron. Y los ejércitos occidentales han reducido sus efectivos en más de un setenta por ciento desde 1980, no porque haya más paz y seguridad que entonces, sino porque el elemento humano es cada vez menos necesario y está dotado de una potencia de fuego inimaginable hace pocas décadas.

 No es mi pretensión ponerme a analizar sector por sector la escasa importancia del factor humano en el futuro, pues es algo que cualquiera puede consultar en las publicaciones especializadas y constatar de forma directa en su vida diaria.  Pero no está de más tener en cuenta que la primera oleada tecnológica supuso la práctica desaparición del sector primario agrícola en cuanto al número de trabajadores en Occidente; la segunda oleada se tradujo en una dramática reconversión del sector secundario  industrial en todo el mundo occidental, que cada vez va teniendo menor peso específico; y la tercera oleada está afectando de lleno al sector terciario o de servicios, donde se ha concentrado el grueso de la población en edad laboral.  El sector servicios está a punto de sufrir un cambio tan trascendental en los próximos años, que resulta difícil imaginar sus consecuencias directas, que ya palpamos a través de las nuevas generaciones. La compra e intercambio de bienes por internet está experimentando un auge inconcebible para quienes no son nativos digitales, pero que las nuevas generaciones asumen como algo normal. De ahí el éxito incuestionable de Amazon, Ebay, Trivago, Airbnb  y otras plataformas de compraventa de bienes y servicios. Ya no hace falta ir a la tienda a comprar electrodomésticos de ningún tipo, ni acercarse a la agencia de viajes para organizar las vacaciones. Ni siquiera será preciso en breve bajar a efectuar la compra del supermercado, porque la alimentación también está en el ojo del huracán de los servicios en línea.

 Prácticamente todos los puestos de trabajo que dependen de la atención directa al cliente (dependientes, cajeros, logística al por menor) están en riesgo de desaparición. Se trata de un riesgo inevitable, algo que va a ocurrir efectivamente, salvo en un pequeño sector de servicios personalizados. Hoy en día no sólo es posible comprar de todo en internet, sino que incluso grandes cadenas como El Corte Inglés o Nespresso han habilitado puntos físicos de venta totalmente automatizados, en los que el cliente puede entrar en el comercio, seleccionar sus productos, pagarlos y llevárselos sin intervención de ningún empleado, solamente mediante el uso de tarjetas y lectores inteligentes. Es cierto que la atención personalizada seguirá existiendo siempre, y el pequeño comercio al estilo tradicional perdurará en determinados ámbitos, pero ello no minimizará en absoluto la tendencia acelerada –y hay que recalcar el fenómeno de la aceleración- hacia la reducción sustancial del personal en todo el comercio y en el resto del sector servicios. La banca, por ejemplo, maneja cantidades de dinero sin parangón en el pasado, y el número de transacciones diarias produce vértigo en relación a las que se producían a principios del siglo XXI y, sin embargo, la fuerza laboral del sector bancario no hace más que reducirse de forma continuada en los últimos veinte años. Ya son muchos los clientes que operan casi exclusivamente a través de internet y de los cajeros automáticos, que han dejado de ser simple cajeros para convertirse en terminales multioperación en los que se puede hacer prácticamente de todo. Un fenómeno al que no es ajena tampoco la administración pública, cada vez más automatizada y tecnológica.

 Así que todos los gobiernos del sector OCDE se van a enfrentar en breve a un problema muy serio de desempleo estructural permanente, no coyuntural, e imposible de resolver con las medidas tradicionales de estímulo al crecimiento. La consecuencia no deseada de ello es que no sólo no va a haber trabajo para todos (ni aquí ni en Nueva Zelanda, para desilusión de los fanáticos de las migraciones selectivas), sino que el porcentaje de personas desempleadas será equiparable al de la población activa en pocas décadas (salvo que se produzca un brutal retroceso en todos los ámbitos de la sociedad occidental). Ironías del destino, esa es la situación en la que se encontraba Occidente hace cosa de cincuenta o sesenta años, cuando la mano de obra efectiva era poco más de la mitad de la  mano de obra potencial, debido a que a) en la mayoría de los hogares sólo existía una fuente  de ingresos y b) la mayoría de las mujeres no optaban a puestos de trabajo y se dedicaban a ser amas de casa. Esa situación está de nuevo a la vuelta de la esquina, y no tiene nada de especulativa, salvo por el hecho de que en la actualidad, y fruto de las políticas de igualdad, es posible que el número de personas de ambos sexos que tengan que optar por no trabajar nunca o casi nunca sea equiparable.

