Identidad nacional

Demasiadas barbaridades se han dicho en un par de días respecto a la consulta catalana del 9N. Y bastantes de ellas expresadas por sesudos juristas y politicólogos, en general nada proclives a pronunciarse sin una profunda reflexión previa respecto al significado auténtico de los espinosos asuntos que suelen abordar.

Sin embargo, en esta ocasión la visceralidad le ha ganado la partida a la razón, incluso en los ámbitos más tenidos por intelectuales en un sentido amplio. Y esa visceralidad y falta de rigor analítico se ha puesto de manifiesto sobre todo más allá del Ebro, con reacciones que han ido desde la histeria hasta la amenaza. Una amenaza que se ha hecho extensiva a gran parte del pueblo catalán, una cifra de ciudadanos nada desdeñable que se cuenta por millones.

No es momento ahora de ponernos a desgranar el conjunto de imbecilidades que se han llegado a decir, pero sí de poner sobre la mesa algunos hechos históricos que deberían tomarse en consideración y que afectan, sobre todo, a la cuestión identitaria, tan rebatida desde Madrid (y desde una gran parte del resto de España también). Por aquello de que, en teoría, la identidad nacional no cuenta, es retrógrada, irracional, antidemocrática y un largo etcétera de epítetos descalificadores.

Sin embargo, me temo que el debate identitario es, como todo este debate, totalmente reversible. Preguntenle si no a cualquier extranjero que quiera nacionalizarse español, y verán el sin fin de trabas y procedimientos burocráticos precisos para poder lucir un DNI patrio, y la de años que habrá de aguardar pacientemente para poder proclamarse español. O consideremos ahora hasta que punto nos intercambiaríamos pasaportes con nuestros vecinos y casi hermanos portugueses sin arrugar el hocico.

La identidad nacional es una cuestión que está permanentemente presente en nuestras vidas, desde el deporte hasta lo social, pasando por lo estrictamente político, pues esos mismos que tanto reprueban el ansia de tener una identidad plena de muchos catalanes, son incapaces de reconocer la españolidad y dejar de mencionar despectivamente a tantos moritos o moracos, paquis, machupichus, gitanos, rumanos, albanokosovares, chinos, sudacas, negratas, aunque tengan DNI español. Se niega la identidad española, de facto, a muchos colectivos que son tan españoles como cualquiera, aunque sea por adopción.

En esto seguimos la tradición iniciada hace más de cinco siglos, consistente en pasar el rodillo a cualquier diferencia que no cuadre con la mentalidad dominante. No está de más recordar a los pobres mudéjares y moriscos, obligados a abjurar de su condición o ser expulsados después de haber vivido en la península durante cosa de siete siglos. O los judíos sefardíes, definitivamente desterrados por no gozar del adecuado certificado de hispanidad.

Se presume de identidad española por contraposición a cualquier otra que se considere ajena, lo cual es una forma de reafirmación nacionalista, especialmente frente a nuestros vecinos más cercanos, fronterizos. Una reafirmación totalmente identitaria que vuelve a poner de manifiesto hasta que punto los políticos del estado español usan un doble rasero según su conveniente desmemoria. Así que debatir sobre la cuestión identitaria no es un anacronismo ni mucho menos, ni permite descalificar a quienes pretenden ejercer, dentro del estado español, una opción nacional distinta.

Suele decirse, para esquivar esta cuestión, que la identidad catalana no es tal, porque “los catalanes son españoles”. También lo eran los argentinos, los mexicanos, y por cierto, los filipinos, que ni siquiera hablan ya castellano, y eso que fueron los últimos en emanciparse de la madre patria.

Y ya que mentamos el concepto “España”, habría que refrescar conocimientos de la mayoría, puesto que tal término, en singular y aludiendo a una única nación, no aparece hasta las Constituciones del siglo XIX. Antes los monarcas de por aquí se denominaban Reyes de las Españas, en plural,  un claro reconocimiento a que se trataba de la unión de diversas coronas (y no sólo la catalano-aragonesa y las castellana) que en cualquier caso no era monolítica.

En todo caso, la españolidad de Cataluña se define al final de la Guerra de Sucesión, y es un caso clarísimo del ejercicio de un derecho de conquista cuyas consecuencias pueden debatirse, pero no su sustancia primordial. Como tal derecho de conquista podría interpretarse que con él se daba por finalizado el devaneo de Cataluña con su independencia, como dejó bien claro Felipe V al abolir sus fueros. Pero eso era sólo en su vertiente jurídica, porque pretender que los largos años que siguieron al aplastamiento de Cataluña hasta el resurgir catalanista de la Renaixença como una aceptación explícita de su condición de región española es deformar el cliché hasta más allá de lo razonable.

La voluntad, esa sí explícita, consignada en decenas de textos legales y en actos de los nuevos gobernadores de Catalunya nombrados por la dinastía borbónica, fue la de aplastar sin ningún rubor ni pudor todo lo que de identitario tenía la sociedad catalana. Y la de considerarla como zona ocupada militarmente, tal como atestiguaron hasta hace pocos años las construcciones militares que estaban en los aledaños de las ciudades importantes de Cataluña y que no eran precisamente para su protección, sino para la represión de posibles movimientos secesionistas. Y los cientos de edictos conservados en el Archivo de la Corona de Aragón que sin lugar a duda alguna manifiestan la clarísima voiluntad de hacer de Cataluña una yermo en lo que respecta a sus fueros y tradiciones.

A los desmemoriados les convendría situarse históricamente y tener muy presente que la Cataluña de la posguerra de Sucesión y de los años siguientes (que estuvieron aderezados por el cultivo de un sentimiento ferozmente endogámico y antieuropeo- al que no fue ajena la debilitación y continua decadencia del imperio español- , y que tuvo su apogeo en la Guerra del Francés y las posteriores guerras carlistas) se fundó sobre la represión y el destierro masivo de los nativos, y con otra masiva inmigración foránea que lógicamente diluyó el concepto identitario.

Casi se consiguió el objetivo. Es una técnica que no es novedosa, y que ya conocieron los pueblos de la India a raíz de la dominación mogola y, en tiempos mucho más modernos, el Tíbet totalmente sinificado merced a esa combinación de represión y dilución demográfica de la que muy pocos quieren acordarse. Sin embargo, tanto en el Tíbet como en Cataluña han seguido existiendo ciudadanos que no se han resignado a perder su identidad de una forma impuesta. Y no deja de ser curioso que los mismos políticos que atizan el fuego anticatalán bajo el argumento de que sólo somos españoles, se postren ante el Dalai Lama (irónicamente declarado ilegal como representante político del Tíbet por las autoridades chinas) y le llenen de parabienes, al tiempo que reconocen la ineludible necesidad de respetar la independencia del pueblo tibetano, extirpada manu militari en 1950. Será que la diferencia estriba en que el problema catalán se originó hace trescientos años, y el tibetano solamente sesenta y cinco. Como si anular la identidad nacional fuera cosa de tiempo, exclusivamente. Pregunten a los kurdos o a los armenios.

Por otra parte, tampoco está de más recordar lo que insignes historiadores hispanos también omiten. El siglo XVIII fue –con algunas excepciones como la británica- el del apogeo de las monarquías absolutas y de su feroz tabla rasa unificadora de diversos reinos que no cabía configurar todavía como estados en el sentido moderno del término. Los estados actuales surgen ya en pleno siglo XIX, al amparo del tirón de las revoluciones americana y francesa y con el nacimiento del nacionalismo como idea permeada a amplias capas de la población, que antes ni siquiera se planteaban cuestiones identitarias. Surgen así el nacionalismo alemán, el italiano e incluso el escandinavo, que llevará progresivamente a la configuración actual de Europa.

Cataluña no fue ajena a esa toma general de conciencia de una identidad propia, pero tuvo la mala suerte de formar parte de un país atrasado en todos los conceptos y sobre todo, profundamente antidemocrático. La soberanía popular en España ha sido siempre un paréntesis entre sucesivas formas de gobierno autoritario, y aún en las épocas en las que ha florecido ha tenido siempre ese amargo tufo despótico tan característico a este lado de los Pirineos. Así pues, la Renaixença de finales del siglo XIX no fue ese artificio al que todos los políticos españoles se refieren como disparo de salida del nacionalismo catalán, sino que cabe encuadrarlo en un movimiento mucho más amplio, hasta ahora aceptado y no discutido, sobre el que se asentaron las bases de la moderna Europa. Y esa Europa moderna se alzó sobre la idea de la identidad nacional como eje vertebrador, como muy bien saben en Alemania e Italia. Así que menos lobos y menos críticas interesadas y deformantes a ese supuesto “invento decimonónico de cuatro iluminados catalanes”.

En los tiempos que corren, tildar de artificial y anacrónico el nacionalismo catalán es síntoma de una falta de lucidez enorme, además de una total ausencia de coherencia respecto a determinadas analogías que se dan el panorama internacional. Tal vez la única muestra de congruencia ideológica del gobierno español en ese sentido se ha dado en el caso de Kosovo, dándose la casualidad de que España es prácticamente la única nación avanzada del globo (junto con Rusia, que es una aliada histórica de Serbia) que no ha reconocido la independencia de esa región balcánica. Tal vez porque hacerlo les dejaría en paños menores políticos frente a la opinión pública catalana (y española) y porque lo único que le queda a Madrid es aferrarse al legalismo extremo pero sociológicamente vacuo por el que afirman que la única forma de modificar las fronteras de un estado es la de la estricta legalidad, sea ésa cual sea.

Lamentablemente, aferrarse a la legalidad es una forma totalmente ilegítima de impedir la modificación de un statu quo nacional. Ante todo porque siendo realistas, eso quiere decir en palabras llanas que la fuerza de la razón jamás ha vencido a las razones de la fuerza, y la fuerza (la legal, porque la otra no quiero ni imaginar que a Madrid se le ocurra usarla) está en manos del grandote primo de zumosol que quiere impedir a toda costa que Cataluña ejerza libremente su opción de decidir.

Y ya es lástima, porque eso significa desconocer el hecho- tan válido en Cataluña como en Vietnam- de que cuanto más se aprietan las tuercas a comunidades convencidas de lo que quieren, se puede impedir temporalmente que ejerzan su deseos y sus derechos, pero al final se incrementa la base sociológica que empuja en una misma dirección. En quince o veinte años, si no cambia el escenario, serán muchos más los catalanes decididos a exigir su independencia. Y cuanto más músculo tenga la sociedad civil catalana, peor para el resto de España. Lo que se está haciendo actualmente es lo mismo que agitar violentamente una botella de cava (catalán) mientras que con la otra mano se presiona sobre el tapón. Al mínimo desfallecimiento, el contenido saldrá disparado hacia la estratosfera. O peor aún, la botella explotará y les pondrá a todos perdidos de independencia, que mancha mucho. Dicho de otro modo, y como argumentaba un tipo nada sospechoso de connivencia catalanista como el catedrático Fernando Rey en las páginas de El País, los dos millones de votos independentistas de ahora no son el techo, como creen estúpidamente muchos  políticos mesetarios, sino el suelo del electorado nacionalista. 