 Sin embargo, esto plantea un problema muy serio a todos los gobiernos, sean de derechas o de izquierdas. Si una parte sustancial de la fuerza laboral queda en “excedencia forzosa” y en cambio se ha de mantener el nivel económico de bienestar de las últimas décadas, o bien se incrementan proporcionalmente los salarios de los que continúen trabajando, o la tasa de consumo caerá muy rápidamente, impidiendo no sólo el crecimiento económico, sino también el sostenimiento de la sociedad tal como actualmente la entendemos. La alternativa de repartir el cada vez más escaso trabajo entre todos -a base de trabajar menos horas- puede parecer oportuna, pero no resuelve el tema del cada vez menor poder adquisitivo, y el consiguiente frenazo del consumo interno. Por otra parte, me temo que una parte sustancial de la ciudadanía no vería con buenos ojos trabajar menos horas y cobrar menos (no hay que olvidar el natural egoísmo humano y el aún más natural sálvese quien pueda ante ese tipo de circunstancias), así que muchos apostarían por la opción de que trabajen menos personas en vez de trabajar menos horas, mientras no sean ellos los afectados.

 Entrando en el terreno especulativo, tengo la convicción de que el futuro volverá su mirada al pasado, y en cada hogar habrá sólo una fuente de ingresos, masculina o femenina, tanto da. Los gobiernos, por su parte, se verán obligados a adoptar algunas medidas drásticas, pero totalmente procedentes y necesarias, de redistribución de la riqueza, so pena de favorecer el incremento de las tensiones sociales hasta un punto de no retorno, naturalmente violento. Aparece aquí de nuevo en escena la retribución social básica y permanente, que habría de ser universal para todos los ciudadanos mayores de edad que no trabajaran. Es más, podría desincentivarse la aspiración a un empleo, por el sencillo método –totalmente contrario al existente hoy en día en muchos países occidentales, entre ellos España- de penalizar en el impuesto sobre la renta los hogares que tuvieran más de una fuente de ingresos. Que una pareja con dos fuentes de ingresos tenga un mejor tratamiento fiscal que esas mismas dos personas por separado es una aberración actualmente, y lo será aún  más en el futuro.

 Estas medidas desincentivadoras de la búsqueda de empleo habrán de verse complementadas por otras (de alcance muy superior) de redistribución de la riqueza correspondiente al capital.  A nivel mundial, el tratamiento fiscal del capital habrá de armonizarse necesariamente, y habrá que convencer a la cúspide más rica de la población que su opulento estilo de vida  sólo podrá mantenerse optando entre dos alternativas excluyentes: la represión violenta, siempre incierta en su resultado final y con unos costes nada despreciables; o el reparto de la riqueza, mucho más tranquilizador socialmente y generador de mucha más estabilidad y consumo, y por tanto, de bienestar (en la medida en que actualmente equiparamos bienestar con consumo). En resumen, los gobiernos, en relación con la masa creciente de  no-empleados, sólo podrán optar entre la aniquilación y la anestesia. La primera con porras y pistolas; la segunda con dinero para la ciudadanía, algo mucho más rentable a largo plazo.

 Los moralistas farisaicos –que son muchos y poderosos- argüirán que dar dinero a una persona por el mero hecho de ser ciudadano de un país es lo mismo que fomentar la vagancia y resulta contraproducente e inhibidor del deseo de superación y de la ambición personal. Pues bien, creo que en este momento, crucial como pocos en la historia de la humanidad, la cuestión no está en poner el acento en moralinas y moralejas, sino en resolver algo mucho más serio, como es la supervivencia de la sociedad occidental tal como la venimos diseñando desde hace siglos. Y eso tiene un precio, evidentemente. El precio de la estabilidad futura se habrá de pagar en forma de ociosidad retribuida, aunque eso sólo será un pecado desde una perspectiva empresarial capitalista y trasnochada. Posiblemente, muchos de esos futuros ociosos sean más productivos socialmente dedicándose a actividades no retribuidas pero esencialmente creativas, o en sistemas de voluntariado social, o simplemente cobrando por hacer las tareas domésticas; una reivindicación, por cierto,  absolutamente razonable y que lleva años en el candelero.