Al insulto continuo aludiendo a los nacionalistas catalanes como si fueran extremistas fanáticos y fundamentalistas, cabe oponer la realidad que desconocen interesadamente políticos como la señora Camacho, el señor Rivera y la señora Díez. En Cataluña, a diferencia de otros sitios, todavía no se ha utilizado la violencia contra nadie, pese a las continuas provocaciones que el ultranacionalismo español lanza a los cuatro vientos con el propósito, nada disimulado, de descalificar el nacionalismo catalán a base de mentiras, y también de autojustificar sus sesgados juicios con la archisabida táctica de ser ellos la causa primera de una profecía autocumplida. Porque resulta odioso en extremo comprobar como el grado de tolerancia aquí es enorme en comparación con el resto de España. Camacho, Rivera y compañía siempre han podido montar sus fiestas nacionales y demás numeritos españolistas sin que nadie les reprobara lo más mínimo, cediéndoles espacios ciudadanos comunes, y desde luego, sin que nadie les arreara una hostia ni les mentara a la familia de malos modos.

Si el país que dibujan esos políticos anticatalanistas de escasa altura moral fuera realmente como lo describen, pueden estar los lectores seguros de que no hubieran podido celebrar el pasado 12 de octubre en plena plaza de Cataluña de Barcelona sin que se hubieran producido altercados. Por cierto, veo todas las mañanas salir de su casa a la señora Sánchez Camacho y jamás –literalmente- he visto a nadie aguardar en su portal para increparla, y eso que reside en zona bien céntrica de Barcelona. He sido compañero de trabajo de miembros de Ciutadans y nadie les ha negado la palabra ni les ha dirigido nunca epítetos malsonantes, ni pueden afirmar que se hayan sentido marginados laboral o socialmente.

En cambio, he visto en muchas ocasiones a simpatizantes del movimiento españolista en Cataluña atacar e insultar duramente a personas e instituciones que merecen todo el respeto por su actitud prudente y nada agresiva frente a esta cuestión. Y el juego españolista en Cataluña es el de aumentar la tensión a base de subir el tono de la provocación agresiva, en una espiral de despropósitos y falsedades cuya finalidad parece ser conseguir una reacción violenta por parte de algún sector del nacionalismo catalán. Y la consiguiente represión, algo que en Madrid están muy habituados a practicar desde los tiempos de Felipe V.

Eso es lo que pasa en Cataluña. La consigna aquí es la de no caer en ninguna provocación, pero tampoco se puede tensar indefinidamente la cuerda sin que acabe rompiéndose por algún sitio. Por lo pronto, somos millones los catalanes que no vamos a permitir de ningún modo que se criminalice judicialmente a nuestro gobierno, con independencia de su color político. De momento ellos ladran, y nosotros cabalgamos. Y mejor será que no nos obliguen a apearnos del caballo.

Juncker

El título de hoy es una admonición que dirijo al inefable Juncker antes de que empiece con su casi segura e infumable perorata justificativa, una vez conocida su afición a favorecer a grandes multinacionales mientras era presidente del agujero fiscal en el negro culo de la UE conocido como Luxemburgo. Un país paridisíaco, sobre todo si eres dueño de un Bentley, una casa en la Toscana y un yate en Niza y necesitas esquivar los tipos impositivos que pagamos los comunes mortales en el resto del Yugo Europeo.

Porque de todos era sabido que Luxemburgo es un condenado paraíso fiscal en el mismo corazón de Europa. Esa Europa completamente prostituida que anuncia recortes sin fin a las clases populares para pagar el déficit, mientras también recorta sin fin los impuestos a las grandes empresas, para que no paguen ese mismo déficit. Lo que no se sabía del todo es que el aclamado presidente de la comisión, es decir, el señor que nos manda a todos –mucho más que Rajoy- era quien manejaba los hilos del asesoramiento a las grandes empresas para que pagaran sólo un uno o un dos por ciento del impuesto de sociedades. Y es que Luxemburgo es más bien una asesoría fiscal que un país, y no va a ser su presidente quien cuestione tan larga y lucrativa tradición.

Este sinvergüenza ha elevado el cinismo y la hipocresía tradicionales de Bruselas a un nuevo nivel, que será difícilmente superado en las décadas futuras. Por si alguien no se había enterado, lo de la corrupción parece ser algo muy relativo. Mientras por aquí nos hacemos cruces y rasgamos las vestiduras por asuntos que en el fondo –por muy numerosos que sean- no son más que el chocolate del loro, en Luxemburgo más de trescientas multinacionales de postín han conseguido evadir (porque se trata de eso, de evadir, por mucho que sea un mecanismo perfectamente legal) los impuestos de sociedades merced a la intercesión e intervención de hijos de la gran ramera como Juncker y asociados, que son muchos. Ya dijimos en otra ocasión que ética y legalidad económica no suelen ir de la mano.

Las mafias del narcotráfico hace ya mucho tiempo que descubrieron que el mejor sistema para prosperar es permitir que les incauten grandes alijos de droga –con el consiguiente alarde de éxito policial y la alharaca de la imprescindible repercusión mediática – mientas que el alijo de verdad, el de toneladas de coca, escurre el bulto por la puerta trasera mientras todos andan distraídos poniendo medallas y reventando de satisfacción. Con la corrupción sucede exactamente lo mismo: nos dan nuestra dosis diaria de denuncias menores (y ante todo que sean corruptelas patrias, para mayor mortificación y escarnio), mientras el gran chollo de la corrupción multinacional se escurre discretamente por las cloacas de Bruselas y sus aledaños.

Bruselas, esa capital de Europa donde pululan cientos de lobistas como espías en la Viena de la posguerra; donde los funcionarios de la UE viven como dioses adormecidos entre tanto lujo y privilegio; y donde las grandes multinacionales hacen su agosto a costa de conseguir favores muy específicos, entre los que no es el menor el de mantener  en la estricta legalidad el coladero fiscal de la vecina Luxemburgo. La desvergüenza es aún más odiosa si se tiene en cuenta que esas mismas instituciones comunitarias están (super)pobladas de altos funcionarios que eran, son y serán ejecutivos o miembros de los consejos de administración de

las mismas multinacionales que persiguen y consiguen ese trato de favor del que está excluida la plebe, es decir, el noventa y nueve por ciento de la población europea.

Y cuidadito con mostrarte crítico ante esas instituciones comunitarias, porque entonces eres un antieuropeo retrógrado y fascistoide. Más allá del colmo del cinismo (a un nivel que le pide al cuerpo el uso de la misma violencia mesiánica que exhibió Jesucristo ante los mercaderes del templo) pretenden decirnos que nuestra solución es la “Gran Europa” para ser grandes, fuertes y competitivos; cuando en realidad los únicos que se hacen más grandes (gracias a nuestra borreguil convicción de que Europa y la globalización son buenas para la clase trabajadora, qué risa), más fuertes (merced a la infiltración de “su” gente en las instituciones comunitarias) y más competitivos (a costa de que los ciudadanos, además de cornudos, pagamos la ronda de impuestos) son los grandes conglomerados transnacionales y sus lacayos al timón europeo, como Juncker y sus acólitos, esos que le nombraron casi por aclamación en Estrasburgo.

Se entiende así como el euroescepticismo anglosajón y nórdico se extiendan como mancha de aceite (aunque por motivos distintos; los nórdicos debido a  una calvinista tradición ética relativa al concepto del servicio público; los anglosajones porque no necesitan competencia desleal, pues a fin de cuentas, Londres es la capital financiera del mundo occidental y tiene sus propios paraísos fiscales, como Jersey, Man o Gibraltar), mientras aquí nos fustigamos por la paja en el ojo propio que no nos deja ver la viga en el de Bruselas. Y no me vengan con monsergas de que corrupción es corrupción, con independencia del monto al que ascienda la factura.

Desde una perspectiva filosófica es totalmente cierto, por supuesto, que el corrupto lo es con independencia del grado de lucro que obtenga. Pero desde una perspectiva histórica como la actual (con una crisis económica, institucional y social que se ha llevado por delante a muchos millones de personas), poner en el mismo saco al señor que cobra la reparación del coche en negro; al concejal que se embolsa unos dineritos por conceder una licencia de obras y al alto funcionario europeo que se forra literalmente con sus “ayudas” a grandes transnacionales, es de un fariseísmo obsceno. Y es que las cosas se han de contextualizar, ahora que está tan de moda usar ese término.

Apelar al sentido de la moral cívica del ciudadano común mientras los más ricos se consideran totalmente ajenos a las obligaciones éticas y a la responsabilidad económica de contribuir proporcionalmente al sostenimiento de la sociedad es un insulto a la inteligencia, una provocación que justifica la desobediencia civil y una vuelta de tuerca a la tolerancia popular respecto de los desmanes de lo que actualmente llamamos élites extractivas. Algo que puede desembocar –y debería hacerlo ya si es que la plebe no ha perdido toda su dignidad- en un estallido social no exento de algunas sonoras y ejemplarizantes bofetadas, parlamentarias o de las otras. Que es lo que parece que se está buscando, desde hace tiempo, la clase política tradicional, ese conglomerado de traidores rendidos y vendidos al poder de las grandes empresas que manejan los hilos de la globalización mundial.

En definitiva, estará muy feo y será totalmente injustificable, pero dios me libre de enjuiciar y censurar a cualquier conciudadano del Yugo Europeo que procure saltarse el IVA de alguna facturilla mientras siga siendo Juncker el director de esta orquesta. Es más, celebraré con regocijo todas aquellos trucos con los que avispados empresarios –generalmente del sur mediterráneo- le saquen las mantecas a Bruselas, como aquel glorioso episodio de las subvenciones al aceite de oliva y que en Italia zanjaron por la vía rápida plantando olivos de cartón piedra por miles a fin de engañar a los burócratas de la UE. Es una puesta al día de la vieja afirmación de que o jugamos todos o rompemos la baraja.

Lo siento, pero no puedo evitar sentir cierto grado de empatía por esos latrocinios menores que practica el ciudadano de a pie cuando los contrasto con los magnos expolios a los que nos someten desde mucho más arriba. Así que cuando el señor Juncker salga presto en defensa de su honorabilidad y la legalidad de sus actuaciones cuando era el mandamás de Luxemburgo, deberíamos considerar sus declaraciones como la enésima justificación inadmisible y perversa de un concepto sumamente desviado de la ética política.

A estas alturas, me parece más digno de respeto Tony Soprano que cualquiera de esos políticos de salón que se han vendido por nuestro plato de lentejas. Así que mejor te callas, Juncker.

Deslealtad

Retomar el debate sobre la corrupción desde otro ángulo requiere adoptar un punto de vista radicalmente distinto y, sobre todo, distanciarse de ciertas conceptuaciones sobre el papel que la administración pública debe adquirir en un estado moderno. Como bien han señalado varios analistas, el intento de acometer el problema de la corrupción desde un ámbito estrictamente político resulta en un círculo vicioso, porque es el propio estamento generador de la corrupción el encargado de combatirla.

Pensar que el intenso rechazo social es suficiente para espolear un cambio en las formas de hacer de los dirigentes políticos resulta cuando menos utópico, si no descaradamente ilusorio. Los partidos políticos tradicionales son demasiado cautivos de sus necesidades electorales, y éstas dependen totalmente de una base financiera amplia, que resulta totalmente incompatible con los bajos niveles de afiliación de las bases. De este modo se perpetúa una situación en la que se abona el semillero de la corrupción, porque acompañando a la financiación ilegal de los partidos siempre aparece, más pronto que tarde, el enriquecimiento ilícito de los gestores de las maniobras necesarias para obtener el dinero contante y sonante.

Este fértil vientre de la corrupción no es único en España, y desde luego tiene su paradigma en Italia, donde la penetración mafiosa de las instituciones públicas no tiene parangón con ningún otro país occidental, y ha conducido en muchas ocasiones a la disolución de ayuntamientos, especialmente en todo el sur de la península itálica. Algún bienintencionado alegará que en España las redes de corrupción no están tan tupidamente tejidas como en Italia, pero eso, además de ser sumamente discutible en algunos casos, no puede ser una cortina de humo que nos distraiga de un hecho trascendental y que arroja mucha luz sobre la cuestión.

Las comparaciones son odiosas, peor no es menos cierto que nos permiten establecer similitudes y correlaciones entre determinadas actitudes políticas y sus consecuencias sociales. Y lo que resulta clamoroso, en el caso de España y de Italia, es que resultan ser dos de los países con mayor legislación anticorrupción, pero con un mayor fracaso a la hora de ponerla en práctica. Como recordaba esta misma semana Víctor Lapuente en un artículo publicado en El País, debemos tener presente la máxima de Tácito relativa a que cuanto más corrupto es un estado, más leyes tiene al respecto.

Y es que, recordando a otro clásico, las leyes que no se puede o no se tiene intención de cumplir y hacer cumplir, son papel mojado. Así pues, estamos asistiendo a un proceso de hiperregulación de muchos ámbitos públicos que, a la postre, no va a servir de nada. Y además, puede resultar totalmente contraproducente. En primer lugar, porque es una segregación que nace del mismo causante de la enfermedad que nos aqueja. En segundo lugar, porque consiste únicamente en una operación de maquillaje político ante los desmanes cometidos por muchos capitostes políticos, a los que no se puede dejar simplemente en la estacada, a riesgo de que tiren de la manta y compliquen aún más la situación. Por aquello tan español que afirma que de perdidos, al río.

Por otra parte, aún contando con todas mis simpatías por el esfuerzo de transparencia y regeneración que están efectuando los nuevos movimientos y formaciones surgidos a raíz de tanto escándalo, no puedo menos que mostrar mi escepticismo a medio plazo. Cierto es que el ascenso de formaciones hasta ahora limpias de sospecha, como Podemos o ERC –por citar dos fuerzas emergentes en ámbitos claramente diferenciados pero igualmente atenazados por graves escándalos de corrupción- permitirá un aliviante respiro en los próximos años, pero a fin de cuentas eso será sólo un tratamiento sintomático, paliativo. Porque si no se produce un genuino cambio en las estructuras de poder, el problema de la corrupción política resurgirá dentro de un tiempo, exactamente igual que las cabezas de la Hidra.

Y si alguien sostiene que la sola presión social expresada en los medios, en las redes sociales y en la calle será suficiente para impedir que resurja la corrupción,  me temo que andará muy equivocado. Porque la corrupción se puede reprimir de este modo, pero no se extinguirá mientras no se ataje la raíz del problema, que no es sólo cultural, como algunos autores propugnan. Es decir, que el rechazo social no será suficiente para causar la extinción del político corrupto, por la misma evidente razón de que el rechazo  a un cáncer no es la fuente de la curación del paciente. Evidentemente el rechazo popular es un factor necesario, pero no concluyente, para extirpar el tumor que metastatiza el cuerpo político español. Y siguiendo con el símil neoplásico,  resulta fundamental estar permanentemente atentos, porque con unas pocas células cancerosas que sobrevivan al tratamiento, el carcinoma se puede reproducir –y a buen seguro lo hará- en algún otro órgano.

Así pues, y siguiendo con las analogías médicas, necesitamos fortalecer el sistema inmunológico social con una buena dosis de anticuerpos de carácter permanente. Por desgracia, el clamor de la sociedad se va apagando con el tiempo, hasta quedar totalmente olvidado. Son anticuerpos temporales, que exigirían una buena dosis de vacunación repetitiva de forma periódica, lo cual puede resultar totalmente inviable. Las masas se movilizan en contadas ocasiones (como en las electorales), pero este país necesita un cuerpo de intervención rápida y permanente que impida el menor brote de corrupción ahora y en el futuro lejano.

Lo que sigue a continuación puede parecer sorprendente, e incluso aventurado, pero a mi modo de ver es la mejor opción que existe para evitar la corrupción política a largo plazo. Y no consiste en multiplicar hasta el infinito los cuerpos policiales dedicados a la investigación de delitos económicos, ni a fomentar la proliferación de jueces y juzgados por toda la geografía española. Es algo mucho más sencillo, y que enraíza bastante con el mucho más eficaz sistema anglosajón (que no está exento de tramas corruptas, por supuesto, pero que al menos tiene la virtud de ponerlas al descubierto con mucha más facilidad y celeridad que aquí). Consistiría en que existiera un contrapeso efectivo a la acción política, encarnado en una administración pública poderosa, profundamente profesionalizada y con un notable grado de independencia.

La administración pública española ha sido tradicionalmente -y lo sigue siendo hoy en día-notablemente cautiva de las decisiones (más bien mangoneos) impuestos por el ministro y los secretarios de estado de turno. Pero como bien señalaba Víctor Lapuente en el artículo que he citado antes, la gran virtud del sistema anglosajón es que la administración pública no trabaja “para” el estamento político, sino “con” él. Se trata de una administración entendida no como una herramienta al servicio de los intereses partidistas, sino  de una administración diseñada como columna vertebral del quehacer político en su plasmación diaria. La administración ejecuta las directrices del gobierno, sí, pero con notable independencia y criterio profesional y legal. La administración puede oponerse, de hecho, a determinadas actitudes partidistas que perjudican el interés general. Y todo ello sin necesidad de judicializar la vida pública como está sucediendo en España de forma asfixiante. De esta forma, además, se cumpliría el dictado constitucional de que la Administración ha de servir  con objetividad el interés general y no el  particular del ministro a cargo del departamento, como vergonzosamente vemos que sucede en los últimos años con la utilización perversa de la policía, o con la arbitraria utilización de la Agencia Tributaria, o con la coerción a la independencia judicial. Y no está de más aquí recordar a jueces como Baltasar Garzón o Elpidio Silva, que han pagado muy cara su osadía de enfrentarse a los corruptos con medios drásticos que la gente aplaude y que el poder judicial político condena de por vida en base a formalismos vergonzantes. Suerte tenemos de que este terruño no es como Italia, donde a jueces como Falcone o Borsellino los liquidaron impunemente con la complicidad de gran parte del aparato político en el poder. Ya les gustaría a algunos oscuros personajes de por estos lares.

En España, la clase política siempre ha manipulado, sojuzgado y obligado torticeramente a la administración pública a plegarse a sus intereses exclusivos, partidistas y del momento. Esa utilización espuria de la Administración la ha convertido en tapadera más o menos formal de todas las corrupciones habidas y por haber. Y todo ello con el aplauso explícito de todos los neoliberales que pululan por el escenario económico, cuya mayor aspiración es la de derrocar al estado y sustituirlo por el libre mercado en su versión más salvaje. La explicación de esa actitud no puede ser más clara: al dinero le viene bien el político corruptible y muy mal las cortapisas administrativas a que campe a sus anchas. Por eso claman contra un estado fuerte e intervencionista. Por eso pretender desmontar el aparato estatal y dejarlo consumido y débil, de modo que no pueda siquiera oponer una débil resistencia a sus opacos tejemanejes.

Los partidos políticos gobernantes están siendo totalmente desleales con la Administración Pública, porque  sus acusaciones de burocracia y elefantiasis, aplaudidas por los ignorantes y los lacayos, únicamente encubren la férrea voluntad de “la casta” de perpetuarse en sus privilegios y trapicheos. Y sin esa imprescindible lealtad, la guerra contra la corrupción está perdida de antemano.

Ética y legalidad

El escándalo de las tarjetas opacas de Bankia resulta aleccionador respecto a algunas cuestiones que últimamente se ventilan de muchos asuntos patrios, y cuyo tratamiento asimétrico denota -una vez más- el doble rasero que utilizan los políticos de todos los signos para confundir (si no engañar directamente) a la opinión pública.

El meollo de la cuestión radica en si el uso de las ahora célebres tarjetas era legal o no; y si el desconocimiento de la norma -por otra parte muy criticable tratándose de altos responsables económicos de una importantísima entidad financiera- podría ser un atenuante de alguna responsabilidad tributaria. Sin embargo, en la discusión sobre la legalidad de la utilización de esos instrumentos se ha perdido algo de mucho más valor. Y se ha perdido también la ocasión de dar en la diana en lo que respecta a lo que debe exigirse a un gestor de una caja de ahorros.

Como bien señalan muchos autores, agarrarse a la legalidad de una medida para excusar un comportamiento indecente es vergonzoso. Precisamente para eludir este tipo de actitudes, todas las legislaciones avanzadas tipificaron el tráfico de influencias como delito en sus respectivos códigos penales. El tráfico de influencias era una forma habitual de hacer negocios hasta hace relativamente poco tiempo, por la sencilla razón de que no era delito, aunque muchos juristas vieron que eso proporcionaba unas ganancias fabulosas a determinados individuos por razón de los puestos de responsabilidad que ocupaban en entidades públicas y privadas. La tipificación penal del tráfico de influencias fue un triunfo de la virtud sobre el vicio. Pero sobre todo fue una victoria de la ética frente a la legalidad.