 Los cosmólogos denominan “Big Rip” o “Gran Desgarramiento”, a una reputada teoría sobre el posible final del Universo, ahora que ya se sabe que no sólo se sigue expandiendo, sino que lo hace a velocidad acelerada. El Big Rip consistirá en que las fuerzas de la energía oscura –repulsivas- vencerán a la atracción gravitatoria, provocando un desgarro en el tejido del universo, y haciendo que toda la materia se disgregue en sus componentes fundamentales hasta desaparecer. La extraña pero poderosa analogía con nuestra sociedad occidental es más que evidente. Si la energía oscura del capital global sigue incrementándose de forma acelerada sin ninguna contención, la gravitación social (esa fuerza que ha permitido a la especie humana dar el gran salto adelante desde la sabana africana hasta las sociedades tecnológicas actuales) será insuficiente para mantener la cohesión del universo humano, y asistiremos a un Gran Desgarramiento Social en el que no habrá supervivientes, porque todos -el capital y el trabajo; los ricos y los pobres- acabaremos igualmente exterminados por fuerzas imparables que no sabremos controlar por nuestro egoísmo, desidia y falta de visión global.

De piojos e indumentarias

Que el ser humano es un simio es algo que a estas alturas del conocimiento ya no cuestiona nadie con un mínimo de sentido común. Que su pasado ancestral, grabado a fuego en sus genes, sigue campando a sus anchas por los vericuetos de su presuntamente evolucionado cerebro, ya es más controvertido. Sin embargo, en su vida diaria, los relámpagos de un pasado puramente animal siguen centelleando por doquier, especialmente en lo que se refiere a los signos externos de estatus y jerarquía. Igual que un gorila de espalda plateada, o un babuino gelada de pecho resplandeciente, o un mandril de suntuosamente coloreado morro, el humano necesita –como hace millones de años- poner de manifiesto su poder en la escala social por medios que sean verdaderamente aparentes y aparatosos, por más que resulten manifiestamente incómodos, evidentemente trasnochados, completamente inútiles salvo para aparentar superioridad, y lo que es peor, absolutamente inaceptables desde una perspectiva democrática saludable.

A mí, que soy un descamisado convencido de que mi relevancia social y mi estatura intelectual no dependen de una corbata de Hermès ni de un traje de Armani, toda discusión sobre cómo deben vestir los políticos me trae absolutamente al pairo, pero es menester poner el dedo en la llaga que han abierto nuestros políticos de casta tradicional durante la reciente constitución del congreso de los diputados. Antes al contrario, cuanto mejor (donde “mejor” refleja solamente una vetusta concepción de la etiqueta social) viste un político, más miedo me da, porque es señal inequívoca de que está sustituyendo su valía como “mono desnudo” por una serie de aderezos corporales que solamente dependen de su capacidad adquisitiva y de sus ganas de integrarse en la élite política. Es aquello de que el hábito no hace al monje, si bien pretenden convencernos de que es requisito ineludible para serlo.

Pero no, vestir según un determinado código no es condición suficiente ni necesaria para devenir un buen político al servicio de la ciudadanía. Y eso resulta especialmente preocupante cuando veteranos ocupantes de escaño en el Congreso manifiestan un espectacular desprecio por atuendos y estilos capilares que difieren de las convenciones por ellos adoptadas, que suelen estar muy lejos del sentir mayoritario de la calle. Es decir, de nosotros, la chusma a la que gobiernan con más desaire que otra cosa. En esas estábamos cuando la venerable Celia Villalobos soltó uno de esos exabruptos tan característicos, que resultarían cómicos si no fuera por lo que tienen de sectario y menospreciativo. Al parecer a la señora Celia le aterra la posibilidad de que algún diputado de Podemos, con sus lustrosas rastas, pueda contagiarle los piojos que, indudablemente (según ella) caracterizan a ese colectivo capilar de rastafaris. Seguramente la señora Villalobos ha debido confundir estilo con higiene personal y salud pública. Lamentablemente, todos conocemos casos de gentes muy bien vestidas y, no obstante francamente hediondas -en el sentido literal del término- y que parecen desconocer los fundamentos de la higiene corporal (aunque ciertamente desconozco si esos personajes albergan alguna nutrida colonia de ladillas en su entrepierna o no).