Todavía hoy en día hay acciones que no están expresamente penadas por la ley, y a las que se acogen expertos en materia financiera o tributaria para obtener pingües beneficios vedados al común de los mortales. Menciona Nassim Taleb en uno de sus libros que hace tiempo que no dirige la palabra a un ex-alto ejecutivo de la Reserva Federal estadounidense por haber diseñado un sistema que permite a los muy ricos saltarse el límite de cien mil dólares de garantía  de los depósitos en entidades financieras (un análogo de los cien mil euros por impositor de los que responde el Fondo de Garantía de Depósitos en España cuando un banco se va a pique).  El sujeto en cuestión alardeaba del mucho dinero que estaba ganando gracias a que conocía los resortes internos del sistema financiero norteamericano y eso le permitía encontrar atajos para los ricachones, que aumentaban sus garantías enormemente respecto al resto de ciudadanos y con cargo al erario público, en el colmo de un avaricioso cinismo. 

He aquí un caso en el que el ejecutivo de la FED se vanagloriaba de una acción totalmente carente de ética, y se amparaba en que a fin de cuentas, lo que hacía era plenamente legal. Y eso es lo que debería hacernos reflexionar sobre la catadura moral de muchos individuos que, amparados en la legalidad (o más bien alegalidad) de una acción, vulneran descaradamente los más elementales principios de la ética profesional. Y de la personal también.

La confrontación entre ética y legalidad viene de lejos, y ya los filósofos griegos tocaron el tema profusa y profundamente, sin que los siglos transcurridos desde entonces hayan permitido siquiera vislumbrar una mejora en las codiciosas conductas de los más ricos. Y es que pinchamos en hueso cuando nos aferramos a la legalidad de nuestras acciones a sabiendas de que éstas no son virtuosas.

La ética se funda en la virtud de las personas o, como mínimo, en su moderación. Las personas intemperantes -y no digamos las que ya han caído en el vicio, como los Rato, Blesa y compañía- carecen del freno de toda norma interior que les guíe por el camino de la rectitud y la honestidad. Y nuestros tiempos están repletos de ejemplos de personas extraordinariamente legales y legalistas, pero que carecen de toda ética, y desde luego de virtud y moderación.

Así pues resulta evidente que desde una perspectiva social, los dirigentes de Cajamadrid y de Bankia que favorecieron el expolio de la entidad haciendo uso de sus tarjetas opacas merecen toda la reprobación posible, tanto de la ciudadanía, como de la profesión bancaria y de la clase política, con total independencia de si finalmente algún tribunal decide que su actuación fue legal. En definitiva, desde una perspectiva ética y humana, Blesa y sus compinches son unos personajes repugnantes que no merecen más que el repudio y el ostracismo civil.

Pero la confrontación entre ética y legalidad no se queda ahí. Va mucho más allá de este y otros casos similares que infectan el tejido económico español (y occidental). Porque también impregna cuestiones puramente políticas y sociales, envenenando lo que debería ser un diálogo sensato sobre muy diversos asuntos, a cuenta de la interesada preeminencia que casi todos los políticos quieren dar a la legalidad sobre la ética, como si ésta fuera una emanación de aquélla.

Y no es cierto que así sea. La legalidad es la plasmación técnica de unos principios que en algún caso son éticamente aceptables y en otros son meramente circunstanciales y responden a los intereses de una mayoría, sin que el hecho de ser mayoritarios - y esto es de capital importancia- signifiquen que sean necesariamente éticos. Por eso los principios éticos suelen ser estables y perdurables, mientras que la legalidad es variable con el  transcurso del tiempo y el devenir de las circunstancias sociales. Precisamente ese es el motivo de que muchas conductas tenidas por legales en tiempos pretéritos hoy en día se consideran aberrantes y totalmente descartables en una sociedad moderna. Por ejemplo (y sin entrar en el espinoso asunto de la pena de muerte), ningún país avanzado contempla la prisión por deudas civiles, que sí estuvo vigente en muchos códigos legales hasta bien entrado el siglo XIX.

Más ejemplos: la mayoría de edad es un asunto legal, sobre el que la ética puede pronunciarse, pero con escasa relevancia porque aquélla se fija según criterios políticos, en los que el marco legal puede desviarse más que notablemente del concepto ético de madurez para ejercer los derechos de un ciudadano libre. También el derecho de sufragio ha tenido muchas variaciones legales, sin que para ello haya influido en exceso su conceptuación ética fundamental, que es la de la igualdad de todos los seres humanos con independencia, sobre todo, de su sexo. 

Sin embargo, los políticos se aferran de forma invariable a la legalidad para justificar su inmovilismo, como si la legalidad fuera el marco de referencia fijo e inexpugnable sobre el que se asienta la convivencia social. Y resulta fundamental sacudirnos ese yugo legalista para ser verdaderamente libres. Mientras la legalidad impere por encima de la justicia, y mientras el formalismo judicial impere por encima de la ética, las sociedades, por muy modernas que sean, estarán totalmente sometidas al criterio de los políticos y juristas que con sus tejemanejes y sofismas podrán impedir el ejercicio del más preciado don que todavía tenemos, que es la libertad.

Siguiendo el mismo razonamiento, aducir que la legalidad impide la transformación social que reclama una parte o toda la ciudadanía es tan vergonzoso que debería hacer sonrojar a quienes utilizan tan barato argumento contra los deseos de los ciudadanos. Y, efectivamente, viene eso a cuenta de Cataluña y de su proceso independentista. Utilizar la legalidad para encadenar a un pueblo es penoso, pero utilizarla para amordazarlo y que no pueda siquiera expresar su opinión en un marco cívico es un desastre que vulnera los más elementales principios de la ética. Por muy legales que sean los instrumentos que se utilicen.

Por encima de la ley está la justicia social, entendida como una aspiración inalienable de todo ser humano libre. Por encima de la justicia social está la ética, que se fundamente en la virtud y la honestidad. Nadie debería ser obligado a acatar leyes que sean manifiestamente injustas; y desde luego, nadie debería ser obligado a acatar leyes que vulneran los principios éticos fundamentales sobre los que se debería asentar la convivencia humana. 

Pero ante todo, nadie debería utilizar el argumento de la legalidad para justificar su prepotencia política y su carencia de ética y virtud. Y eso es lo que hace el gobierno español y quienes le secundan con Cataluña.

Lecciones del ébola

No es que mi intención perpetua sea jugar a la contra, pero en esta ocasión siento la tentación de desmarcarme de la corriente mayoritaria, consistente en vapulear al gobierno en general y a casi todos sus ministros en particular por cualquier acción u omisión que cometan en sus labores. Vive dios que si en mi vida he sido, soy y seré antialgo, es que soy un sujeto antiPP casi visceral, pero también creo que no es de recibo el varapalo sistemático sólo por representar una opción política que me resulta odiosa. Al césar lo que es del césar.

Viene esto a cuento del jaleo mediático, político y sindical que se ha montado en torno al contagio del virus ébola  a una trabajadora sanitaria en el hospital Carlos III. Cosa que, por otra parte, cualquier profesional medianamente informado y no excesivamente politizado sabía que iba a pasar en un momento u otro, gobernara quien gobernara y se adoptaran las medidas que se adoptaran. Grietas de seguridad existen siempre, y casi todas son debidas a aquel  factor humano que novelaba Graham Greene. Por este motivo, pese a las salidas del tiesto del responsable sanitario de la Comunidad de Madrid, absolutamente censurables; y a  las evidentes carencias comunicativas de la ministra del ramo, Ana Mato, de cuya competencia general para el desempeño de su puesto también podemos dudar, me siento obligado a criticar a quienes han salido de inmediato a la caza del pato de feria armados con sus rifles  retóricos, sean psoecialistas, sindicaleros o presuntos profesionales médicos. 

Estos últimos, por cierto, resultan de una ambigüedad espantosa, porque a cualquier tipo con bata blanca que se acerque a un micrófono se le otorga repercusión mediática nacional, cuando en realidad en medicina hay más especialidades y subespecialidades que  en ingeniería, por un decir. O sea, que es como preguntarle a un ingeniero de minas porqué se ha desplomado el avión que sobrevolaba su cabeza, como si el buen hombre hubiera de ser también un experto en aeronáutica. (Esto me recuerda –y a muchos de mis compañeros también- lo inadvertidamente hilarante que llega a resultar la escena en la que algún conocido notoriamente despistado nos espeta aquello de “tú que eres funcionario de Tal, a ver si me explicas….” Como si todos los empleados públicos estuviéramos igualmente capacitados para terciar en la normativa cinegética en los parques naturales, por ejemplo.)

En fin, volviendo a la rama de la que me he descolgado, quería decir en mi preámbulo que pese  a la mala leche que genera el gobierno del PP en cuanta persona pobre y sensata conozco, afirmo rotundamente que hacer sangre política de este asunto no es sólo un error, sino una estupidez, aunque sea una estupidez de izquierdas y por más que me duela el alma reconocerlo.  Vamos, que cargar contra la ministra y el bocazas de su consejero madrileño me apetece como a quien más, pero ahora no toca, que diría el molt honorable. Porque lo que toca es usar la cocotera fríamente y sacar conclusiones razonadas y razonables. Lo que llamo las lecciones del ébola.

Lección primera. Por mucho que se insista, la mayoría de las personas son reactivas, no proactivas. Los políticos, salvo notables excepciones, también son personas, y sus políticas suelen ser reactivas. Llanamente, la política en general no suele de carácter previsor, sino una reacción a las necesidades que marca el momento y el calendario electoral, aquí y en Botswana. Aunque soy un firme partidario de un estado fuerte frente a la corriente neoliberal vigente, tengo el firme convencimiento de que ningún gobernante en ejercicio es de un natural previsor, como tampoco lo es la mayoría de la población. Respondemos a las urgencias inmediatas y posponemos –procrastinamos- las decisiones que se atisban en un horizonte lejano, esperando el momento en el que ocurran. Será sumamente criticable, pero es así, y especialmente en temas de salud. Sólo reaccionamos cuando le vemos las orejas al lobo. Basta analizar nuestra actitud ante el tabaco y el alcohol, con unos costes sanitarios tremendos, pero de los que hacemos caso omiso hasta que nos diagnostican un cáncer de pulmón o una cirrosis hepática. Criticar al papá estado por no hacer lo mismo que somos incapaces de hacer nosotros por nuestro propio bien no deja de ser de un cinismo acongojante. Y este fenómeno se pone de manifiesto siempre en las crisis sanitarias.

Como en los cruces de calles: el semáforo no se instala hasta que hay unos cuantos accidentes graves (sirva esto como recordatorio de que si el político pone la tirita antes del corte, se arriesga a ser enormemente criticado por acometer gastos innecesarios).