En cualquier caso, lo que resulta deprimente es que pretenda hacerse befa de un estilo personal radicalmente callejero (de nuevo me veo en la obligación de precisar que “callejero” en tanto que se ve de forma más que frecuente en las calles de nuestras ciudades), como si ese estilo fuera símbolo a) de desprecio hacia las instituciones; b) de nula integración sociopolítica y c) de insuficiente talento y escasa aptitud profesional. A mí, el desprecio institucional, la nula integración y la escasa preparación y aptitud me la han puesto de manifiesto muchos diputados con terno completo de tres piezas y muchas diputadas calzadas con Ballys y Manolos y colgadas de bolsos de Longchamp, que con su estilo habitualmente zafio, arrabalero y masturbatorio  nos han puesto los pelos de punta en los debates del Congreso. Tal vez olvidan que son representantes del pueblo, y que la mayor parte de la ciudadanía  no puede permitirse los lujos de los que hacen gala en las sesiones parlamentarias.

 Y es que intuyo que la profundización en la democracia “real”, debería ir acompañada de una no menos equivalente profundización en la diversidad de la indumentaria y del estilo personal. De algún modo, las rígidas reglas de etiqueta imperantes hasta bien entrado el siglo XX se han ido suavizando en la medida en que la diversidad de procedencias sociales se ha ido incorporando a las tareas políticas, hasta hace bien poco reservadas a unas verdaderas élites educadas y formadas en los más selectos ámbitos de la sociedad, y por tanto, estrictamente (ultra)minoritarias. Pero con la extensión universal de la educación, el acceso masivo a las universidades, y el enorme influjo formativo e informativo de internet y las redes sociales, el acceso a la función política representativa se ha visto generalmente extendido a todo un conjunto de grupos sociales que antes debían conformarse con merodear por los arrabales de las instituciones públicas.

 Y así como la calle ha triunfado, al menos socialmente, con la extensión masiva de artículos como los vaqueros, las minifaldas y las camisetas, dejando en la cuneta a los pantalones de franela, los trajes chaqueta y las camisas de popelín, también debería ser así en las instituciones representativas y depositarias de la soberanía popular. Hasta hace bien pocas décadas, incluso las más avanzadas democracias eran muy restrictivas: las mujeres estaban excluidas, muchos varones también, y una mayoría de edad legal muy tardía descartaba a todo el colectivo juvenil de cualquier opción de participación política. Los diputados como la señora Villalobos deberían tener en cuenta que si no fuera por la progresiva democratización de las instituciones y de la sociedad, los señores diputados seguramente todavía vestirían levita y sombrero hongo; y las señoras diputadas aún  llevarían polisón en sus traseros. Igual no le parece mala idea, con tal de distinguirse del común de los mortales.

 La sociedad moderna es diversa por definición. Esa diversidad debe ser tratada igualitariamente, con independencia de nuestros gustos y aficiones personales. El buen gusto en el vestir –eso tan elusivo- no debe ser nunca requisito para la participación política. La etiqueta no debe ser condicionante para la admisión en la representación ciudadana, salvo que queramos anclarnos en arcaísmos de tinte elitista. Y desde luego, a todas las personas, pero especialmente a los políticos, debe evaluárseles por su desempeño y no por su apariencia, algo que hace ya bastantes años descubrieron los grandes centros innovadores como Silicon Valley, y eso que mueven mucho más dinero, poder e intelecto que la señora Villalobos y sus compañeros de viaje.

 En ese sentido, y aunque alguno se escandalice, era mucho más democratizador el estilo imperante en la China de Mao, donde el poder se conocía por quien lo ejercía y no por cómo vestía, ya que todos llevaban la misma indumentaria uniformizadora. Y es que la vanidad se consideraba un crimen ideológico, y la mejor manera de suprimirla era uniformizar la vestimenta. Cierto que esa vestimenta lo era por imperativo casi legal y revolucionario, pero aunque suprimió la diversidad (un grave error), lo hizo  mirando hacia la calle (un acierto), en lugar de propugnar un modelo diferenciador elitista. No deja de ser objetivamente apreciable el hecho de que casi todos los regímenes políticos de izquierdas hacen inciso en la indumentaria como factor aglutinante de las clases menos favorecidas, estableciendo como infracción ideológica la manera de vestir tradicionalmente burguesa y occidental. Y es que, nos guste o no, existen formas subliminales de conducir a la gente hacia el pensamiento neoliberal y conservador, y no es la menor de ellas la de equiparar el buen hacer político con una determinada manera de vestir: traje y corbata, ellos; estilo Chanel y derivados, ellas. También vestían impolutamente los jerarcas nazis, y ya vimos cómo las gastaban.

 Ya bien entrado el siglo XXI, con estos códigos cerrados de aceptación indumentaria como el de Villalobos y compañía, nuestros políticos actuales no van a ningún lado, tal vez sólo al del lujo y la corrupción. Desde ese punto de vista, me merece mucha más confianza el señor vestido con vaqueros, camiseta y rastas, porque al menos parece bastante desconectado de las mediocres aspiraciones individualistas del típico parlamentario clásico, centradas casi exclusivamente en la aceptación de los poderosos, en la apariencia y el enriquecimiento personal. Y con el daño que esa actitud le ha hecho a este país tan triste, bienvenidos sean todos quienes vistan de forma más desenfadada y alternativa. Mientras no sucumban a los cantos de sirena de Hermès y de Llongueras, no todo estará perdido.

La Familia Irreal

Parafraseando el título de una ácida parodia que se ha representado no hace mucho en los teatros, hoy el título viene al caso más que nunca porque al parecer hay quien está dispuesto a convertir la ficción en cruda realidad y conferir a la familia real española un aire de irrealidad entre cómico e insultante.

Uno, que nunca se había considerado especialmente antimonárquico debido a lo que consideraba la escasa relevancia  de esa institución, ha devenido con los años especialmente crítico con el rey y su familia, a la vista de que a su inoperancia ha sumado lo peor del zanganismo oportunista y encima a costa del erario público. Por definición, las instituciones meramente representativas siempre me han parecido un aderezo político más o menos folclórico a la par que inofensivo; una especie de guinda coronando el pastel constitucional. Por ello, transformar el régimen español de monarquía a república se me antojaba una chorrada monumental, porque si las atribuciones iban a ser las mismas no precisábamos ni de lo uno ni de lo otro. Y puestos a inutilidades, cambiar una por otra no menos costosa, por muy democráticamente elegida que fuera, me parecía -y me sigue pareciendo- una sandez.

Distinto es el caso de las repúblicas (semi)presidencialistas, en las que la constitución otorga al presidente una panoplia de poderes reales y efectivos como contrapeso al poder del ejecutivo, dirigido por el primer ministro. Pero como ese no iba a ser el caso de nuestro triste país, no me merecía la pena considerar un cambio de escenario. Sin embargo, en los últimos años, la monarquía ha dado un paso al frente en dirección al abismo del distanciamiento con la realidad de una sociedad moderna y plenamente democrática. Suma a su inutilidad específica (mayor aún que la del Senado, que ya es decir), su falta absoluta de independencia frente al poder ejecutivo, al que debe acatar bovinamente por imperativo legal. Y a todo ello  hay que añadir que, desde el estallido del caso Noos (y otros negocios que no han estallado ni lo harán pero que podrían afectar de lleno a la Corona), se está construyendo una especie de muro de contención  alrededor de los Borbones para impedir que los envíen a juicio por actos que a los comunes mortales nos significarían indefectiblemente la picota tributaria y penal.