Lección segunda. A lo sumo, la proactividad ante situaciones como la que nos concierne se suele limitar a la redacción de unos protocolos de actuación, más o menos fundamentados en las posibles experiencias anteriores. Sin embargo, las experiencias anteriores no tienen porqué ser un referente veraz respecto a lo que suceda en el futuro, porque el futuro es poliédrico. Tiene muchas caras y presentaciones distintas, en función de las circunstancias geográficas, sociales, económicas, políticas y un largo etcétera de variables que son eso, variables, no parámetros fijos. Por este motivo, los protocolos son básicamente herramientas teóricas, que deben ser puestas a prueba mediante ensayo y error. Aunque el error cueste vidas. Los accidentes de tráfico son un ejemplo de emergencia sanitaria para la que existen desde hace muchos años un conjunto de protocolos preventivos que se han tenido que ir variando sustancialmente en función de la evolución de las variables implicadas, desde el número de coches en la carretera hasta la potencia y seguridad activa y pasiva de los vehículos, pasando por el trazado de las vías de comunicación y la voluble conciencia social sobre los riesgos del automóvil. Y pese a lo estricto de dichos protocolos, siguen muriendo miles de personas en las carreteras cada año. Dicho queda.

Lección tercera. Un protocolo que se pone a prueba por vez primera va a revelar muchos fallos. En este caso, no vale decir que en África llevan años poniendo a prueba los protocolos. Y no vale porque son más de doscientos los sanitarios que han fallecido contagiados por ébola durante la crisis actual. O sea, que algo sigue fallando en los procedimientos o en su aplicación por los profesionales. Eso lo saben muy bien las empresas de software, que suelen lanzar sus productos como versiones “beta” para que usuarios valientes las pongan a prueba en sus ordenadores a riesgo de que se les cuelguen miserablemente por el mal funcionamiento de un programa. Si alguien se cuestiona el porqué de este proceder, la respuesta es sencilla y contundente: pese a los muchos millones que se invierten en diseñar cada nuevo programa y la cantidad de simulaciones que se hacen antes de lanzarlo al mercado, no es verificable hasta que se usa en condiciones reales, es decir, en una diversidad de ordenadores con multitud de programas que interfieren unos con otros en el comprimido espacio y tiempo del procesador. Sólo así se pueden percibir las interacciones potencialmente letales desde el punto de vista informático.

Lección cuarta. Por mucho que nos esforcemos en diseñar un protocolo perfecto en cuanto a su fiabilidad, siempre será usado por  humanos, seres falibles por naturaleza. El factor limitante, el cuello de botella en el uso de cualquier protocolo, es el factor humano, que puede fallar de múltiples y estrepitosas maneras. En ese sentido, no está de más recordar que, precisamente por ese motivo, los pilotos de avión se pasan muchísimas horas de vuelo en simuladores, hasta que automatizan todas las respuestas, por complejas que sean, de modo que es prácticamente imposible que cometan algún fallo. Algo que los militares siempre han entendido bien: el entrenamiento militar es la repetición constante, hasta la saciedad, de procedimientos potencialmente peligrosos pero que el soldado debe manejar con soltura absoluta (recuerdo ahora las muchas quejas que provocaba la instrucción militar en mis tiempos, precisamente por eso, por repetitiva y aburrida; sin que los críticos comprendieran que la repetición es el fundamento de la acción perfecta, o casi). Por eso también, las únicas unidades realmente preparadas para tratar emergencias biológicas son unidades militares o semimilitarizadas, constantemente adiestradas en el manejo de situaciones de alto riesgo de contaminación.

Al respecto, cabe señalar que las quejas por la escasa formación dada a los sanitarios del hospital Carlos III pueden parecer fundadas, pero ante la imposibilidad de hacer ejercicios de simulación previa, era obvio que alguien acabaría rompiendo el protocolo y contaminándose. Y si se cuestiona la causa de que no se hicieran simulaciones previas, me remito a la lección primera. Y también me permito reproducir la cínica afirmación de muchos instructores, desde militares a bomberos, que aseguran que la mejor manera de que se cumpla un protocolo a rajatabla es que alguien resulte lesionado o muerto por una inadecuada utilización de los procedimientos establecidos.

Lección quinta. De repente hay mucho experto por ahí hablando del ébola, que hasta hace pocos meses no era más que una anécdota al margen del noticiario mundial. En una entrada anterior ya advertí de la magnitud que podía adquirir este fenómeno, pero no fui capaz de prever hasta que punto todo el mundo se pondría a pontificar sobre el dichoso virus. La consecuencia directa de tanto parloteo ha sido la de escuchar una sarta de imbecilidades al respecto, sobre todo en lo relativo a los niveles de bioseguridad, aprendidos las más de las veces de una urgente ojeada a la correspondiente entrada de la wikipedia. Los expertos en bioseguridad no suelen ser médicos de plantilla de un hospital (aunque los hay), sino bioquímicos, microbiólogos y médicos que trabajan en laboratorios biológicos. Médicos clínicos formados en enfermedades altamente infecciosas hay pocos, y su valiosa opinión no tiene nada que ver con la de muchos presuntos expertos que están haciendo su agosto mediático a cuentas del dolor de las víctimas.

En ese sentido, no puedo resistir la tentación de meter el dedo en el ojo sindical, que se ha salido de madre acusando a las autoridades de nada menos que delito contra la salud de los trabajadores, sin que haya aún concluido la investigación –profesional, no la de la fiscalía, que ese es otro tema que pone los pelos como escarpias-  que dilucide si realmente ha habido negligencia o dolo en la actuación de los responsables sanitarios de todo este asunto. Aunque ya avanzo que en un protocolo novedoso, si se han seguido las recomendaciones de la OMS al respecto, poco habrá que hablar. Se concluirá  que la contaminación se debió al factor humano y santas pascuas, por mucha rabia que les  dé a los detractores del PP.

Con esto no me estoy alineando con quienes culpabilizan a la sanitaria contagiada y, simétricamente, exculpan de todo fallo a los responsables de la acción preventiva en esta desgraciada historia. Sólo quiero hacer hincapié en que es muy fácil ponerse histéricamente agresivo contra los políticos de turno sin considerar que todo lo novedoso implica la asunción de riesgos y de errores inevitables por uno u otro de los motivos que he señalado a lo largo de esta digresión. Los fallos pueden ser múltiples: de diseño de los procedimientos, de inadecuación de los materiales, y de los humanos que tienen que utilizar los protocolos. Pero siento decir, más allá del griterío dominante, que hay que reflexionar serenamente sobre el hecho de que decenas de profesionales sanitarios estuvieron en contacto con los dos misioneros fallecidos de ébola, y sólo una se ha contagiado hasta el momento. Por tanto, lo más probable, puestos a especular –pero con fundamento racional- es que no hayan fallado los protocolos, ni tampoco los  medios materiales. Todo es manifiestamente mejorable, pero lo empíricamente evidente es que ha fallado el factor humano directamente implicado.

Lo que por cierto, tiene su correlato en las analogías que he empleado a lo largo de este artículo. La inmensa mayoría de accidentes de tráfico son responsabilidad exclusiva de los conductores; los accidentes con armas de fuego son también mayoritariamente responsabilidad de sus usuarios.  De hecho, en los países occidentales avanzados, la práctica totalidad de accidentes de trabajo son directamente imputables a los profesionales que no utilizan todos los medios de seguridad establecidos (porque resultan engorrosos), o manipulan incorrectamente materiales peligrosos (por exceso de confianza), o no siguen las recomendaciones sobre seguridad laboral (por ser demasiado prolijas).  O todo ello al mismo tiempo.

Es lo que hay

Es muy posible que la entrada de hoy disguste a más de uno, pero -como afirma el saber popular-  “alguien lo tenía que decir”. Y hay que decirlo alto y claro: la democracia que tenemos es la mejor que podemos tener hoy y en el futuro, tal y como están diseñadas las cosas. Y esta afirmación vale no sólo para Cataluña y España en particular, sino también para Europa y el resto del mundo occidental.

Y viene esto a cuento de dos tendencias que me parecen claramente nefastas. La primera, muy extendida, que califica la democracia española como especialmente corrupta, lo que denota muy poco conocimiento del resto de las democracias occidentales contemporáneas. La corrupción está igualmente extendida en los Estados Unidos de América (donde algunos autores han propuesto soluciones ingeniosas, como la prohibición absoluta de que cualquier político pueda recibir una remuneración mayor que el más alto de los sueldos que se perciben en la administración pública al cesar en el cargo y pasar al sector privado, idea ésta que parte del principio de antifragilidad expuesto por Taleb y otros muchos). Ese sencillo mecanismo impediría el numeroso tráfico que existe a través del sistema actual de puertas giratorias, que no se inventó en España.

Podría citar muchos más ejemplos al respecto, pero la conclusión final sería la misma: éste es un país de ilusos utópicos, desengañados y frustrados. Y tal vez, aunque el desengaño y la frustración estén en cierto modo justificados, ya va siendo hora de despertar y acomodarnos de una vez a la realidad. Y sobre todo, de dejarnos de gimoteos ridículos. La democracia que tenemos es la que hay, y no vamos a mejorarla en el contexto del sistema capitalista liberal.

Bien están las utopías en la medida de que la consecución de algunos –pero no todos- de sus nobles objetivos pueda servir para mejorar cualquier aspecto político de las sociedades modernas. Pero no es de recibo la pretensión de configurar una utopía al completo a sabiendas de que no puede prosperar porque existen limitaciones de base que lo impiden. Del mismo modo que la utopía marxista se reveló incompatible con las sociedades contemporáneas, pues colisionaba con algunos elementos fundamentales de la propia naturaleza humana (como la imposibilidad de tener una sociedad totalmente planificada a nivel central); la democracia como nos la quieren promover resulta igualmente utópica, porque parte de un principio de que la bondad y la ética se pueden imponer en la vida pública sin costes añadidos. Lo cual es rotundamente falso.

Como se ha puesto de manifiesto infinidad de veces, lo que no forma parte del orden natural es muy difícil de mantener puro e inmaculado. En otros términos, lo que no forma parte de la naturaleza –ese prodigio evolutivo que encuentra continuamente el mejor camino adaptativo a lo largo del tiempo- se ha de mantener con un coste (digamos energético) muy alto.