Respecto a la constatada inoperancia de la Corona, salvo para negocietes diversos destinados a traer riqueza al país, sin especificar a qué manos concretas iría a parar esa riqueza chanchullera generada por amiguismos al margen del parlamento y demás instituciones democráticas, el aldabonazo final ha sido la "incapacidad" del rey para recibir a la presidenta del Parlamento catalán recientemente constituido, lo cual, pese a su contenido puramente simbólico, pretende ser todo un escupitajo en la cara de los catalanes todos, puestos a hablar en términos estrictamente políticos y representativos. Porque a fin de cuentas, la señora Forcadell ha sido elegida por el pueblo catalán, y al rey Felipe lo puso su padre, Que Mariano y Soraya, rencorosos hasta lo más profundo de su vesícula biliar, muestren tal ejemplo de menosprecio hasta el punto de obligar a la Corona a no atender la tradición parlamentaria no es más que un escaso favor a la monarquía y refuerza el sentimiento republicano de muchos, especialmente en la ya muy republicana Cataluña.

Hasta Pedro Sánchez, experto navegante en las procelosas aguas madrileñas, ha considerado un error no haber recibido a la señora Forcadell, error táctico por otra parte tan evidente como jugar al ajedrez y dejar al rey al descubierto y en posición de jaque, nunca mejor dicho. A la mayoría de los catalanes estos desplantes nos parecen simplones y estúpidos, porque además de reafirmar nuestra tradicional y justificada reserva sobre los Borbones, consiguen incrementar la cohesión republicana. Y no hay que olvidar que la principal fuerza republicana de Cataluña es también independentista. O sea, que al fomentar el republicanismo, se favorece de forma pareja el independentismo. Allá el PP con su tontería revanchista.

Pero el segundo escenario resulta mucho más grave y aterrador, pues consiste en intentar preservar la inocencia de la infanta Cristina a costa de toda legitimidad democrática y de cualquier respeto por la igualdad ante la ley. Como bien dijo el juez Castro, resulta insultante el argumento de la defensa y de la abogacía del estado que, en resumen, vienen a decir que lo de que Hacienda somos todos es sólo un eslogan publicitario (que ciertamente lo es) totalmente vacío de contenido (que no debería serlo), lo cual se me antoja imposible que afirme con convicción alguien que crea en el estado de derecho  . Si no todos somos iguales ante Hacienda, es que algo va muy mal en España, cosa que ya intuíamos desde otros asuntos judiciales, como la doctrina Botín y similares, pero que nunca había alcanzado las dimensiones escandalosas de este "salvar a la infanta Cristina" en que se ha convertido el show penal de la Audiencia de Palma.

Y es que una de dos, o bien se salva a Cristina de sentarse en el banquillo, o bien se permite que sea juzgada y sea el tribunal el que finalmente decida sobre su inocencia o culpabilidad. A buen seguro que si se tratara de mi esposa o la de cualquier lector, se sentaría bien compungida  los meses que hiciera falta hasta el pronunciamiento del fallo, y seguramente, tratándose de una doña nadie, le caería un paquete sensacional, como ha venido siendo tradición en todos los casos de testaferros y similares, que sistemáticamente alegaban el desconocimiento de lo que firmaban pero que casi siempre han acabado condenados.

Me pregunto (y no es cuestión menor) si en el caso de que la infanta no sea juzgada, esa doctrina -que podríamos bautizar como "doctrina Borbón"- impedirá que tantas y tantas esposas de (presuntos) malhechores de cuello blanco sean condenadas pese a  haber puesto su firma en cuantos documentos les presentaban sus respectivos maridos. Y también me pregunto si su candor e inocencia tributarias serán igualmente recompensadas por Hacienda, perdonándoles las evasiones de impuestos más que reiteradas en las que se apoya el caso Noos.