La naturaleza no es democrática en absoluto. La naturaleza es cruelmente darwiniana y jerarquizante. Dentro de cualquier especie, predominan de forma absoluta los procesos verticales-jerárquicos sobre los horizontales-democráticos (si entendemos democracia como un proceso abierto y participativo por igual a todos los miembros de la especie). En ese sentido, las sociedades humanas, por razones puramente biológicas, responden (de forma natural) a ese mismo esquema. Tengo el absoluto convencimiento de que la mayoría de las sociedades humanas son jerárquicas, dominantes  y no democráticas. Y todo ello pese al ya desacreditado y anacrónico concepto que algunos sociólogos new age, muy empapados de filosofía barata pero con muy poco trabajo de campo, nos quisieron hacer creer durante decenios sobre la supuesta liberté,  igualité y fraternité de los pueblos primitivos. Y mucho menos sobre la interesada versión de que las sociedades llamadas primitivas eran de estructura democrática y cooperativa. Hoy en día sabemos que la inmensa mayoría de las sociedades humanas son de una rigidez jerárquica apabullante que se manifiesta en las notorias diferencias de poder real entre hombres y mujeres, ricos y pobres, jóvenes y ancianos. Y entre clanes y familias de una misma tribu. Y entre tribus de una misma etnia. Y así hasta el infinito y más allá.

Así pues, la sociedad democrática igualitaria resulta ser un invento muy reciente (el voto pleno para todos los mayores de edad sin distinción no prosperó hasta bien entrado el siglo XX) y que no responde al esquema natural de organizar a los individuos que se observa en la naturaleza, y por descontado, en nuestros parientes más próximos, los primates. Si alguien es tan iluso de creer que se pueden vencer eones de tiempo evolutivo con una estructura cerebral organizada hacia la jerarquía y la sumisión mediante unos pocos cientos de años de estructuras democráticas, hay que decirle bien claro que es un iluso, un indocumentado, o ambas cosas.

Por tanto, siendo tan reciente y antinatural la democracia, es normal que deba gastarse mucha energía en mantenerla, y que además, resulte muy imperfecta, pues no estamos preparados más que por la razón y el intelecto a asumir los costes de ser siempre limpiamente democráticos.  Lamentablemente, este razonamiento no está escrito en nuestros genes, y por tanto, resulta imposible de transmitir automáticamente a las generaciones posteriores, como el color del pelo o de los ojos.  La democracia se (re)construye en cada generación, y tenemos que hacerlo partiendo de la base de que es un mecanismo que intenta corregir nuestra naturaleza más intima, y que por ello, es dificilísimo hacerlo bien.

En una ocasión anterior, escribí en este mismo blog que la democracia es la transversalización del poder político, frente a una naturaleza humana que tiende a ejercer el poder de forma concentrada y vertical. También escribí que eso conlleva también una transversalización de la corrupción, que pasa de estar concentrada en unas pocas manos, a difundirse entre amplios estratos sociopolíticos. Y que eso no tiene remedio, porque la corrupción es innata y consustancial al ser humano. A fin de cuentas no hace más que reflejar un concepto universalmente aceptado en genética: el del egoísmo del individuo para perdurar y perpetuarse. A costa del bienestar o la vida de otros individuos, si ello es preciso. En todo caso, algunos filósofos escépticos del pasado ya habían comprendido muy bien la naturaleza básicamente corruptible del ser humano. Al respecto resulta muy recomendable leer a Séneca, por otra parte tan hispano(romano).

Así que la democracia formal permite transversalizar, ampliar y diluir el poder político y la corrupción inherente al mismo. Por eso parece haber más corrupción que en tiempos de la dictadura. En primer lugar porque una de las ventajas de la democracia es la menor opacidad respecto a otros regímenes políticos, pero sobre todo, porque la transversalidad hace que la corrupción sea una capa más delgada pero más extendida en el conjunto de la población, y por tano, más visible.  Es como el petróleo o el aceite: un par de bidones ocupan muy poco espacio y pasan inadvertidos, pero viértalos en una piscina y el desastre parecerá de proporciones épicas.

A este efecto de transversalización de la corrupción hay que añadir otro aún más poderoso que se cierne sobre las democracias formales, y que se concreta en el efecto contrario que se da a nivel económico y financiero. La  globalización económica de los últimos decenios no se ha traducido en una pareja transversalidad del poder financiero, sino en su opuesto: una intensísima concentración económica en grandes conglomerados transnacionales, y una equivalente concentración financiera con la desaparición de muchos bancos de tamaño pequeño y mediano, y la concienzuda destrucción del sistema de ahorro popular basado en las cajas de ahorros.

El resultado es monstruoso. Tenemos un poder financiero concentrado y transnacional y un poder político transversal y local, si se me permite la expresión. Tenemos una estructura económica vertical que domina el mundo como una espada de Damocles y unas estructuras políticas mucho más horizontales, débiles, y mucho más diluidas en el seno de la sociedad, por lo que resultan mucho más vulnerables y permeables a los designios del poder económico. Por tanto, son mucho más fácilmente corruptibles, en un sentido amplio del término, como podríamos referirnos al sistemático incumplimiento de los programas electorales debido a presiones del sector financiero y de las grandes empresas, como bien sabe el señor Obama, al que no deja de ser un sarcasmo denominar “el hombre más poderoso del  mundo”. Eso también es corrupción, sólo que más insidiosa y menos perceptible.

En definitiva, no podemos esperar de la democracia liberal formal, basada en la alternancia de partidos, una regeneración política trascendental ni en un futuro próximo ni en el lejano. Del mismo modo que las acusaciones contra la endeblez de la democracia liberal ya surgían de mentes preclaras hace más de cien años, ocurrirá exactamente lo mismo en el siglo que viene, porque el problema es estructural. La democracia hay cosas que no puede darnos por mucho que nos esforcemos. Es una lucha en vano, porque la cuota de corrupción y de sumisión al poder económico-financiero existirá siempre, más o menos velada.

Así que tal vez debamos centrarnos en lo que si nos ofrece la democracia: transparencia, libertad individual y colectiva, libertad de expresión y de asociación…. Libertad de pensamiento y de acción, esencialmente. Eso es mucho más de lo que podían soñar nuestros bisabuelos en toda Europa. El resto es lloriqueo sinsentido, discusión sobre el sexo de los ángeles, voces clamando en el desierto de la utopía.

Una inútil pérdida de tiempo frente a la voracidad humana por la riqueza y el poder.

De la vida, la decadencia y la muerte

Despido el verano una noche en la playa, en un chiringuito delicioso del Maresme mediterráneo, con buena música de fondo y mejor compañía. Mar plana, cielo estrellado y viento en calma que invitan a esas reflexiones en las que a veces nos ahondamos los humanos cuando el entorno nos causa esa placidez de la mente que abre canales de comunicación y ansias de explorar los misterios de la vida. Y también de la muerte.

Y en esas estaba con una de esas buenas y muy viejas amigas cuya amistad perdura años y años aunque sólo nos encontramos ocasionalmente (y quizá precisamente por eso), que me comentaba lo dura que es la experiencia de tener a un familiar directo ingresado en una residencia asistida para ancianos. Tanto por lo que significa como experiencia personal, traumática en cuanto al hecho de convertirse en  espectador de un ser querido que se va desvaneciendo lentamente ante tu mirada impotente, como por el espectáculo aterrador de todos quienes le rodean a  uno en esos lugares a donde vamos a parar cuando ya no podemos valernos por nosotros mismos.

Y me explicaba asombrada como casi todos se aferran desesperadamente a la vida, aunque no les queda otra esperanza que la de aguardar la llegada de una muerte que, finalmente, se revelará como piadosa.  Bajo ese cielo estrellado que nos hacía sentir aún más si cabe nuestra insignificancia y cuestionarnos el sentido de nuestra propia existencia, nos preguntábamos el porqué de ese afán por seguir viviendo así, cuando es más que evidente que nuestras vidas ya carecen, no sólo de utilidad propia o ajena, sino de cualquier posibilidad de aportar nada a nuestra contabilidad vital.

Hay una respuesta que parece evidente: la vida lucha siempre por seguir adelante, por continuar a cualquier precio. Pero una reflexión profunda – ésa que tanto favorecen las últimas noches de verano, lánguidas y cálidas todavía- nos hizo descartar esa opción. Tanto por motivos biológicos como espirituales, ese afán de perdurar tan arraigado en el mundo occidental  tendría que estar absolutamente descalificado. Y sin embargo ahí estamos, en una sociedad con cada vez más viejos y cada vez en peor estado. Más dependientes, física y mentalmente. Y más desesperados por no morir, todavía.

Me decía Tonya – así se llama mi vieja amiga, en una amistad que se fraguó cuando ella era casi  una niña y yo un joven todavía muy verde- que no tiene ningún sentido esa especie de afán por aferrarse a una existencia que ya carece de todo sentido, incluso en el plano espiritual. Y que incluso es muy decepcionante ver como esas personas, que objetivamente viven porque les ayudamos a mantenerse con vida, harían lo que fuera por seguir viviendo así, en un estado que a todas luces resulta penoso en muchos casos. Y también resulta muy difícil valorar una cualidad subjetiva a ese asirse desesperadamente a la vida, máxime cuando tenemos en cuenta que la gran mayoría se declaran creyentes en alguna de las grandes  religiones monoteístas.

Está claro que si la vida deseara perpetuarse incluso en la ancianidad, tendría algún sentido objetivo. La naturaleza no dota a los seres vivos de mecanismos superfluos, porque tienen un coste que no aporta nada en términos evolutivos y de supervivencia de la especie a partir de un umbral de vejez determinado. En principio, el propósito de la vida es perpetuarse a sí misma a través de los genes, y cuando un organismo es incapaz de reproducirse o de ayudar a otros a alcanzar la madurez necesaria para seguir trayendo generación tras generación al mundo, la naturaleza prescinde de él. El mecanismo es claro: los animales viven mientras su vida tiene un sentido reproductivo, entendido en un sentido amplio. Determinadas especies muy longevas, como los elefantes, lo son porque las tías y abuelas de la manada son las encargadas de educar y de transmitir información muy valiosa y necesaria para la subsistencia de los más jóvenes. Es decir, que la vida tiene sentido mientras una generación todavía es capaz de aportar información valiosa (genética o de otro tipo) a la generación siguiente, pero acabada esa tarea, se extingue y deja paso al siguiente escalón. Desde el punto de vista biológico, el mecanismo es intachable, y por eso son muchos los animales viejos que se dejan morir, literalmente, o que concluyen su existencia en un acto supremo de reproducción que los deja exhaustos y moribundos, como los salmones.

Descartado el mecanismo biológico como explicación del afán de supervivencia de los más ancianos, nos queda como única explicación un indeseable efecto secundario de la inteligencia humana, matizado por factores de índole cultural y religiosa. Parece como si, al dotarnos de inteligencia, nuestra aspiración a codearnos con la divinidad se centrara en un deseo irreprimible y contradictorio de perdurar en la vida terrenal. Llegar a la vida eterna pero sobre la faz de la tierra. Sin embargo, hay muchas otras culturas que aceptan el valor simbólico de la muerte como una regeneración y un paso necesario para el mantenimiento de la vida. Aceptar la muerte no sólo con resignación, sino como algo que se busca y se espera al final de la vida es bastante común en muchas culturas orientales. Y no está de más recordar, como hizo mi amiga, que en la India son multitud quienes van a Varanasi al final de sus vidas a dejarse morir una vez concluido su ciclo vital. Tal vez es por la fe en el karma y  en futuras reencarnaciones, cada vez superiores. O sea, por la firme creencia en una ley que retribuye los actos de cada vida en una reencarnación posterior.