Tampoco se entiende mucho la actitud de la fiscalía y la abogacía del estado, porque si uno es inocente, pero hay un sordo clamor acusatorio generalizado, lo mejor es permitir que todo se desvele en juicio con luz y taquígrafos. A buen seguro que si Cristina es inocente, las magistradas que la juzgan serán lo suficientemente profesionales como para no condenarla por pura presión mediática de los míos, es decir, los rojos, republicanos y separatistas. Así que, invirtiendo el razonamiento anterior, el sentir del populacho que formamos los cuarenta y tantos millones restantes de españoles que no gozamos del privilegio real, es que si los poderes del estado se oponen tanto al juicio es porque hay probabilidades no nulas de que Cristina sea condenada, y entonces ya podría poner Felipe toda su gallardía y su distanciamiento fraternal en escena, que la monarquñia estaría herida de muerte. Tan herida como los elefantes que abatió su padre en Botswana y que precipitaron su desprestigio ante la sociedad española y su final abdicación.

Así que sería medida de gran valentía judicial e higiene democrática permitir que la infanta siguiera sentada en el banquillo de los acusados hasta el día de la sentencia. Pero ante la duda de que las cosas discurran por ese camino, mejor proclamar ¡Viva la República! y que se acabe esta payasada institucional de tintes decimonónicos.

Independencia pospuesta

Se veía venir desde el principio. Éramos bastantes los que creíamos que el impulso independentista era insuficiente para sacar adelante la propuesta de Junts pel Sí. Me he pasado meses, desde antes del 27 de septiembre pasado, tranquilizando a amigos francamente unionistas (como se ha puesto de moda denominarlos ahora), sobre que sus temores -en algunos casos rozando la paranoia- sobre los gravísimos efectos adversos de una posible separación de Cataluña eran totalmente infundados; no tanto por razonamientos lógicos y explicaciones economicistas, como por dos factores que a la postre han resultado determinantes: el miedo (propio o inducido) y la desconfianza entre los propios actores del escenario independentista.

El factor miedo, con el que el poder establecido juega sistemáticamente contra cualquier propuesta de cambio político, fue fundamental para bloquear un mayor número de votos independentistas, que alcanzó una mayoría absoluta parlamentaria, pero con el grave inconveniente de comprometer a tres fuerzas políticas notablemente diferentes; y con el añadido de que el total de votos sumados no sumaba más del cincuenta por ciento del electorado.

Este hecho ya fue percibido por los (escasos) analistas independientes como demostrativo de que si bien la mayoría parlamentaria estaba por una separación de Cataluña, el voto era insuficiente para promover el órdago de sacar adelante una propuesta de modificación real del statu quo actual, y mucho menos aún para una declaración unilateral de independencia de Cataluña. Lo que quedaba por ver era sí los grupos parlamentarios serían capaces de romper reticencias y apostar primero por un modelo de país, antes que por un enfoque socioeconómico de la política a desarrollar durante y después del proceso constituyente. 

En todo momento ha estado claro que el eje central del proceso independentista lo constituye ERC. La CUP, pese a su incrementado protagonismo, tiene una propuesta demasiado radical como para poder ser aplicada en primera instancia. CDC es víctima de la desconfianza que genera el hecho nada anecdótico de que siendo el primer partido nacionalista del país, fuera el último en sumarse al movimiento independentista, lo que siempre ha levantado suspicacias entre una parte del electorado.

Unas suspicacias que en primer lugar, dieron al traste con la federación con UDC, para después ser un pesado lastre para convencer al electorado más radical. A fin de cuentas son muchos los que creen que sobre Artur Mas ha pesado siempre la espada de Damocles del tacticismo político, al embarcarse en una nave que no era la suya, pero sobre todo al pretender capitanearla teniendo en cuenta que una parte sustancial del pasaje de CDC, representante de la burguesía tradicional catalana, representa ese nacionalismo de tintes más folclóricos que otra cosa. Sin ánimo de ofender, el catalanismo político de una parte sustancial de las bases de CDC es incompatible con algo que consideran esencial, como es el dinero.

Money is the king sería la divisa de muchos convergentes, y de eso eran conscientes la totalidad de los asambleístas de la CUP. En ese sentido, por mal que sepa a muchos, la desconfianza que se ha plasmado en la decisión final de la CUP está más que justificada, porque en gran medida, el independentismo político de CDC tiene un componente notorio de táctica de supervivencia en un mar nacionalista embravecido, más bien como un mal menor frente a la posibilidad de ser engullidos por la creciente marea ciudadana partidaria de la independencia.