A la luz de este fenómeno, que es tanto religioso como cultural y que permite a la gran mayoría de los miembros de culturas orientales (incluida la musulmana) aceptar la muerte como algo mucho menos aterrador que la visión que tenemos en occidente, parece inevitable llegar a la conclusión de que el drama de la ancianidad occidental tiene mucho que ver con un erróneo enfoque cultural  cuyas raíces ahondan mucho más profundamente en algún fallo garrafal de la religión mayoritaria cristiana.

Pese a las promesas a los fieles de la existencia de una vida ulterior tras la muerte, de un paraíso al que van eternamente las almas buenas, lo que se vislumbra al levantar el velo de la doctrina oficial de las iglesias cristianas es algo muy semejante a la desconfianza más absoluta. Una especie de fe obligada por el dogma pero cuyos cimientos son totalmente vulnerables. Los creyentes occidentales lo son de palabra pero no de corazón. Parece como si temieran, literalmente, que ese cielo paradisíaco al que oficialmente aspiran sea, en realidad, una invención doctrinaria.

Así se explicaría, por ejemplo, que los musulmanes yihadistas actúen con una convicción que les lleva a la inmolación personal, frente a la tradicional pusilanimidad europea, en la que el mero  hecho de morir por una causa religiosa (y aquí está de menos la bondad o perversión de la causa, ya que no se cuestiona eso sino lo inconmovible de la fe personal) se considera como mínimo una excentricidad, o bien directamente un signo de locura fanática.

Los que somos ateos siempre hemos manifestado que nuestra carencia de fe requiere de mucha valentía, porque lo único que nos ofrece una visión estrictamente naturalista de la vida es que tras nuestra muerte no queda nada de nosotros, salvo los genes que hayamos transmitido a generaciones posteriores y  el legado espiritual e intelectual que hayamos dejado a quienes nos han rodeado en vida. En ese sentido es mucho más fácil ser creyente, porque tras la muerte parece que a los cristianos les aguarda el equivalente a un premio gordo infinito y eterno. Y sin embargo, se resisten a irse, rotos por el alzheimer, corroídos por enfermedades degenerativas, impedidos en sillas de ruedas, dependientes de otras manos que los alimenten. ¿Qué sentido tiene eso?

Muy pocas opciones para una respuesta a esa incógnita. Una de las posibles es que la fe cristiana está mal asentada sobre unas premisas totalmente incorrectas. Tal vez – y ahí es donde mi amiga Tonya iluminó parte de ese oscuro embrollo- se debe a que en la cultura occidental, la muerte se ve como lo opuesto a la vida, su antítesis, mientras que en otras culturas y religiones más enraizadas con la naturaleza y con el universo, la muerte se percibe como opuesta al nacimiento, pero nunca a la vida. La muerte se integra en la vida como un paso más en una serie de trayectos cuyas respectivas fronteras son nacimientos y muertes, pero en los que la vida es un continuo que no se extingue con la desaparición del cuerpo físico.

Tal vez sea esa una de las posibles respuestas. Tal vez no, pero lo cierto es que nuestros ancianos criados en la fe cristiana suelen contemplar la muerte con poca serenidad y mucha desesperación, y eso les lleva a agarrarse al clavo ardiendo de una existencia horrible en muchas ocasiones. Una existencia llevada al límite por los avances de la tecnología médica, pero que no ofrece nada productivo ni a ellos ni a la sociedad que les acoge.

Y eso nos lleva a otra reflexión sobre la religión cristiana en general, y la católica en particular. Una doctrina tan insistente en la vida terrenal como algo pasajero y de poca trascendencia, y en el más allá como una puerta a la unión con la divinidad tras la muerte, pero con tan poco éxito real, tal vez debería replantearse si su marketing milenario está absolutamente mal orientado. Es como si la Coca Cola tuviera millones de seguidores que a la hora de la verdad se rindieran ante la Pepsi. O como ser de izquierdas pero votar a la derecha en cada decisión trascendental. Es una total incongruencia espiritual, filosófica y moral. Nuestros cristianos parecen los creyentes del “por si acaso”, es decir, creyentes desconfiados. Como en la célebre apuesta de Pascal, son creyentes porque si no existe Dios, no pierden nada, pero si existe, la ganancia es máxima.

La religión cristiana hace tiempo que abandonó la senda espiritual y se acomodó a un mundo centrado en el materialismo, en lo físico y tangible. Y un occidente materialista, pese a tener incrustada la religión desde el inicio de los tiempos, ha fracasado a la hora de integrar la trascendencia de la vida en un mundo regido por las posesiones terrenales y la riqueza. La cristiana se ha transformado en una religión formalista en la que en el momento supremo –el que se supone que da sentido trascendental a nuestra vidas- se da un paso atrás. La muerte no se contempla como una puerta misteriosa, sino como un precipicio sin fondo. Falla el encaje entre vida y muerte, lo que demuestra la escasa convicción en la vida eterna que tenemos en occidente pese a que el lema de la mayor superpotencia de todos los tiempos sea, irónicamente, “In God we trust”.

“En Dios confiamos”, pero por lo visto no tanto como para encomendarnos serenamente a él al final de nuestras vidas.

Transversalidad

Me resulta difícil comprender cómo se las apañan reputadas figuras del mundillo intelectual español para traicionar los más elementales principios del rigor analítico, con tal de defender sus posturas que, por muy legítimas que sean, no deberían hacer abstracción de la realidad social en la que vivimos a fin de acomodarlas  a su particular lecho de Procusto. Quiero decir con ello que las opiniones no se pueden validar ajustando los hechos a la medida del observador, recortando por aquí y por allá, o añadiendo falsedades de cosecha propia para hacer más vibrante y creíble su discurso.

Valga esto para todos los Savateres, Españas, Azúas, Boadellas y (últimamente) Goytisolos, que desde el púlpito que les facilita El País, se inventan una realidad social de Cataluña totalmente distorsionada y falsa, en la que acomodan la talla de la sociedad catalana a la medida de su lecho mental. Igual que hacía Procusto, se dedican a amputar las piernas que les parecen demasiado largas y a estirar los miembros que se les antojan cortos para que quepan perfectamente en la cama en la que ellos han decidido acomodar su idea de Cataluña. O mejor dicho, de cómo debería ser Cataluña, muy a su pesar.

 Por eso dicen las barbaridades que dicen, y asocian conceptos puramente políticos a fenómenos totalmente sociales. Meten a todos en el mismo saco, les aplican el molde de sus convicciones personales y de ahí sale la figurita del catalán excluyente y segregador, de acuerdo a la conveniencia de las ideas centrales y centralistas que, esas sí, siempre han proliferado por la meseta, teñidas de un vacuo europeísmo que -por falaz e interesado- no engaña a nadie.

Cabe resaltar, de entrada, que la mayoría de los nacionalismos pequeños, como se ha señalado en mutitud de ocasiones, son reactivos -cuando no puramente defensivos-  frente a otro nacionalismo de corte más invasor y agresivo. En ese sentido, el nacionalismo no es siempre una opción enarbolada interesadamente por un partido político para ensanchar su base electoral o para conseguir beneficios de cualquier tipo, cosa que los citados intelectuales omiten sistemáticamente.Ciertamente, no se puede negar que en ocasiones, el nacionalismo es un herramienta exclusivamente política, dirigida desde la cúpula de determinadas formaciones hacia las bases sociopolíticas que forman su electorado. Pero en muchas ocasiones el nacionalismo no es una opción vertical dirigida de arriba a abajo, sino una actitud transversal que permea por ósmosis desde una amplia base hasta las cúpulas políticas.

Negar este hecho es una aberración interesada, y lo es por partida doble. Primero, porque la identificación que está haciendo determinada clase intelectual españoloide del independentismo catalán con la abyecta situación de CiU es una marranada, además de una mentira, sabedores como son de que CiU nunca ha sido una fuerza independentista, sino que se subió al carro obligada por el tirón social de un movimiento totalmente transversal como es la ANC. Y segundo, porque si pretendemos buscar relaciones causales, la causa primera fue un movimiento social como la ANC -que aglutina a gentes de muy diversas sensibilidades políticas- y el efecto fue que los partidos políticos, totalmente descolocados ante la innovación que representaba un movimiento de base sin filiación (ni disciplina) política, hubieron de adherirse o distanciarse de ella para salvaguardar a gran parte de su electorado, disconforme con la posición oficialista vigente hasta el momento.

Esto de la transversalidad es algo que nuestros intelectuales parecen desconocer, no se yo si interesadamente (pues nunca se atisba comentario suyo al respecto). En todo caso, es fundamental para comprender muchos nacionalismos que, como el catalán, ni son excluyentes ni segregadores. Y decir lo contrario es una estupidez de gran calibre, además desmentida por la cotidianidad en las calles de (casi) cualquier población catalana.

Lo de la división en dos Cataluñas puede ser cierto, pero no porque unos se llamen Pérez y otros Viladomiu. Somos muchos -y orgullosamente me encuentro entre ellos- los que somos independentistas sin tener un pedigrí de pureza étnica. Yo mismo tengo sangre germánica, judía, andalusí y aragonesa mezclada con la catalana en mis venas, y escribo este blog en castellano sin avergonzarme por ello. Y conozco a muchos independentistas que son inmigrantes o hijos de inmigrantes en Cataluña, a quienes nadie ha negado el pan y la sal por proceder de Ponferrada, Lepe o El Ferrol.

Del mismo modo que el origen no identifica al independentista (y quien así lo manifiesta públicamente es un bellaco que no sabe argumentar sus ideas limpiamente), tampoco la  afinidad política lo define. Esa interesadísima alineación (y alienación) que pergeñan los medios afines al centralismo jacobino entre un determinado partido político catalán (hoy en horas bajas) y el independentismo es una canallada vergonzante que sólo se sostiene por el presunto prestigio de los plumíferos que la sustentan sin más mérito que tener reservada una columna semanal en diarios españolistas de gran tirada. Lo que me parecería muy bien si expresaran sus opiniones como eso, meras opiniones a contrastar, no como dogmas de fe de los cuales el lector ha de beber como si fueran las fuentes mismas del conocimiento.

El concepto de transversalidad es fundamental a la hora de entender determinados nacionalismos, como el catalán, que agrupa a gentes de derecha e izquierda, urbanitas y rurales, universitarios y menestrales, jóvenes y ancianos. La transversalidad es opuesta a la verticalidad partidista, como bien habrán notado estos días los votantes del PP tras la dimisión del ministro Gallardón.

Gallardón ha dimitido porque Rajoy, que es un infame pero no un idiota, es consciente de que el tema del aborto es transversal. No polariza a la sociedad española  entre izquierda y derecha, sino que aglutina también a gentes del PP contra la cúpula de su partido, y eso es algo intolerable desde el punto de vista electoral. En ese sentido, la transversalidad es mucho más fuerte que cualquier ideología política que, por definición, tiende a la sectarización vertical. De ahí la obediencia ciega, la disciplina de voto, la asunción en bloque del programa político impulsado por las élites de los partidos políticos: verticalidad en su esencia más pura.

Guste o no, el independentismo catalán es transversal. Ello no quiere decir que el hogar común del independentismo sea un "melting pot" equidistante y proporcional entre las distintas sensibilidades. Por supuesto, que unas predominan más que otras, pero lo fundamental es reconocer que en la bandera estelada se reconocen personas de muchos orígenes, procedencias, ideologías y  hasta lenguas maternas diferentes. Y eso, ni Goytisolo lo puede enmendar, por mucho que mienta en su condición de invitado estrella de El País. El independentismo catalán puede ser criticado  en muchos aspectos (en todo caso, no menos que el rampante y disimulado nacionalismo español que se percibe cada vez que se rasca bajo ese pretendido europeísmo de salón y conveniencia), pero no por ser de iniciativa política, en el sentido de ser fomentado por algunos partidos. Al contrario, es de origen social, popular y callejero, y tras él arrastra a muchos partidos que se mostraban cuando menos indecisos (si no renuentes) hasta hace bien poco.

Y si algún malintencionado se pregunta de donde surgió la iniciativa, les recordaré con todo mi empeño que el infausto y deplorable recurso de inconstitucionalidad contra el Estatut de 2007, promovido por la derechona fáctica y mediática, fue la causa directa de que muchos ciudadanos catalanes se preguntaran si había algo más infamante que recurrir artículos del Estatut que otros estatutos de autonomía calcaban y que nunca fueron recurridos por ser promulgados en otras regiones más "españolas". Es decir, que el nacionalismo centralista español negaba a Cataluña lo que concedía a Andalucía, por poner un ejemplo.

Una cosa es casi segura (si es que se puede hablar en semejantes términos del devenir de una sociedad): si no hubiera sido por el recurso y el posterior varapalo del Tribunal Constitucional, las aguas no vendrían hoy tan turbulentas. O sea, que además de infames, los nacionalistas españoles son gilipollas (según diccionario de la RAE: tonto, lelo).

Y ya que hoy escribo sobre transversalidad, planteo otra cuestión. Hay bastantes pensadores que se plantean si la democracia es un epifenómeno; es decir, una cosa que parece tener una relación causal con otra pero que en realidad no es así. Destejiendo el misterio, hay quien se pregunta si la democracia formal es realmente una consecuencia lógica del afán de libertad humano (que es lo que nos han vendido) o bien responde a otras causas ocultas a simple vista pero de mucho mayor calado. Y como hoy hablamos de transversalidad, propongo una de las muchas posibles respuestas: la democracia  sería una forma de transversalizar el poder. En las formas tradicionales de gobierno, el poder se estructura de forma totalmente vertical (teocracias, dictaduras, imperios). La democracia formal consigue que el poder se abra a diversos sectores, y de hecho, se convierta en un fenómeno transversal y alternante. Pasa de una estructura vertical a una estructura horizontal, en la que cualquier formación puede subir o bajar en función del espectro político y de los vaivenes de la opinión pública.

Sin embargo, tal vez me quedo con una definición mucho más pesimista. Así como la verticalidad concentra la corrupción en unos pocos y siempre los mismos, la transversalidad democrática permite diversificar la corrupción entre un amplio abanico de reparto de favores y prebendas a lo largo de todo el espectro. Y eso es bueno para los políticos y sus intelectuales a sueldo (como bien conoce el eje PPSOE), pero acaso no tanto para la ciudadanía.

Independencia y antifragilidad

En reiteradas ocasiones he argumentado a favor de la independencia de Catalunya desde una perspectiva no emocional. tampoco desde una perspectiva puramente económica, porque cualquier predicción económica es tan buena como echar una moneda al aire. Son ya muchos decenios de previsiones fallidas de altos organismos económicos mundiales y de laureados (autoproclamados) expertos en una materia en la que el mejor experto no puede predecir mejor que un parlanchín taxista de Brooklyn (sólo hay que ver en los últimos cinco años cuantas correcciones ha hehco el FMI o la OCDE a los indicadores de crecimiento económico. Mucha fórmula, mucho ajuste, pero la verdad es que rectifican cuatro a más veces al año. Lo cual lo único que indica es que sus indicadores no funcionan. Punto.

En ese sentido soy un independentista "talebiano" feroz. Y hoy voy a transcribir literalmente parte del último ensayo de Nassim Taleb titulado  "Antifrágil" (editorial Paidós, colección Transiciones, páginas 134 y sig.), con la intención de dejar bien claro que la independencia de Catalunya sería buena para sus habitantes, si descartamos las estrechas miras cortoplacistas. En ese sentido, repruebo agriamente a los colectivos de jubilados que decidirán, tanto en Escocia como aquí, el futuro de sus respectivas naciones. Porque son ellos, los que con su voto del miedo a perder las pensiones -que no sería el caso, por mucho que los voceros del ultranacionalismo español lo afirmen-  pueden echar a perder un proyecto que tal vez exija sacrificios ahora, pero sería para el bien de las generaciones futuras. Es decir, para sus hijos y  nietos. 

Antifrágil es todo aquello que se beneficia de lo aleatorio y de lo volátil. Que puede sufrir pequeñas pérdidas y oscilaciones a lo largo del tiempo, pero casi nunca una gran catástrofe. Antifrágil e slo que se fortalece con las situaciones de estrés. No e salgo simplemente robusto o resistente, sino algo que se beneficia de cierto tipo de estresores. La naturaleza es antifrágil, por ejemplo, y el mecanismo de su antifragilidad es la evolución. Dicho esto, cito a Taleb (que no es ningún desconocido: sus tres libros publicados hasta la fecha tienen millones de lectores, y él mismo es profesor de ciencias de la incertidumbre en la Universidad de Masschussets y en la London Business School. Por cierto, y por ello se ganó muchos rencorosos enemigos: fue el único que alertó ya en 2007 de la catástrofe financiera mundial que se avecinaba mediante su libro El Cisne Negro):

"Echemos un vistazo a la Europa anterior a la creación de más estados-nación de Alemania e Italia (vendidos como "reunificaciones", como si esos estados ya hubieran sido una unidad en un pasado romántico). Hasta la creación de estas entidades románticas, lo que había era una masa amorfa e inestable de ciudades-estado y pequeños estados en tensión permanente y con alianzas que cambiaban sin cesar. [...] Y esto nos muestra un aspecto reconfortante de los pequeños estados beligerantes: la mediocridad no uede afrontar más de un enemigo y una guerra aquí se convertía en una alianza allá. Siempre habái tensión en algún lugar pero sin grandes consecuencias, como las precipitaciones en las Islas Británicas; una lluvia fina  y constante que no causa grandes inundaciones es muchísimo más fácil de afrontar que lo contrario: unas sequías largas seguidas de lluvias torrenciales .

Naturalmente, el contagio que desembocó en la posterior creación de más estados-nación a finales del siglo XIX nos llevó a la que vimos con las dos guerras mundiales y sus secuelas: más de sesenta millones de víctimas. La diferencia enre guerra y no guerra se hizo inmensa....Era como si un interruptor activara un efecto de "el que gana se lo lleva todo" en el campo de la industria, como si predominaran los sucesos raros (los cisnes negros). Un grupo de estados pequeños es similar al sector de la restauración: es volátil pero nunca sufre crisis generalizadas, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo en el (mastodóntico) sector bancario. La razón es que está compuesto por muchas unidades independientes pequeñas y que compiten entre sí: por separado no amenazan al sistema ni lo hacen saltar de un estado al otro. La aleatoriedad se distribuye en lugar de concentrarse.

Como nuestro amigo el pavo de Acción de Gracias, hay personas que se tragan ingenuamente la creencia de que el mundo es cada vez más seguro, algo que atribuyen, con la misma ingenuidad, al "bendito padre Estado". Es como decir que las bombas atómicas son más seguras porque estallan con menos frecuencia. [...] Cuando consideramos los riesgos no examinamos pruebas (que surgen demasiado tarde), sino que evaluamos posibles daños, y el mundo nunca ha sido más propenso a sufrir más daño que ahora, nunca. (nota: el síndrome del pavo se refiere a que un pavo bien alimentado y cada vez mejor tratado durante todo un año por su amo, prevé que el futuro será aún mejor, hasta que aparece un cisne negro impensable en el horizonte inmediato: cuando más satisfecho y esperanzado está es justo el día antes de que le corten el pescuezo para cocinarlo el día de acción de gracias. Una metáfora clarísima de lo que sucedió al mundo con la gran crisis de 2008).

[...]

Las características del riesgo de una confederación basada en un conjunto de municipios (al estilo de Suiza) son distintas de las del estado centralizado. El primero es estable a largo plazo a causa de alguna dosis de volatilidad"

Y añado yo, como aclaración, que el segundo es inestable a largo plazo porque pretende controlar la volatilidad al estilo de una olla a presión, que cuando revienta, se lleva todo por delante. Dicho de otro modo: a los grandes estados, igual que a los grandes bancos o los mastodónticos conglomerados industriales actuales, les sorprenden con mucha mayor facilidad esos cisnes negros que detonan imprevisiblemente y que tienen efectos devastadores a largo plazo. Cosa que a los entes más pequeños, flexibles, adaptados a la volatilidad y a la aleatoriedad inherente al mundo, no les sucede jamás. Véase Suiza.

El futuro es incontrolable, porque es aleatorio e incierto, es mucho mejor estar dentro de un sistema pequeño y dinámico, y que no pretenda la ingenua ficción de que la ultrarregulación y el tamaño desmesurado son antídotos contra el desastre. Todo lo contrario.

Así que espero que el futuro no sea de los grandes estados centralizados que han convertido el mundo en una especie de campo de concentración igualitario, pero que  ni aún así nos protegen del cisne negro. Confío en que algún día una mayoría social se de cuenta de la entelequia de "mejor unidos". Que perciba la mentira de la "Gran Europa sin fronteras". Que entienda que cuanto más grandes, mayor será la sensación subjetiva de estabilidad, pero que la dinámica del sistema tiende a causar, efectivamente, menos incidentes en un período dado de tiempo, pero de una magnitud muchísimo mayor.