De perdidos al río, esa fue la apuesta de Mas y compañía, secundada bastante a disgusto por bastantes de sus correligionarios. Ahora el río amenaza con ahogarlos definitivamente, porque si se repiten las elecciones y ERC capitaliza el voto independentista, CDC pasará a ser una fuerza minoritaria en el arco parlamentario, y habrá que ver cómo sobrevive a esa pérdida de hegemonía. 

En el fondo me consta que muchos - más de los que dicen los resultados electorales- habrán respirado tranquilos al saber que el proceso de desconexión ha muerto, no por falta de programa, sino porque los actores no respondían a las expectativas y a las necesidades del momento. Hace ya muchos meses, incluso antes del famoso 9N, que unos cuantos (entre los que me cuento) ya vaticinábamos que éste no era el momento de la independencia de Cataluña, pese a que estábamos convencidos de su factibilidad. Y lo seguimos estando.

En última instancia, ése ha sido el primer intento, una especie de ensayo general, sobre cómo habría de afrontarse la independencia catalana. Lo que está claro es que el movimiento nacionalista no desaparecerá y que seguirá siendo mayoritario. Por lo tanto, es posible que en dos o tres décadas vuelva a plantearse, por la siguiente generación de políticos, la posibilidad de una separación de España. O tal vez no, pero lo que está claro es que sin un acuerdo sobre las prioridades, y sin acuerdo sobre las personas que han de llevar la nave a puerto, será totalmente imposible sacar adelante la independencia de Cataluña ni en treinta ni en doscientos años.

Desde el primer momento he estado convencido de que el impulso a la independencia -aquí y en cualquier otro país- requiere de un grado de maduración y sosiego que eran totalmente incompatibles con el clima de crisis política, social y económica en que ha vivido inmersa España desde el año 2008. Como intento no ha estado nada mal, y hay que agradecer en último término a la CUP su coherencia programática y su respeto a la opinión de las bases, por más que haya estropeado la fiesta de los demás. Porque a fin de cuentas, lo que la CUP nos ha enseñado es que la política tradicional, la que consiste en manipular y confundir al electorado para luego llevar adelante los programas de unas élites minoritarias formadas a la sombra del poder trasnacional, no es la única posible. Pese a las dificultades que plantea el asamblearismo, sus propuestas son mucho mejores que las de esas nomenklaturas clientelares en que consisten las baronías y comisiones ejecutivas de los partidos políticos tradicionales.

Al menos la CUP ha oído y respetado a sus bases, ha puesto sobre el tapete las diferentes sensibilidades de los distintos sectores que  componen el partido, y ha apostado con audacia por respetar al máximo la democracia interna del partido, en vez del remedo de democracia orgánica del bloque tradicional PPSOE. Habrá que ver si en el futuro, ya como partido político consolidado, no cae en los mismos defectos de enfoque -motivados por el egolatrismo y las ansias de poder individuales- en el que llevan ahogándose desde hace años el PP, el PSOE y algunos otros.

Y habrá que pedir al futuro gobierno de España, sea del color que sea, que tenga presente que una vez capeado el temporal, no significa que las aguas dejen de estar agitadas. Si de verdad quieren anestesiar el movimiento independentista sin continuar erosionando su base electoral en Cataluña, les toca afrontar reformas en profundidad de la Constitución. para gobernar en España. Por otra parte, cualquier partido necesita una base estable y suficientemente poderosa en Cataluña para poder tener una auténtica opción de gobernar. Por eso mismo, la lección que deberían aprender los partidos españoles es que no se puede gobernar contra la primera región española por PIB y la segunda por población, por mucho que le tiente el electoralismo cortoplacista de barraca de feria. 

A largo plazo, gobernar en España contra Cataluña como forma de castigo al desafecto conducirá de nuevo a un brote de independentismo más virulento que el de estos últimos años. Y la lección de estos días no la olvidaremos nosotros ni las generaciones posteriores. Si el catalanismo político lleva ciento cincuenta años vivo, tras varios intentos de represión brutal, es por algo. Nadie va a reducirlo a fuerza minoritaria, y mucho menos usando la agresión sistemática como fórmula de contención.